Director de OPP, Davrieux, admite trato  preferencial a Uragua, aunque "es habitual"

Si bien Davrieux aseguró que «es normal o habitual que se realicen este tipo de renegociaciones entre empresas», aclaró que la OPP es un organismo asesor y explicó que tanto el ex ministro de Vivienda, Carlos Cat, como el Presidente de la República solicitaron la Asistencia a dicha Oficina la que sólo interviene si requieren su asesoramiento.

El jerarca de la OPP compareció en la víspera ante la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes ante la cual también asistió el presidente del Directorio de OSE, Juan Justo Amaro, y el director nacionalista, Alberto Casas. No participó el vicepresidente del ente, en representación del Partido Colorado, Hugo Granucci.

El objetivo del llamado a Comisión fue analizar la modificación del contrato con la empresa Uragua SA, la que tiene a su cargo el servicio de agua corriente en Maldonado y Punta del Este. El llamado partió de los legisladores del Encuentro Progresista Frente Amplio y del Partido Nacional por considerar que existen «irregularidades» en el contrato con la empresa española.

En ese marco, Davrieux admitió ante una interrogante del diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) que «aún estas preferencias otorgadas eran insuficientes a los requerimientos de la empresa Uragua SA», y adelantó que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, en los primeros días del próximo año, un proyecto de ley a través del cual se crea el marco regulatorio del agua y el saneamiento.

Por su parte, Amaro consideró que las negociaciones nacen a solicitud de Uragua SA en conversaciones con el director de la OPP y el ex ministro, Carlos Cat, y luego pasa a intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas, pero, que OSE no participó de esas negociaciones.

En agosto del pasado año Uragua SA señaló a OSE que tenía dificultades para cumplir con el contrato, sin embargo, el Directorio del ente firmó un nuevo contrato. En tanto, se aprobó el acta de sesión extraordinaria del Directorio en la que se resolvió por mayoría, con el voto afirmativo de Amaro y Granucci modificar las condiciones del contrato con la empresa Uragua SA.

Amaro añadió «que el contrato con la empresa no se trata de una privatización», y recordó que en su momento adelantó que no se iba a extender el plazo de la concesión «y no se extendió».

Hizo hincapié en que el canon se iba a mantener y que OSE aceptaba que se le pagara con bonos de deuda pública, pero nominales. Resaltó que «el Poder Ejecutivo tiene que cumplir mensualmente con ese pago». Asimismo, consideró que «no hay perjuicios para la administración, porque sigue cobrando el mismo canon».

El presidente de OSE agregó que la empresa no tiene deudas con OSE, porque pagó el 26 de diciembre pasado 866 mil dólares, y señaló que lo recaudado por concepto de tasa regulatoria lo pasará a cobrar la Ursea.

El contrato al que accedió LA REPUBLICA establece que como consecuencia del proceso de negociación iniciado por la empresa concesionaria con representantes del Poder Ejecutivo, Uragua SA expresa la existencia de una conformidad preliminar para proceder a modificar parcialmente algunos de los aspectos del contrato de concesión y el pliego de condiciones de la licitación pública internacional.

Se considera que en el actual contexto económico, «las modificaciones contractuales planteadas obedecen al interés manifiesto del gobierno nacional, de preservar, desarrollar y favorecer la aplicación de inversiones de capital en las diversas áreas de la economía nacional con el objetivo de mantener y generar plazas de empleo por lo cual OSE resuelve aprobar el proyecto de contrato con Uragua SA.

Interpelación

Por su parte, el diputado Luis Lacalle Pou (Herrerismo) expresó que «debe haber una rectificación de la renegociación del contrato con la empresa Uragua, porque no se ha llevado adelante el debido procedimiento».

El legislador insistió con que el Mvotma, «ha estado omiso» por lo que entiende pertinente interpelar al actual ministro de dicha cartera, Saúl Irureta. En tanto, el diputado Enrique Pérez Morad (Unión Frenteamplista) valoró como «inadecuadas e inaceptables» las modificaciones propuestas por Uragua SA y el Poder Ejecutivo a OSE y avaladas por mayoría por su Directorio.

Indicó que OSE «puede rescindir unilateralmente el contrato de concesión por reiteradas violaciones importantes al objetivo de la concesión que es el agua y saneamiento en Maldonado». Mientras que Rossi entiende que es «grave el trato preferencial que se le dio a Uragua SA, con el único argumento que es una inversión extranjera, la que recaudó en el país mucho más de lo que invirtió, pero aún más lo es la aproximación a lo que será la concesión a otros presuntos inversores extranjeros de todo el servicio de agua potable, reservas acuíferas y servicios de saneamiento del país». *