El 27 de noviembre había sido internado en el Hopital Militar, el mismo día que debía declarar

El coronel (r) Cordero fue dado de  alta: deberá responder ante el juez

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene a estudio la recusación de los ministros del Tribunal de 3er. Turno, presentada por la defensa del coronel retirado Manuel Cordero a cargo del abogado Alejandro Pfeiff. Cuando la Corporación Judicial finalice de tratar el tema  dándose por descontado en esferas judiciales que se desechará la recusación  el expediente volverá al Tribunal de Apelaciones que tiene para tratar otros recursos interpuestos por el abogado de Cordero en busca de retrasar la comparecencia de su cliente ante estrados judiciales. El tribunal de segunda instancia también deberá estudiar un escrito presentado por la abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Ariela Peralta, que había reclamado la designación de una Junta de peritos para comprobar el estado de salud del militar retirado, que de ser apto para presentarse a la audiencia suspendida, se ordene su traslado con el auxilio de la fuerza pública y que se impongan sanciones disciplinarias para su abogado, Pfeiff, «por obstaculizar el desarrollo del proceso, negándole a los denunciantes su derecho a hacer justicia en un plazo razonable y por deslealtad y mala fe en la actuación procesal».

Peralta es una de las abogadas patrocinantes de la denuncia contra Cordero por apología del delito que varias organizaciones de derechos humanos presentaron el 22 de noviembre de 2001, debido a declaraciones que el represor hizo al semanario Búsqueda, donde justificó la desaparición de personas en el combate a fuerzas irregulares. En el escrito presentado ante el Tribunal Penal de 3er. Turno hace un racconto del expediente, e indica que «a más de un año de radicada la denuncia aún no ha tenido lugar la audiencia prevista en el artículo 35 de la ley, a realizarse dentro el séptimo día hábil de la primera providencia del juez actuante». Hace mención a los «múltiples e improcedentes» recursos presentados por Cordero que han sido desestimados tanto por el juez actuante, José Balcaldi, como por el propio tribunal. Afirma que se ha insultado la inteligencia de los órganos jurisdiccionales, de los denunciantes y sus patrocinantes, que la igualdad de las partes está seriamente lesionada, que la buena fe y la lealtad procesal han sido violadas por el denunciado y su abogado y «la dignidad de la Justicia ha sido vulnerada».

«El derecho a obtener justicia y el acceso a la misma, está siendo seriamente dañado por la actitud desleal del denunciado y su patrocinante», asevera Peralta.

Respecto a la presunta afección cardíaca de Cordero, Peralta recuerda que el juez Balcaldi ordenó la comparecencia en el Hospital Militar del médico forense Domingo Mederos. «No ponemos en tela de juicio la solvencia moral y técnica del perito nombrado, pero sí objetamos su calidad de médico militar lo que lo coloca en situación de subordinación a las jerarquía militares. Tal condición le genera conflicto de intereses en una situación tan delicada, por lo que estimamos que para proteger nuestro derecho a un informe pericial inobjetable, es necesario nombrar nuevos peritos». Por ello solicita se designe una junta de peritos integrada por el doctor Guido Berro, director de Medicina Forense del Poder Judicial, y a la doctora Beatriz Balbela, asesora médica general del Instituto Técnico Forense. *

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