Lo que ocurre

La sorpresa por las expresiones del canciller Didier Opertti que dice apoyarse en una resolución de la OEA que en realidad sostiene lo contrario, contradicie un pronunciamiento expreso de la Cámara de Diputados de nuestro país y se alinea expresamente con EEUU, es en realidad relativa.

En Venezuela hubo un golpe de Estado el 11 de abril en el que por 48 horas los golpistas encarcelaron al presidente Hugo Chávez, disolvieron el Parlamento, derogaron la Constitución, colocaron de presidente al líder de la Cámara Empresarial más poderosa del país y como medida emblemática suspendieron las exportaciones de pétroleo a Cuba.

Dos días después y apoyado por una masiva movilización popular y la mayoría de las Fuerzas Armadas, Chávez recuperó el gobierno, restituyó la constitución y al Parlamento y abrió un proceso de diálogo.

Actualmente hace 24 días que la oposición realiza un paro de actividades con el objetivo expreso de la caída del presidente constitucional Chávez.

El gobierno de Chávez se atiene a la Constitución emanada de una Asamblea Constitucional electa por voto popular y refrendada en un plebiscito; en ella está previsto el mecanismo de revocación de todos los cargos públicos electivos, incluido el del presidente. Según la Constitución se puede convocar un plebiscito revocatorio para Chávez en agosto de 2003 y el gobierno se ha mostrado dispuesto a someterse a la voluntad popular.

La oposición ha decidido jugar todas sus cartas para lograr que Chávez se vaya ya, más precisamente antes de fin de año.

A esa estrategia, la de la oposición golpista, es funcional toda la acción diplomática de EEUU, comprometido seriamente en el golpe de Estado de abril.

Según han señalado destacados analistas internacionales y venezolanos en LA REPUBLICA la urgencia de la oposición y de EEUU tiene dos motivos fundamentales: 1) la oposición hoy unida no podría presentar un frente común en agosto de 2003 y Chávez mantiene un 36% de respaldo electoral; 2) el 1º de enero entran en vigencia varias importantes leyes, entre ellas la de Tierras que afecta a los latifundios improductivos, los terrenos urbanos baldíos y la especulación inmobiliaria y la ley de Hidrocarburos que devuelve el control de gestión y los recursos de la Petrolera estatal al Estado e impide planeadas privatizaciones.

En el caso de la primera ley, proyecta por primera vez en Venezuela una reforma agraria, afectando directamente los intereses de la elite económica agrupada en Fedecámara, una de las cabezas visibles del golpismo.

En el caso de la segunda ley, da un golpe de timón decisivo a la gestión y el manejo de Pdvsa, una de las cuatro empresas petroleras más grandes del mundo.

El manejo de los gigantescos recursos de Pdvsa ha sido una pulseada histórica entre la nomenclatura de esa empresa y el Estado. En 1974 el 80% de los recursos iba para el Estado y el 20% quedaba para la casta gerencial. En 1990 se modificó a 50% y 50% y en 1998 se llegó al 20% para el Estado y 80% para costos operativos. La ley que entra en vigencia el 1º de enero recupera para el Estado los recursos. *