"Es común" que personas armadas intenten ingresar al Parlamento o al Anexo

En la resolución de la investigación, encomendada por la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, se considera que la situación se suma a un proceso en el que «se han verificado diversos robos en los despachos de legisladores, amenazas telefónicas y la presencia en los pasillos o despachos de personas en condiciones psicológicas alteradas».

A partir del 27 de setiembre pasado, cuando ocurrió el episodio en el que un empresario de la ciudad de Toledo se suicidó con un arma de fuego en el tercer piso del Edificio Anexo, la Comisión Administrativa del Poder Legislativo adoptó una serie de medidas de control de ingreso de personas y bultos con el cometido de garantizar la seguridad. En ese sentido, inmediatamente después del hecho, la guardia policial comenzó a aplicar detectores de metales a quienes pretendan ingresar con bolsos, maletas o portafolios a ambos edificios.

Asimismo, se encomendó una investigación a la Dirección de Area de Servicios Generales que con el apoyo del Cuerpo de Seguridad Legislativa, que depende del Ministerio del Interior, y cuyos jerarcas están a cargo de la aplicación de las medidas dispuestas.

De la investigación realizada surgió un informe con fecha 4 de diciembre de 2002 firmado por el presidente de la Asamblea General y de la Comisión Administrativa, Luis Hierro López, y por el secretario de dicha Comisión, Sergio Croci al que accedió LA REPUBLICA.

En el escrito se asegura que: «Ha quedado demostrado en forma contundente que era posible que personas ajenas a nuestras oficinas circularan armadas cerca de legisladores y ministros, lo que hace imperiosa la necesidad de reforzar las medidas de controles vigentes».

«Los controles vigentes permiten asegurar que es común que personas que portar armas de fuego o cuchillos intenten ingresar al Palacio Legislativo o al Edificio José Artigas (Anexo). Esto se suma a un proceso en el que se han verificado diversos robos en los despachos de los legisladores, amenazas telefónicas a los mismos y la presencia en los pasillos o despachos de personas en condiciones psicológicas alteradas», se agrega en las conclusiones de la investigación.

La situación llevó a que las autoridades competentes, en este caso la Comisión Administrativa, resolvieran modificar el texto de las normas de control de ingreso, egreso y circulación en los edificios del Poder Legislativo que regía desde setiembre del año 2000.

En la normativa se establece que el público en general no podrá ingresar al Palacio Legislativo sin dejar la cédula de identidad recibiendo a cambio una tarjeta de visita y especificando adónde se dirige.

También se restringe el acceso del público exclusivamente a la puerta norte, orientada hacia la Avenida General Flores o por la puerta principal del Anexo, y se prohibe el ingreso con maletas o valijas.

Sólo se permitirá, según la nueva reglamentación, el ingreso a los edificios de personas que realicen entregas de pedidos externos ya sea de comida o farmacia a quienes también se les solicitará el documento de identidad y el destinatario del pedido.

Colaboración

Por otro lado, las autoridades de la Comisión Administrativa del Parlamento, solicitan la colaboración de los legisladores, a través de una misiva dirigida a los parlamentarios, con el cometido de «ordenar algunos aspectos de identificación y control, teniendo en cuenta que de las secretarías de los legisladores depende en su mayor parte la autorización del ingreso de visitantes al Poder Legislativo, al que ingresan miles de personas por día».

Asimismo, se aclara que: «La Administración está dispuesta a aplicar el plan de seguridad más allá de que reciba o no el apoyo de las secretarías de los legisladores, en algunos casos ha faltado ese apoyo, porque la seguridad personal de los senadores y diputados está en juego. Pero sin dudas, estas medidas serán más eficaces si hay una plena compenetración de los funcionarios del Poder Legislativo, legisladores y asistentes».

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Alvarez resolvió emitir una resolución a través de la cual prohíbe la venta de cualquier clase de productos, salvo comestibles o farmacéuticos, dentro de los edificios del Poder Legislativo, por parte de funcionarios y personas que ingresen desde el exterior.

La medida surgió a raíz de la denuncia que presentó el diputado Ricardo Falero (Partido Independiente), a las autoridades del Parlamento, referidas a que un funcionario almacenaba y comercializaba dentro del Anexo mercaderías presuntamente de contrabando.

El hecho derivó en que Alvarez remitiera a la Justicia Penal las denuncias de Falero, y dispuso, que el traslado del funcionario a otra oficina a efectos de que «no siga permaneciendo en el lugar donde presuntamente se estaba cometiendo un delito».