Grupo Peirano "limpió al Banco Caja Obrera de todo lo bueno que tenía"

El lunes, la Investigadora recibió por separado y por espacio de once horas, a los ex integrantes del Banco Central, la contadora Medero (directora) , la contadora Eva Holz (ex vicepresidenta) y el contador César Rodríguez Batlle (ex presidente).

Los ex directores replantearon diferencias y cuestionamientos entre sí, así como sus visiones opuestas sobre el origen de la crisis que se abatió sobre el sistema financiero. La Comisión volverá a recibir a Rodríguez Batlle este jueves, y para el lunes siguiente, fue convocado el ex ministro de Economía Alberto Bensión.

La ex jerarca Rosario Medero -en representación del Partido Nacional- ratificó su oposición a prácticamente todas las acciones adoptadas por el Directorio del Banco Central en el período en cuestión y aseguró que, en virtud de su actitud, «en muchas ocasiones fui presionada».

Recordó en ese sentido que votó en forma negativa la compra del Banco La Caja Obrera, y que dejó constancia en actas que «se habían otorgado a los compradores beneficios adicionales a los establecidos en el pliego y en las normas que rigieron el llamado».

Respecto al Caja Obrera, Medero sostuvo que «durante el período de intervención este Banco costó más de US$ 100:000.000 al erario público, a todos los contribuyentes».

Por otra parte, denunció que el balance presentado por los interventores, designados por el Banco Central «no refleja la situación del Banco» y aseguró que el objetivo era hacer figurar a dicha entidad con un patrimonio positivo y de este modo poder canalizar la ayuda del Estado.

«Desde mi punto de vista estaba claro que desde febrero los propietarios del Banco de Montevideo, de alguna manera, estaban quitando liquidez al Banco La Caja Obrera y vendiendo valores para beneficiar al Banco de Montevideo. Sin embargo, tengo informes de la Superintendencia que muestran que no se evidenciaban pérdidas del Banco La Caja Obrera a favor del Banco de Montevideo hasta fines de abril. Hoy en día de los informes y de la información que tengo hasta el 21 de junio surge claramente que los propietarios del Banco de Montevideo realmente limpiaron el Banco La Caja Obrera, es decir, lo limpiaron de todo lo bueno que tenía».

Más adelante, Medero recordó que el 18 de marzo, en el Acta N° 2374, se propuso que República AFAP otorgara un préstamo al Banco Comercial. «Yo entendí que eso no era razonable. Recibí todo tipo de amenazas, como que me iban a emprender acciones». La ex jerarca indicó que si se hubiesen adoptado otras medidas, como por ejemplo la intervención, el Estado hubiera ahorrado mucho dinero.

Respecto al Banco Comercial medero dijo que sí aprobó la compra de títulos y valores y un crédito con garantía prendaria -artículo 26- por US$ 33:000.000, todo antes de la firma del convenio secreto con accionistas extranjeros. «En realidad, el convenio no capitalizó al Banco Comercial, simplemente le prestaron plata y tiene que registrarse como pasivo».

Recordó que también se opuso a «diversos maquillajes que se hicieron en los balances del Banco Comercial» y explicó que el objetivo era «tratar de que el Banco Comercial tuviera patrimonio positivo y poderles prestar plata (para eso) maquillaban el balance activando pérdidas. ¿Cómo se activan pérdidas? Tomaron U$S 55:000.000 que eran créditos incobrables vinculados con el Grupo Röhm y en vez de ponerlo como pérdidas quedaron en el activo. Tenía un informe contrario de los servicios.» «En el acta 2391 del 10 de mayo también se hizo otro maquillaje. No se pueden activar pérdidas y especialmente no se pueden activar defraudaciones», afirmó.

Todo legal

Durante la extensa reunión, los ex directores del BCU que representaban al Partido Colorado, coincidieron en señalar que las medidas adoptadas en torno al Banco Comercial, y al Montevideo-Caja Obrera se realizaron en «conformidad con las normas legales vigentes, en particular, los artículos 3, 4, 7, 27 y 37 de la Carta Orgánica».

Además, Rodríguez Batlle aclaró que el presidente del BCU «por sí, no puede resolver absolutamente nada significativo, nada de importancia para la vida y el funcionamiento del Banco Central, si no cuenta con el acuerdo del Directorio». Además aseguró que «en toda mi trayectoria he resuelto todas las decisiones dentro de la ley».

Agregó seguidamente que se conmovió por el hecho de que «alguno de los participantes que estuvieron en esta mesa hayan hecho afirmaciones de una enorme temeridad. He oído que alguno llegó a decir que hace un mes que estaba la propuesta para intervenir el Banco de Montevideo y eso, realmente, es de una gravedad e infundio tan enormes, tan basado en nada que lo señalo como un caso en particular, aunque podría tener otros».

«El Banco Central del Uruguay cumplió con el artículo 37 de su Carta Orgánica en la medida en que esta le permite asistir a la institución en dificultades, pero siempre en los montos que dicha Carta Orgánica establece. De esta forma, los montos de capital se canalizaron a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que mantuvo los requisitos de solvencia y liquidez de la institución. Eso significó claramente -es una primera constatación- una decisión estratégica del Gobierno de sostener el sistema financiero, ya que la caída del Banco Comercial o la crisis que pudiera derivar de su futuro incierto podía trasmitirse al resto del sistema».

En tanto, en el caso del Comercial, «la asistencia otorgada por el Banco Central con garantía de documentos no superó los topes sobre patrimonio marcados por la Carta Orgánica, ni se apartó en ningún otro aspecto de las normas legales vigentes», sostuvo Eva Holz. «Las resoluciones por las que se otorgaba asistencia financiera al Banco Comercial fueron adoptadas por el voto de la mayoría de los Directores del Banco Central del Uruguay. Las discordias se centran en un aspecto fáctico: la información relativa al patrimonio neto del Banco Comercial, del cual se entiende depende la juridicidad de lo actuado». Holz reconoció que «podría cuestionarse quizás que la información respecto al patrimonio de la institución no era totalmente precisa en cada instante en que se otorgaba la asistencia. Sin embargo, el mero sentido común lleva a descartar esta interpretación que excedería, inclusive, a la información que están obligadas a presentar ante el Banco Central todas las entidades bancarias, lo que es, a lo sumo, mensual. También podría cuestionarse que la información posterior fue mostrando un patrimonio decreciente. Nuevamente, el sentido común obliga a concluir que únicamente puede efectuarse la comparación entre la asistencia financiera mediante anticipos con garantía de documentos y el patrimonio neto de la institución, según información disponible a la fecha del otorgamiento de la asistencia». *