Denuncian a ex militares y policías por represión en la dictadura

Un fiscal argentino presentó una denuncia penal contra 13 ex militares y policías por secuestro, torturas y homicidio durante la dictadura (1976-83), entre ellos al ex jefe de Inteligencia del mayor campo de concentración del régimen castrense, informaron ayer fuentes judiciales.

El fiscal federal de la ciudad bonaerense de La Plata (62 km al sur), Félix Crous, denunció al grupo de ex represores tras un testimonio judicial de Víctor Basterra, un sobreviviente del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Entre los acusados por Crous ante un juzgado federal Buenos Aires figura el capitán de fragata Adolfo Donda Tigel, quien era jefe de Operaciones de la ESMA y, según la denuncia, actualmente «se desempeñaría como jefe de Seguridad del aeropuerto Internacional de Ezeiza», la más importante terminal aérea del país, ahora bajo control privado.

Basterra, quien estuvo secuestrado en la ESMA entre agosto de 1979 y el 2 de diciembre de 1983 –ocho días antes del restablecimiento de la democracia– denunció a unos 80 ex represores de ese centro de la Armada, con sus nombres completos, apodos y fotografías, durante el llamado Juicio por la Verdad que se lleva a cabo en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

«Tuve la fortuna de haber sido un esclavo para hacer documentación, porque me dio la posibilidad de fotografiar a los milicos (militares). Siempre guardaba una copia y la escondía en la caja del papel fotosensible», dijo en una audiencia en agosto.

En su testimonio, el ex desaparecido dijo que en la ESMA «era una práctica rutinaria la tortura sistemática» y denunció que varios de los acusados lo despojaron de su vivienda tras hacerle firmar un poder especial a su madre con la excusa de que ello aceleraría su libertad.

El Juicio por la Verdad que se realiza en varias ciudades de Argentina busca esclarecer el destino de miles de desaparecidos durante la dictadura, pero no puede establecer sanciones penales debido a que rigen las leyes de amnistía de Punto Final y Obediencia Debida (1986 y 1987), uno de cuyos beneficiados fue Tigel.

Antes de ser liberado por la sanción de la Obediencia Debida, Tigel estuvo detenido por 17 delitos, entre ellos por el asesinato en París de la diplomática Elena Holmberg, un hecho por el cual también fue implicado el ex dictador y jefe de la armada, Emilio Massera, arrestado ahora por la desaparición de menores durante la dictadura. *