Un viciado balotaje en Perú

Tres semanas después de la primera vuelta electoral para ungir a un nuevo presidente peruano, las críticas al proceso formuladas por observadores y opositores se proyectan al balotaje entre el mandatario y aspirante a una segunda reelección, Alberto Fujimori, y su contendor, Alejandro Toledo.

Como respuesta a esos cuestionamientos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aceptó formar tres comisiones, con apoyo de los grupos políticos en contienda y de la OEA, para introducir cambios en aspectos sospechados de irregularidades, entre ellos el sistema de cómputos.

Sin embargo, la oposición sigue pidiendo explicaciones a la ONPE sobre la existencia de 1,4 millones de votos más que el número de electores registrados en la primera vuelta electoral, el 9 de abril.

Pese a que parecen existir avances en torno a la transparencia de la segunda vuelta, los «cambios estructurales» para que se garantice «la seguridad del voto» no podrán producirse por falta de tiempo, dijo la analista María del Pilar Tello.

El presidente Fujimori cumplió el sábado por tercer día consecutivo viajes de trabajo al interior del país para inspeccionar obras del gobierno, evadiendo en la mayoría de los casos preguntas sobre el tema electoral. La presión extranjera al gobierno no cesó esta semana:

Fujimori fue exhortado por su colega estadounidense, Bill Clinton, para que garantice elecciones democráticas bajo advertencia de revisar las relaciones bilaterales –políticas y económicas– e imponer eventuales sanciones si los observadores internacionales vuelven a cuestionar los comicios.

Para desconcierto de un sector de la prensa, Fujimori dijo que el pedido de Clinton es «coincidente» con el deseo de su gobierno y afirmó que las elecciones serán «incuestionables».

El editor político del influyente diario limeño El Comercio, Juan Paredes Castro, escribió que la respuesta de Fujimori «pareció más desconcertante que convincente».

Al cabo de estas semanas de intensas críticas por denuncias de acciones fraudulentas en la primera vuelta electoral, Fujimori dio paso a su compañero de fórmula, el ex canciller Francisco Tudela, para enfrentar los cuestionamientos del aspirante opositor, Alejandro Toledo, y las demandas de la prensa.

La fecha exacta para el balotaje no ha sido anunciada oficialmente, pero se estima que se realizará a más tardar en junio.

El líder del partido Perú Posible, Alejandro Toledo, dejó de lado los mítines y viajes al interior del país para hacer proselitismo, pero fue a Estados Unidos para buscar respaldo a su demanda para que el gobierno realice cambios sustanciales a las condiciones electorales.

Toledo tenía previsto regresar este fin de semana de Estados Unidos, donde se reunió con el secretario general de la OEA, César Gaviria –a quien manifestó su preocupación por el proceso electoral con vistas a la segunda vuelta– y con empresarios, para asegurar que si llega el poder, no aplicará medidas populistas. Fujimori no ha confirmado aún si aceptará el pedido de Toledo de sostener un debate público de planes de gobierno, pero Tudela dirigió el viernes una carta a su grupo invitando «amigablemente a Perú Posible» a «mantener conversaciones» con miras a la segunda vuelta electoral.

En opinión de algunos analistas, Tudela busca mostrar la invitación como una iniciativa oficialista, pese a que el presidente Fujimori ni siquiera respondió la carta que en el mismo sentido le cursó Toledo el 11 de abril, 48 horas después de la primera vuelta electoral.

Esta semana la Iglesia Católica definió su posición respecto del proceso electoral: La Conferencia Episcopal Peruana no aceptó la propuesta de Toledo de «mediar» ante el gobierno para que éste garantice un proceso equitativo y transparente, pero afirmó que espera que el balotaje será «inobjetable».

El epicentro de las críticas de los observadores y opositores con vistas al balotaje se centra en la «guerra sucia» contra Toledo por parte de un sector de la prensa cercana al gobierno, en el uso de recursos del Estado en favor de Fujimori y en la falta de acceso equitativo de la oposición a la televisión de señal abierta, generalmente abierta al candidato oficialista.