Detienen al feroz ex general Benjamín Menéndez

El otrora amo y señor del centro de la Argentina, el general Benjamín «Cachorro» Menéndez, fue arrestado por 48 horas y enviado a un calabozo de la alcaldía de los tribunales de Córdoba al negarse a declarar en el juicio por la Verdad que lleva a cabo el juzgado federal de esa ciudad.

La jueza Cristina Garzón de Lascano ya procedió de la misma manera con otros cinco oficiales retirados y ahora se dispone a interrogarlos nuevamente para que aporten datos que sabe conocen sobre crímenes en los años del terror. No se trata de un proceso penal, todos los militares están amparados por las llamadas «leyes de Impunidad», sino de una investigación para conocer la suerte de los detenidos-desaparecidos. Si los militares insisten en callar, la jueza los remitirá a otro magistrado para que los procese por obstrucción a la Justicia, que pueden significarles penas de hasta seis años de prisión.

La detención de Menéndez era aguardada pero provocó enfrentamientos callejeros entre lo que se supone eran militares retirados con militantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Ejército, por primera vez desde que el ex titular general Martín Balza dejara el arma, reclamó por las detenciones. El jefe del arma, general Ricardo Brinzoni, dijo que «la detención de oficiales en retiro y en actividad genera inquietud entre el personal del Ejército». El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, reconoció que existe «inquietud» por las detenciones.

En el ministerio de Justicia, luego de declaraciones contradictorias, su titular, Ricardo Gil Lavedra, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, afinaron un discurso común donde se critica a la jueza por no aplicar justicia, al negarle a los detenidos su potestad de no declarar basado en el derecho constitucional de que nadie puede condenarse a sí mismo.

Con esta posición, el gobierno justifica al jefe del Ejército así como que su titular haya enviado a un general en actividad en Córdoba a interiorizarse de cada caso y no considera improcedente la declaración del general Brinzoni.

Pero en las organizaciones defensoras de derechos humanos se condena al jefe militar y se critica al gobierno por darle respaldo. Los analistas entienden que hay un cambio respecto de la «doctrina Balza» para que no se presione a la Justicia.

El gobierno coincide con Brinzoni

Asimismo creen que estas presiones y, acaso, errores de la jueza, aceleren un paso que busca el Ejército: que todos los casos por la Verdad que se ventilan en varios juzgados federales del país, pasen a la Suprema Corte de Justicia. La subsecretaria de Derechos Humanos cree que la jueza Garzón de Lascano se ha equivocado y el error facilita que las causas vayan al más alto tribunal. La doctora Conti, que viene de una larga militancia en Derechos Humanos, entiende que hay otros caminos para llegar a conocer la Verdad, como la aplicación de la norma constitucional de Habeas Data, como la que se aplica en el juzgado federal de Bahía Blanca.

En tanto el tribunal de Casación decidió ante un reclamo del fiscal militar, que los casos de niños secuestrados durante el cautiverio de sus madres en los años del terror, pasen a juridicción del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El juez federal, Adolfo Bagnasco, que por estos causas tiene detenidos a una decena de ex altos oficiales, entre ellos Jorge Videla y Eduardo Massera, recurrirá a la Corte Suprema y cree que el alto cuerpo fallará a favor del fuero civil.

La duda entre sectores preocupados por estos problemas es conocer la opinión real del presidente Fernando de la Rúa. Por ejemplo: él declaró frente al reclamo del juez español Baltasar Garzón para que sean detenidos y repatriados unos 90 oficiales acusados por derechos humanos, que todo lo decidiría la Justicia, pero desde Madrid llegan quejas de trabas puestas por el gobierno argentino.

Ayer falleció aquí el ex diputado Simón Lázara, a los 57 años. De origen socialista, fue diputado por la Unión Cívica Radical, vocero del ex presidente Raúl Alfonsín, pero sobre todo un activo dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde su fundación en 1975. Tenía 57 años, lo alcanzó un infarto violento y produjo, desde que se conoció la mala noticia, el dolor de vastos sectores de la vida nacional.