Liberan a Raúl Castells, un dirigente social y piquetero

ISIDORO GILBERT

 

Horas antes, pero en la Capital Federal, no prosperó una denuncia contra Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa, por haber incitado, decía la acusación, a la violencia en uno de sus discursos en asambleas reclamando soluciones a los problemas del hambre y la desocupación.

El caso Castells pasó hace tiempo a un primer plano y por su libertad hubo pronunciamientos muy diversos. El viernes, al iniciarse el proceso oral en Lomas de Zamora, alrededor de 10 mil personas marcharon desde un puente limítrofe con la Capital Federal hasta esa localidad. En primera fila junto a referentes sociales se ubicó el precandidato presidencial por el peronismo, Adolfo Rodríguez Saá, y en las largas filas marcharon personalidades de un amplio espacio de izquierda y el progresismo.

El tribunal oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora absolvió en la madrugada de ayer al dirigente de desocupados y jubilados luego de los alegatos de la fiscalía y la defensa y tras escuchar al acusado.

«Es un enorme triunfo de la clase obrera», indicó Castells al abandonar el edificio de los tribunales donde fue juzgado por los supuestos delitos de «coacción agravada, privación ilegal de la libertad, usurpación e incitación a la violencia».

Castells, pasó un año y medio de detención domiciliaria pero en condiciones de rigurosa vigilancia: por un aro electrónico colocado en una de sus piernas, le seguían todos los movimientos incluso los más reservados. Será citado la semana que viene para escuchar los fundamentos del tribunal.

Una gran movilización

El dirigente fue recibido por cientos de militantes de partidos políticos, estudiantes, organizaciones barriales y sociales, que desde el viernes a la mañana acampaban frente al edificio judicial para exigir su libertad.

Los abogados defensores de Castells, afirmaron que «este fallo demostró que el juicio fue una farsa y estuvo armado con el objetivo de condenar a un luchador y así aleccionar al conjunto del pueblo y los trabajadores que salen a pelear por sus derechos».

«Este triunfo nos fortalece para seguir peleando contra la represión a los que luchan, y para exigir la libertad de todos los presos políticos y el desprocesamiento a los luchadores obreros y populares», agregaron los letrados, integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Castells, que encabeza el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), fue llevado a juicio por liderar una movilización de 400 jubilados y desocupados a la Municipalidad de Lomas de Zamora, el 13 de junio de 2001, para pedirle al entonces intendente, el aliancista Edgardo Di Dío, que asumiera un compromiso previo de entregar alimentos y Planes Trabajar.

Di Dío confirmó que no hubo ningún tipo de coerción ni amenazas si no que se llegó a un acuerdo entre las partes.. «En ningún momento señaló haber sido amenazado ni haber hecho algo contra su voluntad», señaló uno de los abogados en relación con el acuerdo alcanzado entre el ex intendente comunal y los manifestante para hacer efectivo el compromiso.

¿Criminalizar conflictos?

Aunque el gobierno de Eduardo Duhalde reitera que no es su política criminalizar la protesta social, han ocurrido antecedentes ominosos en los últimos meses.

A fines de junio, fueron asesinados dos dirigentes piqueteros luego de una descomunal represión en Avellaneda.

Semanas atrás, en Jujuy, fueron detenidos más de un centenar de personas que participan en marchas contra la desocupación, entre ellas, mujeres embarazadas, discapacitados y menores. Por varios días muchos de ellos fueron considerados «desaparecidos» y otros debieron esconderse en los montes cercanos a San Salvador de Jujuy para huir de la policía.

En Rosario, Paraná y en localidades del Gran Buenos Aires, militantes sociales fueron objetos de atentados, agresión e intimidaciones como ser seguidos por vehículos sospechosos. Dirigentes de derechos humanos informan que familiares de desaparecidos activos, han recibido mensajes tétricos, como «feliz aniversario» el día en que fueran detenidos para siempre algunos de los suyos.

Contra el domicilio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, hubo un atentado con el propósito de asesinarla.

Página/12, por la pluma de su columnista Horacio Verbitsky, sostiene que Carlos Menem que aspira regresar a la presidencia del país cuenta con el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, para reprimir el conflicto social en caso de ganar las elecciones.

Un cuadro contradictorio que tiene como trasfondo un 23% de desocupados, más de la mitad de los argentinos viviendo bajo la línea pobreza y un creciente y organizado movimiento de resistencia de los desocupados, aunque muy divididos. *