Un día histórico para Chile

La misma calificación la habían dado las Fuerzas Armadas el 11 de setiembre de 1973 al golpe de Estado que significó el fin de los mil días del gobierno de Salvador Allende.

Y las cruentas acciones militares posteriores a ese hecho tienen ahora a Pinochet en el banco de los acusados y con 92 querellas en su contra por violaciones a los derechos humanos, el mismo motivo que le significó un arresto preventivo por 503 días en Gran Bretaña.

Pinochet detentó el poder en Chile desde 1973 hasta 1990, continuó como comandante en jefe del Ejército hasta marzo de 1998 y desde esa fecha asumió como senador vitalicio.

En Chile, para querellar a un parlamentario, es necesario que primero la Corte de Apelaciones le quite su fuero parlamentario y esto es lo que decidirán los jueces que la integran.

Su fallo puede ser aceptar el desafuero de Pinochet y entonces el magistrado Juan Guzmán lo procesaría por el caso de la «caravana de la muerte» (la detención, ejecución y desaparición en la zona norte de Chile de casi cien políticos en octubre de 1973).

Pero, también pueden rechazar el desafuero y, si así fuera, Pinochet no podrá ser procesado por ese caso, que es uno de los más graves que pesan en su contra.

Sin embargo, el ex general ya quedó «en vitrina», dijo la diputada socialista Isabel Allende, quien agregó que en el mundo existe la opinión de que «ha terminado la impunidad para Pinochet».

«La señal más clara –dijo la hija del desaparecido presidente Salvador Allende– es que ya ninguna persona, por más poderosa que sea, queda al margen de la ley». La derecha pide un «juicio justo» para Pinochet y sostiene que «no tiene responsabilidad política» como dijo Alberto Cardemil, ex alto funcionario del gobierno militar, hoy diputado y presidente del opositor partido Renovación Nacional.

El Ejército, según fuentes próximas, tiene «una molestia permanente» por el enjuiciamiento a Pinochet y siente que sufre una «humillación».

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, dijo hoy que «hay que ser prudente. No voy a decir nada, porque lo que tenía que decir ya lo expresé al gobierno», mientras que el jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, dijo que existe «molestia y preocupación».

El presidente chileno, el socialista Ricardo Lagos, reiteró que «humildes o poderosos, todos están sujetos a los tribunales de justicia. Eso se lo dijimos al mundo y Chile está tranquilo».

El juicio sigue

En medio de la tensión que dejaron los disturbios de la víspera, el juicio de desafuero del general Augusto Pinochet prosiguió este jueves en Santiago, donde la Corte de Apelaciones resolverá si priva de su inmunidad al ex dictador chileno, que enfrenta más de 90 querellas criminales.

Cientos de detractores y partidarios de Pinochet se congregaron por segundo día consecutivo en las afueras del Palacio de los Tribunales, que al iniciarse el juicio el miércoles fueron escenario de enfrentamientos en los que hubo ocho detenidos y en los cuales tres universitarias resultaron heridas cuando dos automóviles sobrepasaron las barreras policiales.

La segunda audiencia se inició pasadas las 15H15 locales (19H15 GMT) con la relación de la causa que motiva el pedido de desafuero, cuya exposición fue suspendida en la víspera.

La relación, a la que no tuvo acceso la prensa, daría paso a los alegatos de los siete abogados demandantes, sesión en la que fue autorizada la presencia de dos periodistas de medios nacionales y dos corresponsales de la prensa extranjera, designados por sorteo.

La causa en la que se fundamenta la petición de desafuero de Pinochet, para quitarle la inmunidad que lo protege en su condición de senador vitalicio, se basa en los 74 fusilamientos sin juicio que practicó la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que recorrió el país en octubre de 1973, un mes después del golpe que instaló la dictadura militar hasta 1990.

Uno de los fusilados fue el periodista Carlos Berger, condenado a prisión por un consejo de guerra en su condición de director de la radio del mineral de cobre de Chuquicamata, 1.250 km al norte de Santiago.

Pese a esa condena, según las investigaciones posteriores, Berger fue sacado de la cárcel junto a otros 25 presos políticos, todos los cuales fueron fusilados el 19 de octubre de 1973, por los miembros de la caravana que encabezaba el general Sergio Arellano Stark.

Los cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares y Arellano Stark, hoy retirado del Ejército, se halla bajo arresto desde hace nueve meses.

La esposa del periodista, la abogada Carmen Hertz, debía abrir el jueves la ronda de alegatos, para demostrar, según adelantó, que Arellano Stark recibió de Pinochet la orden de practicar los fusilamientos.

«Lo que yo intentaré en el estado es acreditar la participación criminal de Augusto Pinochet», dijo la abogada, antes de entrar a la sala donde los alegatos se prolongarán al menos hasta este viernes.

El jurista Hugo Gutiérrez, que intervendrá en la audiencia de este viernes, adelantó que también expondrá antecedentes documentados sobre la vinculación de Pinochet con la «Caravana de la Muerte».