De la Rúa conforme con la discutida ley laboral

Al decir del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, los añadidos no dañarán por un infarto masivo el corazón del proyecto.

Sin embargo la Alianza paga un alto costo político, porque debió aclarar que no se propone reducir los salarios, el mayor estigma que puede endosarse a un gobierno de un país donde las remuneraciones son bajas y la desocupación y el trabajo precario, elevada.

Si se quiere, ese es el éxito de Hugo Moyano, el secretario de la CGT (rebelde) que instaló la idea, más por motivaciones políticas que por la letra del proyecto original. En la Argentina de hoy se contrata, más en negro que en blanco, con asignaciones rebajadas a las que indican las convenciones colectivas.

La represión de una semana atrás, que aún carece de identidad sobre quien ordenó practicarla con esa ferocidad, no será un manchón que pueda lavar fácilmente el gobierno nacional.

A pocos conforma la ley

Deja instalada otra idea, que los tiempos futuros demostraran si es o no justa: que hay incapacidad para enfrentar de un modo no antidemocrático, la creciente conflictividad social, que tuvo el miércoles en el Chaco, otra muestra del descontento ante el ajuste con represión a granel y heridos de balas de goma.

La ley no conmovió a los empresarios. Los grandes, porque este instrumento no las afecta en casi nada y las Pymes, no se sienten alentadas a abrir listas de empleados nuevos o blanquear a los que ya tienen: sus problemas pasan por la carencia de créditos y un contexto de crecimiento. Y por fin el FMI, a quien el ministro de economía, José Luis Machinea, quiere demostrar que la Argentina se «moderniza» tampoco cree que la ley está a tono con concepciones.

El peronismo, que es un damero de posturas, difícilmente podrá decirle al público que consiguió mejorar el proyecto, que evitó la baja salarial o que doblegó la idea de hacer prevalecer el convenio de base sobre el del sindicato nacional.

Acaso pueda resaltar que presionó lo suficientemente como para que el gobierno nacional asuma la realidad de que debe encontrar recursos para los planes de asistencia, como el Trabajar, que el martes creó la primera fricción de fuste entre los gobernadores opositores con Fernando de la Rúa en persona.

Un fondo por 160 millones de dólares destinados a subsidios para desocupados fue la mayor concesión que el PJ, mayoría en el Senado, logró arrancar de la Alianza para hacer pasar la ley que la semana próxima terminará por aprobar, se estima, la cámara baja. Se verá si se compromete a aprobar el incremento de los subsidios. Por las dudas, los senadores peronistas retienen debatir otra ley clave: la de emergencia económica.

¿Quedó muy solo Moyano?

La CGT disidente realizó su mitin antes del debate pero careció de la envergadura que pensó Moyano. No le sumaron los grandes sindicatos como el de la construcción, mecánicos o la UOM, metida en una trifulca interna que puede debilitarla más que la pérdida de poder de la rama metalúrgica en la economía.

El líder camionero lanzó la consigna del paro general para el 5 de mayo, con la idea de iniciar un movimiento contestatario al modelo, como –y él lo señaló– los que han tenido lugar en Seattle y Washington en repudio a la globalización.

Solamente tiene la adhesión de la izquierda ortodoxa: ha roto lanzas con las estructuras del justicialismo salvo dos senadores que lo respetan y el gobernador Néstor Kirchner, de Santa Cruz, otro líbero del PJ.

Además cometió el error de darle lugar a Carlos Menem cuando lo visitó el martes, precisamente en momentos que los gobernadores se forzaron para aparecer como la conducción real del peronismo. Es dudoso que Moyano acepte la idea del combativo Carlos «Perro» Santillán del paro activo por 36 horas con corte de rutas.

Cuando la ley sea promulgada llegará el momento de su reglamentación.

Se verá si allí Flamarique acaba con algunas dudas planteadas estos días y garantiza protección a los trabajadores de comisiones internas que decidan negociar ellos las condiciones laborales cuando sea el momento de las convenciones colectivas.

Esto es lo que menos quiere la antigua dirigencia sindical, los «gordos», como le dicen y que enrolados en la CGT (oficial) son los acompañantes del gobierno en esta ley cuyas consecuencias se verán.