Detienen a militares por negar información

La detención de varios oficiales del Ejército, retirados, ordenado por un tribunal de Córdoba, por negarse a declarar en un juicio por la verdad sobre la suerte de los detenidos desaparecidos en los años del terror, genera consultas entre el jefe del arma, general Ricardo Brinzoni, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy e incluso de este con el presidente Fernando De la Rúa.

López Murphy sostuvo que las citaciones judiciales a militares de Córdoba «no es algo que esté en manos del Poder Ejecutivo, ni en el Ministerio de Defensa, ni en las Fuerzas Armadas; es un tema que hace a la órbita del Poder Judicial».

Además, el titular de Defensa subrayó que las FF.AA. «son respetuosas del orden constitucional, del Gobierno de la ley y conocen las reglas del debido proceso».

Con todo, el general Brinzoni reunió ayer a una treintena de generales en actividad para analizar las detenciones y emitir una señal que un alto oficial definió así: «vamos a seguir colaborando con la Justicia, pero las detenciones desalientan a los cuadros», Es decir, no les gusta.

Una fuente gubernamental sintetizó ante este periodista que es lo que quieren los militares actuales: «ninguna contemplación con los vinculados con los niños robados en cautiverio (que están ahora en el ámbito civil pero con maniobras para sacarlos de ahí), pero que no se reabran procesos a los beneficiados por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos firmados por Carlos Menem».

Un general feroz en la mira

¿Qué es lo que pasa en el juzgado federal que atiende en Córdoba la juez Cristina Garzón de Lascano? Allí se busca conocer la suerte de los desaparecidos en esa ciudad, provincia y lo que era la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, en esos años bajo el mando del feroz general Luciano Benjamín Menéndez.

Hasta ahora cuatro oficiales que se negaron a declarar, fueros arrestados o por no colaborar con el juzgado o por mentir.

Son arrestos en la Alcaldía, de 48 horas, pero día más día menos, la juez puede ordenar que sean procesados por falso testimonio, y así, abrirse una nueva rendija para lograr lo que las entidades de derechos humanos reclaman: castigo.

En otros juzgados, particularmente en Bahía Blanca, donde también se arrestó a un oficial, pero que está en servicio activo, por las mismas obstrucciones a la investigación de la verdad, no están descartadas más convocatorias.

Por eso, el jefe del Ejército, viene bregando porque se encuentre una fórmula para dar por cerrado cualquier castigo a los acusados de violaciones a los derechos humanos a cambio de que se logre esclarecer los hechos de los tiempos de las torturas y las desapariciones.

La idea de Brinzoni no está oficializada pero LA REPUBLICA conoce que la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, la considera inviable. Conti, por su lado, viene conversando con los organismos humanitarios para encontrar una metodología que permita reconstruir cada minuto de los detenidos desaparecidos.

En el actual caso cordobés, se investiga cómo fueron asesinados 30 presos políticos a los que les aplicaron la «ley de fugas», los militares de entonces imaginaron un enfrentamiento, cuando los testimonios, como el ex jefe de la cárcel en esos tiempos, José Alberto Torres y otros testigos, relatan casos de estacados, flagelados, la más cruel inhumanidad a la que incurrieron algunos de los militares que han sido arrestados.

La lógica de los acontecimientos lleva a la juez a citar al general (r) Menéndez, quien se negará ir al juzgado y corre el peligro de ser arrestado.

Por eso hay consultas en el generalato, pero no tensión. Por ahora.