Los costos de la represión

Cuatro meses han gastado las autoridades para conseguir esa aprobación parlamentaria, que generó no pocas convulsiones internas y ahora episodios de violencia por la represión policial en un episodio que está sujeto a las más variadas interpretaciones. Pero, ya no hay vuelta atrás: el gobierno, por compromisos externos y prestigio, necesita aprobar la ley.

Desde que se presentó en sociedad, nadie creyó que serviría para ampliar los planteles de empleados o que podrá realmente blanquear a casi la mitad de los asalariados que lo hacen «en negro», el non plus ultra de la flexibilidad y el desamparo.

Bondades y maldades de la ley son sólo hipótesis y nadie juega con las cartas abiertas. El menemismo y la mayoría de los gobernadores respaldan el proyecto, pero un grupo de senadores frena su aprobación buscando sacar réditos de distintos calibre en este forcejeo.

Las dos facciones que se disputan el control de la CGT blanden el asunto para consolidar posiciones. El sector de Rodolfo Daer, porque consiguió algunas concesiones del gobierno, no pasa la línea de la critica verbal y la parte que encabeza Hugo Moyano, con las movilizaciones de sectores estratégicos (camiones y transporte de pasajeros), consigue bloquear la ley, a pesar que en los convenios de su sindicato, están incluidos los artículos más fustigados, como el lapso del período de prueba y salarios zonales.

Además, Moyano, un peronista antimenemista, y los suyos, tratan de posicionarse dentro de la interna del Partido Justicialista, que no logra forjar un liderazgo y una línea de acción coherente hacia el futuro.

El miércoles, con menos de medio millar de militantes y un puñado de camiones, Moyano casi paraliza la ciudad y al Parlamento y desbarató un acuerdo entre el oficialismo y un sector de senadores del justicialismo para aprobar la ley buscando anticiparse al 27 de abril, el día en que la CGT (rebelde) programó una concentración de fuste frente al Congreso Nacional.

Hay responsables

El camionero tiene un plan pero no conspirador, como piensa el gobierno, acaso para justificar lo ocurrido. Una garganta profunda le contó que en la sesión de tablas del miércoles se iba a aprobar la ley que en el fondo de su alma, y con concesiones, la mayoría del PJ iba a respaldarla imaginando que el costo político lo paga la Alianza.

La batahola callejera desnudó los acuerdos de trastienda, la sesión se cayó y ahora habrá que ver si es posible aprobarla antes de las elecciones porteñas, cuyo resultado, en principio fortalecería al oficialismo y con ello, su poder de negociación.

Estos movimientos pueden computarse como propios de la lucha política, pero especialmente fintas para mostrar poder. Pese a la dispersión peronista el gobierno encuentra dificultades para controlar situaciones o imponer leyes y es desafiado por sindicalistas como Moyano o un sector del Senado y la brutal represión abre un abanico de posibilidades sobre quien controla a la Policía Federal.

Hay que saber si los policías y suboficiales, que actuaron con saña, cumplían ordenes orgánicas, si se desmadraron o es que un sector quiere minar al nuevo jefe de los uniformados que se ha propuesto quebrar cajas de recaudación de las comisarías y otros focos de corrupción. Esto último, provisoriamente, piensa el ministro del Interior, Federico Storani. El titular de la Policía, Ruben Verón, dice que no es así.

En este cuadro es que varios, no el juez que sigue el caso, miran fijamente al secretario de Seguridad, Enrique Mathov. El episodio puede enmarcarse en los discursos, escritos, conversaciones que ubican la situación social como una hipótesis de conflicto.

Peregrinas ideas sobre la pobreza

El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, al inaugurar el Curso Superior de las FFAA, incluyó a la pobreza extrema y las migraciones masivas junto al terrorismo, el narcotráfico, o el fundamentalismo religioso entre las hipótesis de conflicto y Mathov, en otros ámbitos, a los «cortes de rutas».

Hay más opiniones de este calibre entre parlamentarios radicales que contradicen la plataforma democrática de la Alianza y el pasado de los funcionarios colocados en el vórtice de la tormenta social.

En el Ministerio de Defensa niegan que existan documentos en preparación para devolverle a las Fuerzas Armadas un rol en política interna, pero aceptan que hay militares que la propugnan aclarando que el poder civil tiene otras convicciones.

Entre los uniformados, el caso más notorio, pero no el único, es el del general (r) Ernesto Juan Bossi, que esta ahora y en situación irregular al frente de la Central Nacional de Inteligencia: quiere modificar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior para devolverle a los uniformados injerencia en la política interna. Ya lo había propuesto cuando era subjefe del Ejército e incluso estuvo en primer término en la lista que preparó el Presidente cuando buscó un sucesor al general Martín Balza.

Si Bossi no es hoy el titular del Ejército es porque altos funcionarios del Ministerio de Defensa advirtieron a Fernando de la Rúa que esa designación traería más problemas que beneficios, ya que le cabe las mismas responsabilidades que el fiscal Carlos Stornelli le imputa a Balza en el escándalo del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

El general Ricardo Brinzoni fue el elegido y si bien no se sabe si comparte los criterios de Bossi, busca reintegrarle al Ejército un papel más importante al actual.

Militares en busca de mayor protagonismo

En Defensa juran que Bossi no tiene futuro en su actual destino en inteligencia civil, que ha ido allí para compensársele su frustrada jefatura y piden comprensión en su tarea de evitar los intentos permanentes de los uniformados por participar del centro de los acontecimientos.

Brinzoni busca, aunque en Defensa se niega, una fórmula que pueda dar fin al recurrente problema de los desaparecidos instalados otra vez en varias cámaras federales que quieren saber qué pasó con ellos. No es el tema de los niños robados en cautiverio el que lo abruma; es lo que los tres jefes de Estado Mayor le dijeron al vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez en una de las dos ocasiones que hablaron mano a mano con él.

Pero el jefe militar negó más tarde la existencia de un plan sistemático en este dramático asunto y justo sobre el caso el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se declaró competente para sacarlo de la órbita civil.

Civiles de Defensa admiten que fueron burlados por el fiscal militar, que les aseguró que el tribunal militar no se abocaría en esta causa: ocurrió lo contrario y si bien procederán a relevarlo al igual que a integrantes del Consejo Supremo, ahora está planteada la cuestión de competencia que deberá dilucidar en algún momento la Suprema Corte.

Con todo, justifican a Brinzoni: «Si reconoce que hubo un plan sistemático de robo de niños, admite que los militares formaron una asociación ilícita. Solamente aceptan responsabilidades individuales», sostienen. No es lo que piensan juristas y, en principio, el juez Juan José Galeano.

Estos funcionarios dicen librar otras batallas, como reformar el sistema jubilatorio de las FFAA, ahora infinanciable, seguir ajustando gastos, darles una función que sea atrayente para las nuevas generaciones, y, entre otras, frenar tendencias a mirar con resquemor que Chile, por caso, que ha adquirido los poderosos F-16. «Discutimos rehabilitar las cuatro empresas de Fabricaciones Militares, pero para evitar mil despidos de operarios», sostienen.

Disgusto por sanción a Cuba

De todas maneras, admiten que temas como la represión del narcotráfico requieren un debate sobre
el papel militar, amén del de la logística. Es un asunto muy sensible para vastos sectores.

En la Secretaría de Derechos Humanos no tienen información de lo que se habla de cerrar el pasado en las jefaturas militares pero desde ya consideran improbable una mesa de «reconciliación» que no pase previamente por el total esclarecimiento de la verdad, tema en el que están enfrascados varios juzgados federales y que es lo que no deja dormir a Brinzoni.

Los críticos de las FFAA cargan con la desdichada herencia del pasado, o que se crean que todo se piensa con criterio macartysta o antipopular, una especie de síndrome de Ptolomeo. Hay sobradas razones para ello, lo que no justifica que el progresismo no dé respuestas a temas como la inseguridad o frente a la actividad narcotraficante en las fronteras y la globalización, que monopoliza la derecha.

No es el caso de la crítica de estos sectores a la decisión del gobierno de condenar a Cuba en la ONU, una decisión que provoca la mayor crisis dentro de la coalición gobernante.

Aunque el canciller explique que se reclamó el fin del embargo para diferenciar lo hecho ahora respecto del pasado, omite que Menem también firmó documentos contra el bloqueo.

La decisión fue «no pagar un costo» con Washington, pero puede dañarse el vínculo con Brasil, allí donde el presidente y Rodríguez Giavarini pusieron todos sus esfuerzos. Su manejo clandestino (¿síndrome de culpa?) sorprendió a los ministros, impactó en la bancada oficialista y produjo la desdichada imagen de un Raúl Alfonsín desairado por desinformación: él, que es forjador de la Alianza y titular de la Unión Cívica Radical, se enteró de la decisión por la radio.