El canje de prisioneros en Colombia

NIKO SCHVARZ

 

Ayer 20 de julio (día de la independencia en 1810) se instaló el nuevo Parlamento colombiano, en medio de denuncias comprobadas de un escandaloso fraude, elecciones invalidadas en 22 municipios, compra de votos y jurados electorales que falsificaron los resultados. Le ilegitimidad llegó al extremo de que 5 escaños están vacíos. Con el sol en la espalda, Pastrana rompió el diálogo de 3 años con las FARC (todavía aparecen las fotos del presidente conversando con Marulanda en el Caguán) y las conversaciones con el ELN en La Habana. Las FARC propusieron reanudar las conversaciones e intercambiar prisioneros, lo que ha conmocionado a la sociedad y en particular a los familiares de los presos de uno y otro bando.

Uribe y López Michelsen

Aunque asumirá el 7 de agosto, Alvaro Uribe de hecho ya inició su gestión visitando a Bush (quien le aseguró recursos económicos y militares para acelerar el Plan Colombia), y adelantó su propósito de poner a un millón de civiles bajo las armas para combatir a la guerrilla. El futuro hombre fuerte de su gabinete, A. Londoño, caracterizado como «déspota, guerrerista y exponente de la rancia oligarquía», se propone eliminar las garantías individuales de la Constitución y reclutar a miles de espías entre la población; o sea que va a seguir los pasos del gobierno yanki, que acaba de darle a la CIA –además de licencia para matar al estilo 007 de James Bond– la misión de reclutar alcahuetes en todas partes, empezando por delincuentes y violadores de DDHH. Esto lo hizo Bush el mismo día (viernes 19) en que reafirmó su propósito de invadir Irak, en que sus aviones con base en Kuwait y Arabia provocaron víctimas en sus bombardeos a 12 localidades de sur, y en que se puso en marcha el proyecto macarthista de la superagencia de seguridad interna. El propio Pastrana ya resolvió destinar 2 millones de dólares a quien denuncie el paradero de los jefes guerrilleros.

En este cuadro de corrupción y amenazas multiplicadas, la propuesta de las FARC de canjear prisioneros motivó un comentario favorable del ex presidente Alfonso López Michelsen en su columna de El Tiempo. A partir de un análisis jurídico, concluye en la posibilidad del intercambio de prisioneros por razones humanitarias, acordado en una negociación y con la asunción de compromisos mutuos entre el gobierno y las FARC. El planteo fue respaldado por los ex presidentes Ernesto Samper y Julio César Turbay Ayala, por sectores políticos y sociales, por diversos gobiernos de la Unión Europea, Suiza y el Vaticano. Un acuerdo de este tipo significaría –según la propuesta– «un progreso en el camino de la paz posible».

Seis antecedentes

El ministro del Interior, Armando Estrada Villa, expresó la oposición radical del feneciente gobierno a la propuesta, lo que suscitó la condena airada de familiares de los oficiales y suboficiales de la policía y el ejército presos, así como de las figuras políticas retenidas por la FARC, que incluyen a la candidata presidencial Ingrid Betancurt, dos ex ministros, dos gobernadores, dos senadores, tres representantes y 12 diputados del Valle. El Gobierno alega que el intercambio es improcedente, pero una serie de antecedentes muestran la pertinencia de decisiones de esta índole.

Entre ellos, los siguientes: 1) acuerdo que puso fin en 1980 a la toma de la embajada dominicana por el M-19; 2) el que abrió camino al diálogo con la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar tras la ocupación de la embajada venezolana por las FARC y el ELN en 1992; 3) canje del hermano del ex presidente César Gaviria por guerrilleros; 4) liberación de soldados y policías en Cartagena del Chairá en el Gobierno de Samper, 5) lo mismo en 2001 en el Caguán; 6 otros varios hechos de los últimos tres años, no publicitados pero que Pastrana conoció y avaló.

El secuestro de Boulton

El lunes 15 fue liberado en Colombia tras dos años de cautiverio el empresario venezolano Richard Boulton, hijo del principal accionista de la línea aérea Avensa.

Durante ese lapso se proclamó a todos los vientos que era un preso privilegiado de las FARC, pero he aquí que aparece en escena el jefe (o ex jefe) de las bandas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, declarando que Boulton había sido prisionero de las AUC Tableau. Los difamadores no sabían dónde meterse. Incluso el presidente Chávez declaró que había sido engañado.

Aquí también cabe recordar que se atribuyó a las FARC el asesinato de la mujer con el collar-bomba, y se demostró que fue obra de las «paracos». Se les atribuyó la muerte de varios escolares en un paseo campestre, que fue culpa del Ejército. La lista es larga.

En este caso, la confesión de Castaño tiene un objetivo. Alega que van a disolver las AUC, pero en realidad sólo le cambian el nombre, aspirando a reciclar y a lavarle la cara a estas bandas de asesinos profesionales que actúan en contubernio con el Ejército, para operar en forma desembozada en el marco de la política represiva a escala mayúscula que está orquestando Uribe. Su peligrosidad se acrecienta por el hecho de que, tal cual lo confesó Castaño, las AUC ya superaron las fronteras colombianas y buscan actuar en Venezuela, sumándose a la conspiración contra el gobierno de Chávez.

Robos y privatizaciones

En vísperas de la asunción de Uribe fue defenestrado el jefe de seguridad de Pastrana, el oficial de policía Royne Chávez, que se embolsó 2 millones de dólares del Plan Colombia y pasó a ser dueño de un gran edificio en Caracas cuya foto vimos en CNN. En el futuro gabinete, además de Londoño, fungirá como ministro de Hacienda Roberto Junguito Bonnet, un conspicuo funcionario del FMI que ya anunció sudor y lágrimas, más impuestos sobre el pueblo para pagar la guerra, ajuste neoliberal y más privatizaciones, como la ya emprendida con Telecom, ocupada por sus trabajadores para denunciar el intento de liquidar la empresa estatal. *