Venezuela: Fiscalía pide enjuiciar a militares golpistas

A poco más de tres meses del golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia dirime este jueves si los primeros cuatro altos oficiales querellados por el ministerio público por «rebelión militar» pueden ser juzgados por el hecho.

Los imputados son el general de División Efraín Vásquez, ex comandante del Ejército; el general de Brigada Pedro Pereira, ex jefe del Estado Mayor Unificado de las Fuerzas Armadas (Cufan); el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, ex jefe del Estado Mayor de la Armada y el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta.

Los oficiales suscribieron el 11 de abril proclamas llamando al presidente Chávez a renunciar y le retiraron su respaldo al gobierno.

Ramírez Pérez fue también designado ministro de Defensa durante el efímero gobierno del empresario, Pedro Carmona, instaurado tras el golpe.

En la audiencia única y pública intervinieron el fiscal, los abogados defensores y los cuatro acusados.

El fiscal, Isaías Rodríguez, bregó porque el TSJ declarara «que hay mérito para el enjuiciamiento de ellos por el delito de rebelión militar» porque se impidió el ejercicio de los poderes.

La defensa intentó demostrar que sus clientes no se alzaron porque no usaron las armas, defendieron la paz, actuaron de manera reactiva ante el anuncio de una supuesta renuncia de Chávez por el general en jefe Lucas Rincón.

«Aquí no hubo armas, nadie utilizó armas», dijo el abogado José Luis Tamayo.

«Yo reto al fiscal a que señale una evidencia de que mi representado tuvo alguna participación o profirió algún tipo de amenaza para que el presidente Chávez renunciara», agregó la abogada Tamara Bechar.

El fiscal replicó que la presión fue directa «al amenazar al presidente con que podría bombardearse el Palacio. El problema de las armas no es que usted saque un fusil o un mortero, es tener la posibilidad de hacer uso de las armas y que, con esa fuerza, usted pueda imponer un régimen», puntualizó.

El querellante insistió que «es muy claro que se impidió el ejercicio del poder Ejecutivo y demás poderes, el ejercicio de ustedes señores magistrados», al referirse a un decreto de Carmona que disolvió los poderes. *