Ofensiva oficialista para destituir al opositor vicepresidente paraguayo

La bancada oficialista del Partido Colorado en la Cámara de Diputados anunció su determinación de presentar un pedido de juicio del vicepresidente, perteneciente al opositor Partido Liberal y quien fue elegido por el voto popular luego del asesinato de su antecesor Luis María Argaña en 1999.

Wildo Legal, en representación de los oficialistas –partidarios del ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-98) y de Luis María Argaña– dijo en rueda de prensa que Franco será acusado de «mal desempeño de sus funciones».

Específicamente, los oficialistas lo señalan como promotor de las manifestaciones antigubernamentales del lunes y martes, en asociación con el ex general golpista Lino Oviedo, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace), asilado en Brasil.

Las movilizaciones fueron violentamente reprimidas con un saldo de dos muertos, un centenar de heridos y 250 detenidos. El Gobierno acusó paralelamente a Oviedo de dirigir esas movilizaciones desde la frontera brasileña, por donde circula libremente desde que el Tribunal Supremo de Brasil lo liberó de una prisión de 18 meses en diciembre.

Dicho tribunal rechazó un pedido de extradición de Paraguay y calificó de «persecución política» los cargos por el que fue requerido: asesinato del ex vicepresidente Luis María Argaña y de siete manifestantes en la plaza del Congreso en marzo de 1999.

El miércoles, Oviedo debió presentarse ante las autoridades brasileñas, quienes lo amenazaron con expulsarlo del país si realiza actividades políticas susceptibles de «desestabilizar a naciones amigas».

El ministro de Justicia, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, declaró a la prensa que el gobierno brasileño «no permitirá de ninguna forma que un extranjero utilice el territorio nacional para hacer manifestaciones políticas que desestabilicen a los países vecinos, sobre todo si estos son del Mercosur» (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Por su parte, las autoridades paraguayas pretenden encarcelar al ex general para purgar 10 años de cárcel que le impuso una corte marcial en 1998 acusado de una intentona golpista en 1996.

El vicepresidente Franco restó importancia a la acción de los colorados y adjudicó la responsabilidad del pedido de juicio político al titular del Senado, Juan Carlos Galaverna, y al presidente del nucleamiento oficialista Nicanor Duarte, este último presidenciable por los oficialistas.

«Me reafirmo en mi posición de acompañar y apoyar la salida de la gente a la calle para protestar contra este gobierno ineficaz, ineficiente, impopular, sostenido por este grupo de amanuenses de González Macchi», afirmó Franco en declaraciones a la prensa.

De acuerdo con la Constitución, se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar el juicio político en la Cámara de Diputados y los oficialistas –que dominan el Congreso– podrían negociar para obtener dicha condición. Fuentes cercanas a Franco revelaron que el fin último de enjuiciar al vicepresidente es llevar a la Presidencia al senador Galaverna en sustitución de su amigo Macchi, de cuestionada imagen a nivel nacional e internacional, cercado por denuncias de corrupción, comentó el diario opositor ABC.

La pulseada política paraguaya se desarrolla en medio de una aguda crisis económica que ha imposibilitado al gobierno a hacer frente hasta a sus compromisos salariales con sus funcionarios, a los que adeuda el mes de junio.

Una misión del Fondo Monetario Internacional negocia un nuevo acuerdo «stand by» para las reformas del Estado, la banca pública y el servicio de previsión social, a cambio de la concesión de un crédito «oxígeno» que el Gobierno aspira sea de 200 millones de dólares.

La oposición se opone a ese préstamo «porque generará más corrupción oficial y financiará la campaña del candidato oficialista Nicanor Duarte», candidato a presidente por el Partido Colorado para las elecciones generales del 27 de abril de 2003. *