ANALISIS INTERNACIONAL

El "arequipazo" derribó al gabinete peruano

NIKO SCHVARZ

 

Alejandro Toledo remodeló su gabinete, sustituyó en el Ministerio de Economía a Pedro Pablo Kuczynski, el hombre del FMI, por el aprista Javier Silva Ruete, colocó en la cancillería al embajador en EEUU Allan Wagner, nombró jefe de gabinete al líder de su partido (Perú Posible) Luis Solari, cambió los titulares de las carteras de Producción, de Educación y de la Mujer, y dejó en capilla al rechazado ministro de Justicia Fernando Olivera, en gestiones en Washington. La disgregación del gabinete comenzó días atrás con la salida del ministro del Interior Fernando Rospigliosi, responsable de la represión en Arequipa. Es valor entendido que los sucesos de fin de junio en esa ciudad sureña precipitaron los cambios ministeriales, a menos de un año de la asunción de Toledo y cuando el rechazo a su gestión alcanza el 80% en las encuestas.

Privatizaciones en el ojo de la tormenta

El trastrocamiento producido en las esferas del gobierno refleja la fuerza del movimiento popular. En el caso, del formidable movimiento unido representado por el Frente Amplio Cívico de Arequipa, que agrupó al conjunto de la población en seis jornadas de masivas manifestaciones, a las que se sumó la huelga de hambre del alcalde Juan Guillén, en rechazo al proyecto del gobierno de privatizar la empresa eléctrica Egasa para colocarla en manos de la transnacional de matriz belga Tractebel, lo que se traduciría en aumento de las tarifas y despido de trabajadores (como ha sucedido a lo largo de América Latina). El movimiento se extendió hacia el sur a Moquegua y a la fronteriza Tacna (amenazada igualmente por la privatización de su empresa Egesur, codiciada por la misma transnacional) y hacia el norte a Puno y Cuzco, en los accesos de Machu Picchu. La represión fue brutal. La región fue declarada en estado de emergencia y bajo control militar, se suprimió la vigencia de las libertades públicas y se reprimió a sangre y fuego a los manifestantes con un saldo de dos estudiantes muertos y más de 200 heridos. La población no se amilanó y el movimiento creció, adquiriendo un volumen y un grado de combatividad tales que obligaron al gobierno a dar marcha atrás, suspendiendo las privatizaciones. Así lo anunció el propio presidente Toledo, obligado a poner la cara. Poco después el ministro Rospigliosi prefirió renunciar antes que solicitar excusas a una población indignada (véase nuestra nota del 23 de junio “Corazón de fuego en diversas latitudes”).

La salida de los otros ministros (y la que seguirá pronto) es consecuencia directa de estos hechos. Porque la población de Arequipa y de las otras ciudades involucradas, con lúcida conciencia, han extraído conclusiones de estas luchas y las ofrecen a su país y al continente, embarcados en esencia en un combate común. La primera es que se cortó de cuajo un proceso de privatizaciones que el gobierno ya tenía planeado extender a otras áreas.

Promesas y plebiscitos

En ese sentido el presidente se vio entre la espada y la pared, confrontado a sus promesas electorales de no privatizar las empresas generadoras, lo que le fue vivamente recordado. “Cuando a un pueblo se le engaña, no sólo se llena de frustración, sino de ira, como pasó en Arequipa”, expresó el alcalde, que había participado junto a Toledo en la campaña contra la re-reelección de Fujimori y fustigó la utilización de las fuerzas armadas contra las protestas populares.

Por añadidura, y como dijo el alcalde, “la población de Arequipa no renuncia a llevar el caso de la privatización a una consulta popular para decidir el futuro de las empresas eléctricas”, destacando que se logró el compromiso del gobierno de “no hacer nada con las privatizaciones hasta que se agoten todos los niveles jurisdiccionales”.

Todo esto gravita en la actual encrucijada política y en el panorama sindical y social en su máxima extensión.

El hombre del FMI

La principal central obrera del país, la CGTP, y los sindicatos también están reclamando no privatizar las empresas estratégicas y reponer a los trabajadores despedidos durante la década del gobierno de Fujimori (1990-2000), a la vez que promueven el cambio de rumbo de la política económica y la renuncia del ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski.

Este ha sido, hasta ahora, el hombre del FMI en el gabinete. Alto funcionario de dicho organismo internacional, era vox populi que sería designado desde el día mismo en que Toledo ganó la elección. Los cables dicen que el ministro “era percibido como una garantía de una política responsable en el gasto público y como un impulsor de la privatizaciones, que sufrieron un serio revés en junio al postergarse tras una revuelta popular”. En todo caso, debe tenerse presente que, apenas asumió, y con la banda rojiblanca ceñida a la cintura, el nuevo ministro Silva Ruete juró que continuaría con la misma política en un plano estrictamente ortodoxo, y en ningún caso cedería a lo que designó como políticas “populistas”. En cuanto al presidente Toledo, consciente de que su prestigio y credibilidad están por el suelo (y de que hay elecciones municipales en noviembre), enfatizó que va a “relanzar” su gobierno y prometió que –en un cuadro caracterizado por una recesión de 4 años, bajos salarios y muy elevados índices de desempleo y subempleo–, se abocará a la atención de los hogares, la microeconomía y los problemas sociales.

Dos modelos, dos concepciones

Las luchas sociales en Perú y las remezones políticas resultantes han tenido la virtud de exhibir con crudeza la crisis de las concepciones neoliberales y del pensamiento único. En toda América Latina (incluido nuestro país, como se demostró en la interpelación del senador Couriel) estos dos modelos de país están agudamente confrontados, y de ello depende nuestro futuro. *

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