Designan a Juan Pablo Cafiero, del Frente Grande, como ministro de Seguridad

Quieren cambiarle la cara a la "maldita policía"

ISIDORO GILBERT

 

Otro sector del partido que creó Carlos Chacho Alvarez, es ahora encabezado por el jefe del gobierno, Aníbal Ibarra, propenso a respaldar a la diputada Elisa Carrió. Al espacio de la legisladora, ya se han integrado varios diputados del Frente Grande.

Es una jugada fuerte del gobernador bonaerense, Felipe Solá, porque Cafiero tiene una historia estrecha con la defensa de los derechos humanos por lo que su designación, intenta ser una señal de cambio en el enfoque de la conflictividad social, luego de los trágicos sucesos del miércoles negro. Entonces, una movilización de los piqueteros alrededor del puente Pueyrredón que une esta ciudad con Avellaneda, fue violentamente reprimida y dos de ellos, fueron fusilados por la policía.

Cafiero prometió una profunda reorganización de la maldita policía, como ha vuelto a calificársela, con una revisión de cada expediente como anuncio de una profunda purga, sobre todo después que se corroboró que los asesinos de dos jóvenes piqueteros fueron encabezados por el comisario que estaba encargado de cuidar el orden la semana pasada.

Cafiero criticó la política de «mano dura» que llevó a la tragedia de la semana pasada y afirmó que dialogará con todos, incluidos los sectores calificados como «duros». Los así sindicados, rechazan el mote, y dan como ejemplo una ahora extensa lista de piqueteros muertos, o la propia violencia cotidiana con que viven en su situación de cesantes y marginados, siempre perseguidos por la policía.

Tarea para Hércules

Si podrá o no con su cometido, dependerá del respaldo político que reciba Cafiero no solo del gobernador Solá sino del presidente Eduardo Duhalde que alguna vez calificó a la bonaerense como la mejor policía del mundo». Luego que la cúpula policial le hiciera trapisonda tras trapisonda, viro 180 grados, descentralizó el comando operativo y colocó a civiles en la reestructuración de la fuerza.

Duró lo que un lirio. Vino luego Carlos Ruckauf como gobernador, y su discurso de «mano dura» contra los delincuentes, le permitió a la bonaerense exhibir sus peores vicios de represora, gatillo fácil y corrupta. Cambiarla, es una faena digna de Hércules.

Ruckauf, que ahora es canciller, fue ayer acusado por «incitación al delito» con su prédica de «mano dura» por el abogado Néstor Parrili, un conocido abogado de presos políticos y sociales. No está solo el ministro: lo acompañan en el escrito acusador del letrado, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof y el ministro del Interior, Jorge Matzkin.

El gesto de Solá no agota las dudas que persisten sobre quienes incitaron la represión que el propio Duhalde, luego de mirar para otro lado, calificó como «cacería». Una cosa es el recurso del abogado Parrili, pero otra la pesquisa judicial del tribunal de Lomas de Zamora que lleva a cabo la acusación contra varios policías fuertemente incriminados en los asesinatos.

Y otra cosa diferente una investigación parlamentaria, que por ahora tiene escasas posibilidades de concretarse en una comisión especial, como lo han reclamado legisladores de las dos cámaras. Y también en la Legislatura hubo reclamos del Frente Grande (opositor) por conformar una comisión que pesquise lo ocurrido e incida en la reestructuración de la bonaerense.

Pero los dos bloques legislativos mayoritarios, los peronistas y radicales, solo han sido oídos por su silencio sepulcral frente a los graves sucesos. No es que apoyen a la policía brava, pero miran con desconfianza al movimiento piquetero, sobre todo a su ala más dura, que en los últimos días no ha ocultado que quieren el alejamiento de Duhalde y crear las condiciones para que los sectores más pobres lleguen al poder, mediante grandes movilizaciones callejeras.

Un discurso radicalizado

Ayer el llamado Bloque Nacional Piquetero, donde conviven varias organizaciones de desocupados, ratificó su plan de lucha cuya próxima etapa es una movilización sobre Plaza de Mayo el 9 de julio y posteriores acciones que contemplan incluso acampar el 15 de julio en ese paseo «por tiempo indeterminado», o la toma de cuerpos legislativos, para lograr sus demandas reivindicativas, pero sobre todo políticas ya que –dicen– «la cuestión del poder está en el orden del día».

Hasta ahora el sector mayoritario de los piqueteros, se orienta a afianzar su organización y alianzas con capas medias de la ciudad y el campo, amén de ir resolviendo con sus movilizaciones los dramas cotidianos de los desocupados, hoy en día el 25% de la población económicamente activa.

El Bloque Nacional no cree que cambie la política represiva con la designación de Cafiero e insistió ayer en conferencia de prensa, que el Gobierno elude su responsabilidad política en los hechos al poner el acento solamente en la actuación policial. Denunciaron que los vecinos de Avellaneda, son presionados para que no den testimonio ante la justicia sobre cómo actuó la bonaerense y que francotiradores, uniformados, tiraron sobre la multitud: hay heridos de bala de arriba hacia abajo, aseguran.

Y también testificaron que hubo grupos organizados de provocadores que se mezclaron con los manifestantes para romper vidrios e incendiar vehículos, todos datos –sostienen– «que muestran que lo ocurrido fue parte de un plan de represión y no la obra de un comisario furioso».

Para mañana está programada una nueva marcha sobre Plaza de Mayo en repudio a los crímenes de la semana última.

Al paseo histórico convocan la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que influye sobre las organizaciones piqueteras más importantes: el Movimiento de Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista y Combativa.

De la primera se ha desgajado un sector que se corrió el movimiento «Barrios de Pie» hacia las entidades reunidas en el Bloque Nacional Piquetero. Irán a Plaza de Mayo pero partiendo desde Avellaneda. Entidades defensoras de los derechos humanos y otras organizaciones anoche discutían desde qué sector adherían a la concentración en la Plaza de las protestas.

Son tiempos bravos, un desafío para resguardar los derechos democráticos y evitar nuevas tragedias. *

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