Cuando la muerte es la respuesta

ISIDORO GILBERT – CORRESPONSAL EN ARGENTINA

 

El dramático giro que dio la investigación sobre los asesinos de los piqueteros muertos el miércoles negro, cuando se cumplía una jornada de lucha de un sector de los desempleados organizados, debe seguir con conocer si hubo una matanza premeditada. O si los crímenes fueron cometidos por la bonaerense y, lo principal, por orden de quién. O dónde se dio el guiño.

Queda algo por confirmar: si la Prefectura Marítima que también estuvo en el escenario del Puente Pueyrredón, el paso hacia Avellaneda, baleó a manifestantes como se la ha acusado.

La rapidez en conocer que fue la policía que fusiló a los dos piqueteros muertos, no se debió a la investigación policial o judicial, sino a la pericia de varios fotógrafos, especialmente a Pepe Mateos de Clarín, y a ese diario que inmediatamente publicó una toma que trastocó las más ridículas (y perversas) especulaciones que caían desde el oficialismo, como si tuvieran «cola de paja».

Vayamos por parte. Apenas se difundieron las muertes, e información sobre heridos, apaleados, torturados, vejámenes de todo tipo, el gobierno nacional (y también el provincial) intentaba instalar la idea del complot de la ultraizquierda. Y peor, que las muertes eran producto de reyertas entre facciones antagónicas, especie detestable tanto porque insulta a idealistas con derecho a opinión y movilización, como que elude la comprensión del fenómeno social.

Antes, desde el Ejecutivo se lanzaron advertencias que leídas en su real contexto por cualquier uniformado, eran una invitación al gatillo fácil. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aseguraba que no se permitirían de cualquier manera que ningún acceso a la Capital Federal fuera bloqueado. Hoja con verde, parra, se podría decir.

No fue él solo, pero el alto funcionario, un dirigente sindical del peronismo burocrático, difícilmente termine por digerir que los pobres del Gran Buenos Aires, se les escurra de su férula ganados por otras visiones del mundo añade otro factor a la inquina contra el movimiento piquetero y la izquierda, la «zurda» en el léxico peyoratiuo de esa veta del justicialismo.

Ni estereotipos ni naif

Esa represión aguardada, se podría leer como una consecuencia del ajuste económico que profundiza las difíciles negociaciones con el FMI. La izquierda en sus vertientes diversas, cree que así es.

Buscar la verdad es insoslayable y en esa dirección el análisis con elementos no debe ser estereotipado ni menos aun, naif, como pensar que el jefe policial a cargo de la represión –asesino de uno de los muchachos– actuó por un acto de furor.

La historia del escenario represivo tiene comienzos frescos. En mayo, una parte importante de los gobernadores peronistas, esos que presionaron a Duhalde para que no se le ocurriera alejarse del FMI, le imputaron al secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, demasiada blandura frente a la conflictividad social en ascenso y han insistido –al igual que algunos ministros– en mano dura.

Los datos de la alarma: el primer semestre de 2002, con 1.609 cortes de rutas y vías públicas, marcó el récord de este tipo de protestas desde 1997, cuando emergió el movimiento de los cesantes organizados. Hay más números de la propia Secretaría: 11.000 conflictos en lo que va del año, sin represión o vidas que lamentar.

Las perspectivas son de crecimiento: la desocupación en el Gran Buenos Aires supera el 25% y según los pronósticos, se empinaría al 30% pronto, consecuencia de la política económica y entonces el temor discurre por los cenáculos de los banqueros, en memorandos de diplomáticos, en escenarios que imaginan los altos mandos militares, aunque no lo reconozcan al público.

Una digresión: nunca desde 1983, los altos mandos han insistido tanto en hablar con casi todo el espectro político, sindical o empresarial y como no ocurría desde entonces, presionan para que se les encuentre un lugar legal para opinar y participar. Elisa Carrió no aceptó ese tipo de invitaciones, pero se conoce que algún legislador del ARI fue a husmear de qué se trata.

Razones para sospechar que desde el gobierno se impulsó la represión sobran. ¿Fue así ahora?. Por lo pronto Duhalde y el gobernador bonaerense, salieron mal parados, políticamente. Hay testimonios que indicarían que ninguno de los dos, ni los de su confianza que podrán hacerlo, dieron las órdenes de la muerte pero horas después de divagar por caminos que no llevaban a ningún lado, reaccionaron para saber lo que había pasado.

Además el Presidente leyó las muertes como un deterioro adicional a su devaluado gobierno.

Fotos sepultan impunidad

Cuentan que el Presidente cuando vio la foto de Clarín en tapa, donde borrosamente se ve a uno de los jóvenes muertos aún con vida y al lado del jefe que comandó la operación, solicitó más tomas y reconstruyó con los suyos las secuencias que no dejaron dudas: a Daniel Santillán lo había matado la policía. Dicen también que con las pruebas de la infamia, le ordenó a Solá la separación, detención y puesta a disposición de la Justicia, de los criminales. «Actúa rápido que se pueden escapar», aconsejó.

Los oficiales están en manos de la Justicia, se desmoronó la cúpula de la bonaerense y se debió ir el ministro de Seguridad provincial.

¿Hay razones para dar crédito a estas versiones? El homus peronista es tajante: si él no alentó la tarea sucia, entonces otro debe estarlo y no descansa hasta saberlo. Es probable que si llega a un sitio que no le conviene, callará. Pero no se hará cargo del fardo. Resta ahora que el Presidente descubra quién está detrás del comisario asesino y con qué objetivo para despejar la propia responsabilidad oficial.

Y también, quién decidió y para qué el envío de provocadores que sumaron a la ira palpable de los manifestantes, actos de vandalismo. ¿Se buscó con la balacera, generar el caos, para debilitar aun más a Duhalde, ir desbrozando el camino para la dolarización que tanto pregona Carlos Menem, que se presenta (y grupos económicos ofertan) como la garantía para el orden?

Son inferencias, no hay datos firmes, pero aquí también se puede repetir el dicho: hoja con verde, parra. El Presidente no ha dado señales de adherir a la hipótesis, pero con el ex nada más que la formalidad partidaria: si trepara como pretendiente peronista, Duhalde pondría su resto para evitarlo.

Además de buscar la verdad, el gobernador Solá tiene la oportunidad con apoyo público para depurar la policía que ha regresado a los tiempos que se le decía «maldita», por su corrupción e impunidad.

En su época, Duhalde calificó a la bonaerense como la mejor del mundo. Luego, desalentado por los traumas que le creó, amagó con reformularla; quedó a mitad de camino y su sucesor, el canciller Carlos Ruckauf, le repuso sus peores mañas, en nombre de combatir la inseguridad y el crimen.

Con todo, el gobierno está seguro que un ala de los piqueteros, un actor social insoslayable de la realidad argentina, fue el miércoles «a la guerra» porque han delineado un programa de acción que busca derrocarlo, en la seguridad que el país está en tiempos revolucionarios, como lo expresan las resoluciones y la declaración política de una Asamblea Nacional Piquetera de una semana atrás.

No se dice, pero el problema es que frente al conflicto social, lo que pasó en Avellaneda abre el peligroso sendero de consagrar la muerte como respuesta.

Complejo espacio piquetero

De este cónclave, con fuerte influencia del Partido Obrero (trosquista), del Part
ido Comunista y de militantes con reminiscencias setentistas, la conocida como «Aníbal Verón» y mil delegados, no participó el espacio piquetero que está influido o por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) o la Corriente Clasista y Combativa (influida por el Partido Comunista Revolucionario).

Estos dos sectores actúan juntos, al menos por ahora, aunque los clasistas, a diferencia de los otros, no dejan de mencionar en su prensa, que «hay que preparar el ‘argentinazo’. Y en la CTA hay enfoques variados.

De todas maneras, este espacio pregona un vasto acuerdo con los sectores medios que son reacios a medidas drásticas como bloqueos totales de caminos o accesos a las ciudades, y oscilan entre las simpatías con los reclamos y que alguien venga a poner orden

Hay en los organismos de inteligencia resabios de la guerra fría y del autoritarismo de los años de plomo y ven en cada postura de tono revolucionario, algo inminente, sin saber diferenciar, deseos de la realidad. Son los que han querido instalar la idea de una revuelta maximalista.

Hay hechos que no se deben desdeñar: que la sociedad argentina se encuentra en una etapa convulsiva, aunque no como el fenómeno de los ’70, pero en un contexto socioeconómico mucho más penoso.

Duhalde teme que con la miseria galopante que arrastra a profesionales y grupos que tuvieron su pasar, los piqueteros, obreros industriales y capas medias ganen las calles juntos.

Con similar sentimiento está seguro que el discurso duro de los desheredados, aleja a los sectores medios a pesar de su ira por el corralito y sus soluciones: a la concentración de repudio a los crímenes, básicamente concurrió la militancia de izquierda y si hubo presencia vecinal, esa que empujo al abismo De la Rúa, no fue notoria.

Hay otros sectores en movimiento. Un actor cómico, Nito Artaza, reunió cinco mil personas que clamaron contra el Bono con que le quieren pagar sus ahorros y prevé multiplicar ese número el 9 de julio, Día de la Independencia. Es un dato: no un elogio que desde la no política los agredidos encuentren eco a sus reclamos.

Los dos partidos mayores, lucieron por su silencio, ignorancia y algún pánico ante el fantasma maximalista.

Es que no hay tregua. La calle no deja jornada, casi, sin demandas y se vuelven a cubrir con multitudes.

Por ahora los planes asistenciales le otorgan al gobierno cierto control de la conflictividad pero sus limitaciones y distorsiones, lo convierten en una cataplasma en una sociedad harta de estar enferma que pide medicina curativa. *