Banzer quiere olvidar su pasado dictatorial

El mandatario, de 73 años, sólo dio pie a las críticas de quienes acechan en sus actos cualquier reflejo de su época de dictador (1971-78) al decretar el sábado pasado el estado de sitio para contener una huelga en Cochabamba (centro) y afirmar: «No exagero si les digo que hay un proceso sedicioso en marcha. Lo digo con total convicción, porque creo que aún existen ciertos sujetos que continúan empeñados en aventuras descabelladas».

Bolivia ha vivido en los últimos diez días disturbios en varios lugares del interior del país que dejaron seis muertos tras combates entre campesinos y militares, enfrentamientos de policías y universitarios en La Paz, bloqueos de carreteras por los campesinos, motines policiales… Para Banzer, toda esa agitación podía atribuirse a una conspiración.

Pero luego pasó a segundo plano en la gestión cotidiana de la crisis, como si no quisiera comprometer con discursos o acciones duras la imagen de flamante demócrata que estaba empeñado en construir desde su elección en las urnas, en agosto de 1997, tras cinco intentos fallidos.

Aunque en esa ocasión sólo obtuvo un 22% de los votos, logró ser apuntalado por una inédita coalición de parlamentarios conservadores, socialdemócratas y populistas, que lo eligieron en detrimento de Juan Carlos Durán, segundo en los comicios y candidato del liberal Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el mismo partido que había apoyado su golpe de 1971.

Desde entonces, aunque justifica el golpe por las circunstancias de la época, se esfuerza en tratar de convencer a los bolivianos y al mundo de su condición de dictador reconvertido.

Para ello, hace valer sobre todo su papel en el apuntalamiento del proceso democrático tras ser derrocado en 1978 por uno de sus hombres de confianza, el general Juan Pereda.

El militar de la mano de hierro impulsó, en efecto, de manera constante la concertación política y sorteó en 1980 un juicio de responsabilidades por lo ocurrido bajo su régimen en el Congreso, que lo absolvió de los cargos.

Pero no todos están dispuestos a «comprar» la nueva imagen de Banzer, y sus detractores suelen recordarle las 1.500 personas arrestadas por sus ideas políticas, las 900 exiliadas y los más de 200 muertos de su régimen de facto, entre ellos casi un centenar de campesinos que se resistieron en 1974 a unas medidas económicas antipopulares, según la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.

Para reciclarse en democracia, Bánzer fundó en 1979 un partido político, Acción Democrática Nacionalista (ADN), integrado por empresarios y sectores de la clase media.

En 1985, el partido alcanzó el primer lugar en los sufragios, pero todavía era demasiado pronto para que su líder pudiese volver a ceñirse la banda presidencial: la mayoría del Congreso –que le opuso un rotundo «No al dictador»– ungió al segundo, el caudillo del MNR, Víctor Paz Estenssoro, con quien, en una hábil jugada política, suscribió luego un acuerdo de cogobierno.

En la nueva crisis que le tocó afrontar estos días pareció oscilar entre sus nuevos y sus viejos modales. Impuso el estado de sitio, pero realizó concesiones que apaciguaron la tensión en Cochabamba y se abstuvo de reacciones extremas contra la huelga general convocada el miércoles pasado por la Central Obrera Boliviana (COB).

Tuvo incluso la satisfacción de que la medida fuese aprobada por el Congreso, y de que la huelga fuese escasamente seguida por la población, aunque varios comentaristas afirmaban días atrás que su combinación de viejos reflejos con nuevas costumbres sólo lograrían crear mayor convulsión en el país.

Si logra capear el temporal, así como los temporales que puedan desatarse en el próximo año y medio en el país más pobre de América Latina, Banzer se habrá dado el lujo de transmitir el mando, en agosto de 2002, sin haber conocido los destierros.

Paraguay al borde de otra crisis institucional

El Paraguay «está cerquita» de una grave ruptura institucional, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, al comentar la sorpresiva decisión del Consejo de la Magistratura de convocar a un concurso para remplazar a cinco miembros de la Corte.

Fernández Gadea sostuvo que la decisión del Consejo de la Magistratura «no está ajustada a derecho ni a lo que establece la Constitución».

Destacados juristas salieron a avalar los temores del presidente de la Corte sobre la inminencia de una crisis institucional a causa de una decisión que, según algunos analistas, apuntaría a cambiar los miembros de la Corte para mejorar las posibilidades de defensa de poderosos ex funcionarios acusados por corrupción.

Sin embargo, otros abogados recolectaban firmas para respaldar la medida del Consejo de la Magistratura a la que consideraban muy necesaria para renovar la Corte. En tanto, los integrantes de la Corte están reunidos en sesión permanente analizando la delicada situación.

Todo esto no hacía más que contaminar el confuso clima político que se vive en Paraguay, con distintos grupos políticos trabados en pulseadas y maniobras que afectan a los tres poderes de la República.

Las controversias que envuelven a la Corte comenzaron a fin del año pasado, cuando el Senado decidió dar por concluido el mandato de tres miembros de la Corte mientras confirmaba a los otros cinco integrantes. La medida del Senado fue avalada luego por un decreto del presidente, Luis González Macchi.

Numerosos analistas consideraron en su momento que el Senado había tomado una medida política en busca del control de la Corte Suprema ya que entendían que los miembros del máximo cuerpo judicial no podían ser removidos hasta los 75 años de edad.

Los ministros de la Corte que fueron removidos por el Senado plantearon la inconstitucionalidad de tal decisión, lo que en este mismo momento está siendo estudiado por la propia Corte.

Los ánimos volvieron a tensarse ayer, cuando el Consejo de la Magistratura convocó a un concurso público para reemplazar a los cinco miembros de la Corte que, precisamente, habían sido confirmados por el Senado y por el decreto del presidente González Macchi.