Alcalde colombiano asesinado: fue el octavo

En medio de una ofensiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra los alcaldes de una veintena de poblaciones, Luis Carlos Caro, mandatario de Solita, un poblado del departamento de Caquetá (sur), fue asesinado el miércoles cuando acudía a una cita con miembros de esa agrupación insurgente.

De acuerdo con el reporte oficial, Caro fue asesinado por los guerrilleros izquierdistas en presencia de los colaboradores que lo acompañaban, convirtiéndose así en el octavo mandatario municipal en caer bajo las balas de los grupos armados en lo que va corrido del año.

Este alcalde hacía parte de una lista de veinte mandatarios amenazados de muerte por las FARC, que lanzó esta semana una ofensiva de represalia contra funcionarios de aquellas poblaciones donde el derechista Alvaro Uribe ganó la elección presidencial el pasado 26 de mayo.

La muerte de Caro obligó a diez de los 16 alcaldes del departamento de Caquetá a abandonar sus despachos y dirigirse a Florencia, capital provincial en busca de protección. Esas mismas amenazas, extendidas a los vecinos departamentos de Putumayo, Cauca y Huila, han llevado a ocho alcaldes a renunciar por falta de garantías.

Este jueves Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios (FCM) –que agrupa a los alcaldes de las 1.098 localidades del país–, demandó al gobierno nacional que preste mayor atención a los mandatarios locales amenazados.

«Los ataques, las amenazas y las presiones a los alcaldes (de los municipios) donde ganó Alvaro Uribe las elecciones se han incrementado en los últimos días. El nuevo gobierno debe comprometerse con la atención de los alcaldes, porque ellos son víctimas de un resultado electoral», declaró Toro.

Este mismo jueves los ministros del Interior, Armando Estrada, y de Defensa, Gustavo Bell, se reunirán con alcaldes de Caquetá para determinar las medidas que deberán tomarse. Ya la víspera Estrada había señalado que la seguridad sobre los mandatarios se reforzaría.

De acuerdo con la FCM, más de 20 mandatarios locales, en diez de los 32 departamentos colombianos, «rigen (actualmente) los destinos de sus municipios sin hacer presencia física en ellos» por amenazas de los grupos guerrilleros de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.

Toro sugirió que se establecieran puentes aéreos en las regiones donde gobiernan los alcaldes amenazados para evitar los desplazamientos de éstos por tierra, donde serían vulnerables, así como el aumento del pie de fuerza en sus localidades.

«Mal haríamos (en) llevar a la fuerza pública temporalmente a esas regiones para que terminen siendo blanco de los ataques de la guerrilla. La situación de cada alcalde debe ser revisada para mirar los mecanismos de seguridad que se deben implementar para que puedan seguir en sus territorios», agregó.

«En cerca de 180 municipios no hay presencia permanente de la Fuerza Pública. Es imprescindible que allí estén la Policía o el Ejército con un número de efectivos suficiente y permanente para neutralizar a los violentos», dijo Toro.

El gobierno nacional ha reconocido de tiempo atrás la ausencia de fuerza pública en 180 municipios. Uno de ellos, Bojayá, fue epicentro de combates entre paramilitares de extrema derecha y guerrilleros de las FARC, que provocaron la muerte de 119 civiles que se refugiaban en una iglesia.

El caso de Bojayá es típico: las FARC atacaron en marzo de 2000 el puesto policial de la vecina población de Vigía del Fuerte, donde dieron muerte a 21 agentes. Tras esa acción, nunca más hubo fuerza pública ni en Vigía ni en Bojayá. *