Grave crisis en el gobierno paraguayo

El gobierno de Paraguay quedó debilitado y en desventaja para negociar nuevos préstamos ante el FMI, en medio de una severa crisis económica, tras anular el plan de privatizaciones bajo presión de protestas campesinas, dijeron analistas.

En este tenso panorama, el presidente Luis González Macchi afrontará un pedido de juicio político que ingresó ayer al Congreso.

Presionado por los campesinos y organizaciones sindicales, el presidente González Macchi dio el jueves marcha atrás en su intención de privatizar la telefónica Copaco –prevista para el 14 de junio– y las demás empresas del Estado y la suspensión fue refrendada por el Congreso el mismo día por la noche.

Los campesinos, miles de los cuales llegaron hasta Asunción y otro tanto permanecieron en los alrededores de la capital paraguaya, –tras mantener varias rutas bloqueadas durante dos semanas– volvieron a sus lugares celebrando efusivamente la “victoria” sobre el gobierno.

Estanislao Martínez, un conocido líder campesino, calificó de “conquista histórica” la decisión gubernamental y afirmó que “es la primera vez que ocurre, no sólo en el país sino en Latinoamérica, donde la receta del imperialismo fue atajada y se forzó al gobierno a rechazar la privatización”.

“El gobierno salió sumamente debilitado porque esta protesta social le hizo rever uno de sus objetivos”, dijo a ANSA el sociólogo y conocido analista político José Morínigo, en alusión a las privatizaciones.

Sin embargo, consideró que el principal impacto de la crisis es que el fracaso de las privatizaciones le impedirá al gobierno conseguir el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para obtener nuevos recursos financieros del exterior que necesita imperiosamente.

Precisamente, mientras González Macchi y el Congreso suspendían la vigencia de ley de privatizaciones, el ministro de Hacienda, James Spalding, indicaba que el fracaso de las mismas suspenderá también un apoyo de contingencia del FMI, del orden de los 70 millones de dólares.

Además, informó que de la venta de la Capaco, cuya base estableció el gobierno en 200 millones de dólares, se esperaba destinar como contrapartida 45 millones de dólares para impulsar algunas obras públicas urgentes, cifra que ahora se deberá negociar de otras fuentes.

Paralelamente a la crisis con los campesinos y otras organizaciones sociales, diputados que responden al ex general Lino Oviedo, refugiado en Brasil, presentaron ayer un nuevo pedido de juicio político contra el presidente González Macchi por corrupción y mal desempeño de funciones.

El analista político Morínigo cree difícil que se reúna el número de votos necesarios para enjuiciar al presidente y que la presentación busca más bien “generar mayor inestabilidad política en torno al gobierno”.

Además, si la Cámara de Diputados aprueba el juicio político, es el Senado el que debe convertirse en tribunal para juzgar al mandatario y decidir su eventual culpabilidad y destitución, pero Morínigo cree aun más improbable que allí también se consigan los votos necesarios para el efecto. *