Populares, socialistas y nacionalistas ilegalizarán el brazo político de ETA

La ley cerró el trámite parlamentario con el respaldo de 93 por ciento de la Cámara, con 304 votos a favor y 16 en contra, y se descuenta que será aprobada de forma definitiva el 25 de junio en su tramitación urgente en el Senado.

La reforma fue apoyada por sus promotores, el gubernamental Partido Popular, de derecha, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal de la oposición, así como por los nacionalistas catalanes (CIU), canarios (CC) y Partido Andalucista.

El ejecutivo de José María Aznar presentó al PSOE en febrero pasado una propuesta para modificar la Ley de Partidos con el objetivo de poner en la ilegalidad a Batasuna, un paso que Madrid considera de vital importancia para luchar contra ETA y «sus cómplices».

Cuando la ley esté aprobada, el parlamento podrá instar al gobierno a pedir al fiscal general que inicie el proceso para poner en la ilegalidad a los partidos que pertenezcan a un «entramado terrorista».

Una sala especial del Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la propuesta.

Durante el debate parlamentario, el secretario general del PP, Javier Arenas, dijo a los obispos vascos que la semana pasada firmaron una carta pastoral en la que muestran su preocupación por esta medida que no entiende «cómo pueden dudar de que ETA y Batasuna son lo mismo cuando ya van 500 militantes de Batasuna detenidos por colaborar con el terrorismo».

Diego López Garrido, del PSOE, también defendió el proyecto de Aznar, por considerarlo en plena sintonía con la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos.

«No es ya un principio constitucional español. Es un principio político. No es posible la violencia en ningún tipo de sistema de convivencia civilizada. No se puede aceptar que haya partidos políticos que consideren la violencia como algo lícito para obtener una finalidad política», dijo López Garrido.

CIU apuntó por su parte que sin el consenso de los nacionalistas vascos poco se podrá avanzar.

La nueva ley contó con la férrea oposición del Partido Nacionalista Vasco –entre otras fuerzas de esa orientación–, que presentó sin éxito 56 enmiendas en las que sostuvo que la reforma no cumple un principio de proporcionalidad.

Begona Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna (EA), afirmó que «el gobierno y el PP han sido beligerantes. No han querido dialogar y han acordado una ley que va en contra de la libertad de expresión e ideológicas, entre otras».

La coalición comunista Izquierda Unida y el partido catalán Iniciativa per Catalunya (IPC) tampoco apoyaron la iniciativa, por entender que «no será eficaz en la lucha contra el terrorismo porque aumentará la tensión en la sociedad vasca. Antes de su aprobación esta ley ha crispado y radicalizado la situación política del País Vasco y de España», dijo Joan Saura, de IPC.

Luis Carlos Rejon, de Izquierda Unida, comparó al PP con la iglesia partidista del franquismo y dijo que «no podemos obviar que ante una pastoral de los obispos vascos algunas fuerzas democráticas han respondido con un lenguaje más de otras épocas».

«Recuerda alguna de las frases la opinión que la Iglesia nacional Católica tuvo en los años del conflicto civil acerca de sus compañeros de la iglesia vasca que habían seguido al lado de la república», afirmó Rejon.

La reforma de esta ley fue la causante del pronunciamiento la semana pasada de los obispos vascos, ante el cual el gobierno de Aznar pidió la intervención del Vaticano. *