Niños robados

Organizaciones defensoras de los derechos humanos preparan una presentación ante varios organismos internacionales para denunciar maniobras de sectores militares para sacar de la esfera civil el juzgamiento a los responsables de robos de bebés en cautiverio en los años de plomo y por el cual están presos, aunque en sus domicilios, una decena de ex altos oficiales.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal Pedro Narvaiz puso en aprietos al juez federal Adolfo Bagnasco al desistir de apelar la decisión del Consejo Supremo de las FFAA (Consufa), que se declaró competente en la causa sobre la existencia de un plan sistemático para la sustracción de niños nacidos en centros clandestinos de detención durante los años de plomo.

Narvaiz entiende que el fiscal militar debía apelar como marca la ley pese a su desacuerdo por lo cual él desistió de llevar el caso ante la Cámara de Casación. Esta extraña decisión deja a esa instancia sin ningún tema para abordar, manteniéndose así la competencia militar, por ahora. Si Bagnasco quiere mantener el caso, deberá dirigirse a la Corte Suprema de Justicia aunque todavía, de todos modos, tiene otros mecanismos legales para recuperar la causa.

Fuentes peronistas que conocen la tela de la interna del más alto tribunal creen que el más alto tribunal decidirá mantener la competencia civil, según lo expresó días atrás el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, entre otras razones, porque así lo determinan los pactos internacionales incluidos en la Constitución Nacional. Bagnasco había declarado que el Consufa «era como el tribunal de disciplina de la AFA» (Asociación del Fútbol Argentino), descalificación que molestó a la cúpula militar. Este caso comenzó en 1996 y Bagnasco procesó a varios oficiales retirados y ex militares.

El último en ser citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal, el general (r) Santiago Riveros, se negó a concurrir y presentó dos escritos, uno para pedirle al Consufa que asumiera la instrucción del sumario, y el otro para pedirle a Bagnasco que se apartara del expediente.

La semana pasada el titular del Ejército, Ricardo Brinzoni, reunió a 200 generales retirados, instándolos a «olvidar el pasado». Fuentes castrenses advirtieron que ese encuentro que «cayó muy bien» entre los militares retirados, no solamente implica un giro en la política implementada por el general Martín Balza, sino que es el inicio de un intento de implementar una «mesa de diálogo» como funciona en Chile para intentar resolver las secuelas de la represión clandestina.

La idea no es bien vista en el Ministerio de Justicia, donde la titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, Diana Conti, trabaja sobre otros ejes para lograr conocer el destino de los detenidos-desaparecidos. Pero Brinzoni no actúa sin conocimiento del ministro de Defensa Ricardo López Murphy, a quien la semana pasada al menos dos ministros lo criticaron duramente por haber permitido avanzar al tribunal militar y demorar el relevo de sus integrantes. Fuentes de esa cartera, consultadas por este diario, afirman que se relevará al fiscal militar y que ya hay nuevos nombres para reemplazar al Consejo Supremo de las FFAA. Veremos. Las organizaciones de derechos humanos estudian llevar la derivación de la causa de los niños robados en cautiverio al Consejo Interamericano de Justicia y hay mucha indignación en sectores del oficialismo, particularmente del Frepaso.