Una práctica antidemocrática que entronizó a los dictadores

Historia latinoamericana de fraudes revive en Perú

Alejandro Toledo, un ex lustrabotas, académico y autodescrito «cholo» andino, anunció que sólo reconocerá el resultado de la elección que lo enfrentó el domingo al presidente Alberto Fujimori si determina una segunda vuelta.

El motivo: un presunto fraude en marcha que atribuyó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que a dos días del comicio estaba dando una ventaja casi absoluta a Fujimori.

El jefe de la misión observadora de la OEA, el ex canciller guatemalteco Eduardo Stein, advirtió, a propósito de la demora en el cómputo de la ONPE, que «algo siniestro está pasando».

Las fuerzas de Fujimori «están preparando desde hace cuatro años este fraude y no lo van a abandonar ahora», dijo a Reuters en Lima una corresponsal extranjera sobre las ya triunfalistas declaraciones del mandatario.

Las denuncias de Toledo retrotrajeron a la memoria la antigua y sistemática práctica de fraudes en América Latina, que desencadenaron al menos dos sangrientas revoluciones sociales.

En 1876, el general mexicano Porfirio Díaz derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada e instauró un régimen que se prolongó 35 años al convertir las elecciones en mero formulismo.

Pero, sin pretenderlo, en 1910 sembró la semilla de la Revolución Mexicana de siete años, al anular una elección y encarcelar a su adversario triunfador, Francisco Madero, desencadenando asonadas populares que culminaron un año después con su renuncia y huida del país.

En Bolivia, otro fraude electoral de las clases dominantes en el poder desembocó en 1952 en la cruenta derrota del ejército en combates callejeros con insurrectos populares y en una triunfante Revolución Nacionalista que llevó a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro, el perjudicado vencedor en las urnas.

Ambos países, extrañamente, se embarcaron en procesos de predominio político absolutista, sustentados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en México, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en Bolivia.

El PRI, acusado de maestría en el fraude, cumplió en marzo 71 años de permanencia en el poder –un récord mundial sólo comparable al del Partido Comunista de la ex Unión Soviética– y enfrentará en julio la que se supone será la elección presidencial más reñida desde su fundación en 1929.

«No tengo la menor duda de que las elecciones de 2000 van a ser transparentes», afirmó en una reciente entrevista con Reuters el máximo responsable de la consulta y presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg.

Ese organismo, creado en 1990, conducirá la elección presidencial, por primera vez de manera plenamente autónoma e independiente del gobernante PRI. Atrás quedarán las «urnas embarazadas» (repletas previamente con votos para el PRI), los «votos taquito» (papeletas dobladas como si fueran una sola al momento del sufragio) y «carrouseles» de votantes que sufragaban en múltiples mesas.

Pero no sólo de argucias vivieron los partidos políticos latinoamericanos para gobernar.

En Argentina, un denominado «fraude patriótico» permitió a principios del Siglo XX a los conservadores proscribir por décadas a sus rivales radicales, a la postre siempre perdedores.

«La gente no votaba. Le sellaban la libreta y le decían ‘ya votó, ¡Váyase!'», relató el abuelo de un periodista de una agencia internacional de noticias.

«Y hubo un caso, probablemente una broma, en que el supuesto elector preguntó: ‘¿Y por quién voté?’, para recibir, en reprimenda, un ‘¡qué le pasa!, ¿no sabe que el voto es secreto?'», agregó el octogenario ex votante a su desconcertado nieto, quien pidió no ser identificado.

En Brasil, elecciones anteriores al golpe militar de 1964 se caracterizaban por el voto «cabestro», que ataba simbólicamente por el cuello a los mansos bueyes-votantes, todos amarrados con la compra del sufragio con comida, ropa o materiales de construcción, en especial en el empobrecido nordeste del país.

Los fraudes, sin embargo, también sirvieron de pretexto para muchos golpes y cuartelazos con que los militares jalonaron la inestable historia política de la región.

En Brasil, tras fracasar en un intento fraudulento por ganar una elección en 1930, el político Getulio Vargas fue apoyado por los militares para tomar el poder y se convirtió en dictador para gobernar el país con mano dura hasta 1945.

Paradójicamente, ganó nuevas elecciones convocadas en 1951, pero tres años después fue obligado a dimitir y se suicidó.

En Argentina, Arturo Illía, de la Unión Cívica Radical, ganó en 1963 la presidencia en una elección en que estuvo proscripto el peronismo, la fuerza fundada por el populista general Juan Perón y convertida entonces en la más poderosa del país.

Illía fue derrocado tres años después por el general Juan Carlos Onganía en el primero de varios escalonados golpes militares que condujeron a la Argentina a la sangrienta «guerra sucia» de la década de 1970 y a la dictadura instaurada en 1976. En Colombia, desangrada por la violencia política desde hace más de medio siglo, una primera denuncia de fraude involucró en 1970 a Misael Pastrana, padre del actual presidente conservador, Andrés Pastrana.

Años más tarde, en 1994, otro protagonista electoral hasta entonces insospechado –el narcotráfico– hizo su aparición en un país latinoamericano, al denunciarse que la campaña del liberal Ernesto Samper en Colombia fue financiada con seis millones de dólares del Cartel de Cali. Aunque Samper fue absuelto de cargos, las denuncias le desataron una explosiva crisis política interna.

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