Gobierno acusa al narcotráfico

Autoridades bolivianas denunciaron la actitud de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, que convocó a un paro indefinido en desacuerdo con una suba en las tarifas, y dijeron que la institución está «financiada por el narcotráfico» para «desestabilizar» al gobierno constitucional.

«Es una actitud de subversión absolutamente política financiada por el narcotráfico, que tiene por fin desestabilizar a un gobierno constitucional, democráticamente elegido, y suplantar a las intituciones legitimas», dijo el ministro de información, Ronald MacLean, al comentar la medida de fuerza de la Coordinadora.

La situación en Cochabamba tras la salida del consorcio ítalo-boliviano Aguas del Tunari, principal eje del conflicto, sigue siendo «de amplio enfrentamiento de provocación en una situación de estado de sitio», precisó el ministro.

Pese a la salida de Aguas del Tunari, la Coordinadora resolvió mantener la medida hasta que se libere a 22 compañeros detenidos y reclamó la revisión de la Ley de Aguas que está actualmente en el Parlamento boliviano.

La empresa ítalo-boliviana tenía a su cargo la administración de agua y proyectaba la construcción de un túnel para abastecer del servicio a toda la ciudad, previo aumento del 30 por ciento en las tarifas.

La Coodinadora del Agua –aseguró el ministro– «sólo está buscando pretextos para continuar con los actos de ocupación de la ciudad de Cochabamba».

El funcionario aclaró que mientras prosigan las medidas de fuerza ninguna comisión de alto nivel viajará a Cochabamba ya que no existen condiciones para el diálogo.

MacLean agregó que al gobierno le preocupa mantener el orden público por lo que continuará «con las medidas de prevención, un estado de sitio preventivo en el sentido de salvaguardar la seguridad de las personas y la propiedad».

MacLean aseguró que se superó el clima de desorden con la militarización del altiplano boliviano, la región identificada como foco de conflicto, especialmente en la zona rural de La Paz.

Desde la implantación del estado de sitio el sábado ordenada por el presidente Hugo Bánzer, se reportó oficialmente la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad (de 14 y 17 años, uno campesino y otro universitario), dos campesinos y un capitán de Ejército.