Obispos piden impuestos especiales a los poderosos

ISIDORO GILBERT

 

Alarmada como tantos otros sectores por la profundización de la pobreza y la marginalidad que puede provocar una «eclosión social», la Iglesia pidió «contribuciones excepcionales» a los grupos y sectores que más se beneficiaron en los últimos años con el modelo económico.

Aparentemente, nuevas gabelas no están en el interés del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, quien declaró que en la materia «no me gustan los parches». Demandas similares a la de los prelados se escuchan en el Parlamento y en un amplio espectro de sindicatos, entre otros.

¿Qué buscan los dignatarios católicos?: «ampliar urgentemente» los subsidios a los desocupados y la ayuda alimentaria. La solicitud fue hecha no sólo ante los inéditos niveles de pobreza que se acaban de conocer, sino también frente al temor de que se produzcan mayores convulsiones sociales y que éstas terminen arrastrando al gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

No es la única institución con ese pavor. En la cámara alta, el senador Raúl Alfonsín, que sigue siendo un hombre clave en la Unión Cívica Radical amen de ex presidente, advirtió que si Duhalde se cae, podría producirse un golpe de Estado.

Pero a diferencia de los obispos, Alfonsín cree que la intensa movilización popular, podría alentar a la derecha a buscar una salida de fuerza.

El diálogo parece entre sordos. La demanda –hecha por los tres obispos que participan, junto con el Gobierno y las Naciones Unidas, de la Mesa de Diálogo que busca consensos en torno a medidas que permitan sortear la crisis– fue, además, un modo de decirle a la dirigencia que no debe seguir esperando un improbable aporte inmediato de los organismos financieros para aumentar la ayuda social.

Sin embargo, tanto Duhalde como Remes Lenicov insisten que sin acuerdo con el FMI no hay salida para la crisis o esta será aún más penosa.

Cifras apabullantes

Las conversaciones con el Fondo están estancadas y el secretario del Tesoro, Paúl O’Neill volvió a decir que los argentinos no saben manejar su propio país. O peor aún, no saben lo que quieren.

«Es necesario que todos estemos dispuestos a hacer un esfuerzo excepcional: el Gobierno nacional, los provinciales, los bancos, los empresarios, las organizaciones sociales, en suma, la dirigencia toda», afirman los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Artemio Staffolani que participan de la Mesa del Diálogo. Pero los bancos, uno de los sectores responsables de la crisis, han publicado un manifiesto denunciando que son víctimas de agresiones.

Se refieren tanto a los «escraches» casi diarios que los ahorristas, iracundos, hacen en la City porteña, como también a numerosas órdenes de prohibición para salir del país de acreditados banqueros, juzgados por supuestas irregularidades.

Nunca como ahora, los bancos están en la picota. El «corralito» es invento de Domingo Cavallo para impedir una salida masiva de depósitos que colapsarían al sistema financiero, desnudo maniobras con los dineros de los ciudadanos y que no pueden ser repuestos.

Los obispos dijeron lo suyo después de que el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (Indec) revelara que 4 de cada 10 habitantes del gran Buenos Aires es pobre, según datos de octubre último. Incluso, en los distritos más populosos –Almirante Brown, La Matanza, Florencio Varela, Merlo o Moreno–, el porcentaje de pobres llega al 51,7%. Y sería aun superior en provincias del nordeste. Si se toma la Capital Federal y el conurbano, el índice es de 35,4%. Esto implica que, con respecto al 2000, hay 830.000 nuevos pobres. El Indec reconoce que habría 16 millones de pobres en todo el país. La población total es de 36 millones.

El gran enigma

El presidente admitió que los índices «son superiores a lo que habíamos creído» al asumir, por lo que anunció que el gobierno estudia la posibilidad de «duplicar los planes sociales», que ahora llegan, en teoría, a los 750 a 800 mil.

Para ello hacen falta 2.500 millones de pesos, unos 1.250 millones de dólares.

¿De donde salen? Esta es la cuestión que pone sobre la mesa el interrogante eterno: «¿Quién paga la crisis?». En búsqueda de esa respuesta es que se producen las grandes movilizaciones y se erizan los lobby de las grandes empresas, exhibiendo el gran forcejeo nacional, y no el acuerdo que andan buscando prelados, partidos y sindicatos, frente a la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos.

Ayer Duhalde deslizó la posibilidad de que no puedan abonarse los sueldos de los empleados públicos. Rodolfo Daer, el hasta ayer silencioso secretario de la CGT (oficial) respondió que eso provocaría un estallido social. *