Una semana complicada

Errores en la búsqueda del camino más rápido para conseguir su aprobación, tal vez una sobreestimación de la importancia de la norma, le complica a De la Rúa la relación con el Senado Nacional, donde el peronismo es mayoría y huele que tiene, amén del número, más fuerzas que tres meses atrás.

Ya se sabe del trámite: para encontrar mayor consenso: el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, negoció algunas modificaciones del proyecto, que, aunque se niegue, le retorna a la vieja dirigencia algunos poderes que el texto original lijaba. Pero el acuerdo se concretó con personas de vida rumbosa y desprestigiados.

«Estuvimos a punto de romper con una tradición ética y quedar pegados con quienes siempre despreciamos por su conducta», cuenta un ministro ajeno al tema laboral que le comentó al Presidente. Para peor, el sindicalismo pactista apurado por la CGT disidente, se desdijo de su palabra, como estaba escrito en las escrituras.

Después de este trajín se ordenó desnudar a los sindicalistas con duros spots de TV, confrontándolo con la gente, recordando la pasividad de la mayoría de ellos cuando se crearon las condiciones económicas para que la desocupación y el trabajo «en negro» treparan.

Por ahora, no se observa un camino de retorno para el diálogo entre Trabajo y el sindicalismo, por la acusación de Hugo Moyano a Flamarique de que éste le confió que podía «sobornar» a los legisladores renuentes de la Cámara alta.

Es difícil creerle al líder camionero, pero sus dichos cabalgan sobre una realidad: la sospecha que algunos senadores cobran «peaje» para santificar o enterrar asuntos.

La política corrupta

El ministro sí conversó con el vicepresidente, Carlos «Chacho» Alvarez, sobre las formas adicionales posibles al debate político para lograr la sanción, amén del fundamento sobre su necesidad. Más de un senador peronista acepta para sus provincias lo referente a la descentralización de los futuros convenios colectivos. En el espacio del toma y daca, hay normas aplicables en cualquier Parlamento del mundo: pertenecen al campo de la negociación.

Pero Alvarez, desde el primer día que asumió como titular del Senado, dio todas las señales que en lo que se llama «la valija» lo encontrará en la vereda de enfrente.

El mismo, sin embargo, encuentra dificultades para disminuir la grilla de empleados del Senado: sobran no menos de la mitad de ellos, un dineral; ñoquis amparados por los viejos partidos, algunos de ellos, discapacitados, que jamás han ido a un despacho, como si la Cámara alta fuera Emaús. Más aún: le siguen llegando nuevos pedidos, que él por ahora lleva a la vía muerta.

Lo peor para la Alianza en esta desgraciada controversia es que quede pegada con el sambenito de que «todos son iguales», cuando han venido dando muestras de transparencia, comenzando por el Presidente.

El malestar por la meseta económica, la sensación de inmovilidad que no condice con la cantidad de iniciativas que genera el Poder Ejecutivo, pero que la carencia de resultados da espacio a esa acusación; la obsesión del equipo económico por no mostrarse heterodoxo no le da espacio público a la ley Laboral.

La política con los militares genera malestar en un ala de la Alianza: se respaldó desde el poder el ascenso de oficiales acusados de participar de la «guerra sucia». Los viejos represores jubilados creen que tienen más espacios e impulsaron pasar las investigaciones por los bebés robados en cautiverio al Consejo Supremo de las FFAA. La maniobra fue desbaratada de todos modos: el Presidente relevó a los integrantes del tribunal militar que, además, es incompetente para atender este drama.

En este cuadro el peronismo del Senado discute estirar la aprobación de la ley Laboral para después de las elecciones porteñas de mayo. Si triunfa la Alianza, como cree un sector del PJ, es más seguro que no la fuerce a modificaciones que el gobierno hoy no quiere.

Las desdichas de Ruckauf

Este tironeo con el peronismo era previsible. En cambio, el gobernador de Buenos Aires no pensó que su referente para la política de seguridad, el ex «carapintada» Aldo Rico, le habría de generar una crisis que puede poner en peligro sus ambiciones políticas con vistas al 2003.

Carlos Ruckauf aparentemente no sabía sobre la foto del origen del escándalo, esa que exhibió Rico que mostraba a un custodio presidencial que él confundió con su ex conmilitón y sujeto de avería, Carlos «El Indio Castillo». El ex «carapintada» ahora cree que la Alianza, o la SIDE, «le hizo la cama», poniéndole a disposición el elemento de su desgracia política.

Esta tesis conspiradora tiene un basamento: una voz anónima le informó que un diario bonaerense publicó la foto «donde está su enemigo», es decir «el Indio». «Compró, porque es loco», comentan en La Plata. Y el ministro del Interior, Federico Storani, elaboró una estrategia para desbaratar la andanada contra De la Rúa hasta convertirla en un boomerang. Esperó para exhibir al oficial de la policía, que era custodio de De la Rúa y confundió a Rico.

Como Mao Tsé-Tung y su política de las 100 flores, el gobierno provocó que cada actor dijera lo suyo, enredando, entre otros, al vicegobernador Felipe Solá, que creyó en la denuncia, y dejando que Ruckauf pensara que el gobierno nacional estaba metido en un lío.

Los hechos pusieron en crisis a su política antidelito, la que reitera con la designación como ministro de Seguridad de un comisario que perteneció a la «Maldita Policía», que fue disuelta y ahora se revierte esa reorganización.

Rico revirtió la tendencia moralizadora dentro de la Policía bonaerense con la recreación del antiguo sistema de autofinanciación por métodos ilegales. Es que la mayoría de las comisarías y brigadas no recibe partidas para su funcionamiento cotidiano. Esto abre nuevamente el campo de la corrupción. Además, las torturas en comisarías treparon siete veces, según el Defensor Oficial bonaerense: el delito, no cae.

La caja de Pandora

Tal vez aquí esté la respuesta de por qué Ruckauf no cortó por lo sano despidiendo al ex carapintada cuando agravió al Presidente, aunque estuviera fuera del país. Esa era la mejor manera que tenía el gobernador para excusarse ante De la Rúa y no quedar pegado a ese oscuro movimiento que, sin proponérselo, destapó la Caja de Pandora de lo peor de la política secreta.

No es improbable que una puja por la sucesión en la provincia se haya ya desatado en el peronismo.

Ruckauf tenía otro esquema de relevo cuando se encontraba en Nueva York. Pensaba colocar en el ministerio vacante al titular de Justicia, Jorge Casanovas, un lector apasionado de San Agustín y el teórico de la versión bonaerense de la «tolerancia cero» y mayores poderes para la Policía, y a éste, por un juez federal de prestigio, Adolfo Bagnasco, que quiere ingresar al campo de la política.

Casanovas cosecha fracasos en el Poder Judicial: dos juzgados dictaminaron como inconstitucional puntos de la reforma de la ley de procedimientos para la Policía. Deberá volver a confrontar con una legislatura menos dispuesta que antes de la crisis y que controla la Alianza para conseguir otras normas legales para su concepción para terminar con la inseguridad.

El gobernador resolvió la crisis como si simplemente aceptara un deseo de Rico de retornar a San Miguel y reafirmando que los cambios de nombres no significa modificar la política.

No desconoce que entró en desgaste y que el caso Rico-«Indio» Castillo y los ex «carapintadas» que tienen facturas con el «Ã‘ato» reflotaron escándalos como el viejo caso del soborno en el que
habría incurrido Eduardo Duhalde para conseguir, en 1994, su reelección.

Duhalde había logrado mantener congelada la investigación del affaire que destapó el periodista Hernán López Echagüe en su libro «El Otro». Ahora, el expediente se reactivó.

Pero serían más comprometedores para Rico dos temas: primero, la acusación de que está relacionado con el contrabando de combustibles, asunto también que está en los tribunales. Y que a su ex colaborador Castillo lo indagan por el caso de la AMIA, la mutual judía que hace años tiene irresoluta una «pista carapintada».

Todo es extraño y mucho, casual. La voladura encontró a Ruckauf como titular de Interior y su nuevo ministro de Seguridad, el comisario Ramón Verón, fue, luego, un poco eficaz investigador del caso cuando lo convocó el juez Juan José Galeano.

Es poco locuaz, con lo que el gobernador puede quedar muy expuesto y puede tener una crisis en poco tiempo. Se verá.