Las FARC dispuestas a una tregua si se abandona el Plan Colombia

En una jornada en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno deben definir cómo será de acá en adelante la participación internacional en el proceso de paz, la agrupación insurgente emitió un documento en que exige una serie de condiciones para discutir el cese al fuego.

En ese documento, de siete puntos, las FARC reclaman la salida de los asesores militares estadounidenses y la suspensión del Plan Colombia de lucha antidrogas, parcialmente financiado por Washington, y la suspensión de la extradición de nacionales, considerada por Estados Unidos un punto clave contra el narcotráfico.

Este reclamo se conoció en momentos en que una delegación de Washington, encabezada por el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Políticos, Marc Grossman, visita Bogotá.

Grossman dijo el martes que la reciente ofensiva de las FARC demuestra que ese grupo no tiene voluntad de paz y reconoció que Washington estudia la posibilidad de extender a la lucha contrainsurgente la ayuda militar del Plan Colombia, para proteger la infraestructura petrolera y energética del país andino.

Además de estos temas relacionados con Estados Unidos, en su documento las FARC plantearon también la necesidad de una depuración del ejército, el combate a los paramilitares, la reducción del gasto militar colombiano, la modificación de la que llama política económica neoliberal imperante en el país andino y que el gobierno de Bogotá nacionalice las empresas cedidas a las multinacionales.

Asimismo las FARC exigen el castigo a los funcionarios corruptos y un canje de policías y militares en poder de la insurgencia por los guerrilleros encarcelados, como condición para discutir el cese al fuego y hostilidades.

El documento rebelde, que ya está en poder del Ejecutivo y que fue difundido en la zona desmilitarizada del sur del país, propone discutir en primer lugar la Doctrina de Seguridad Nacional y el «paramilitarismo de Estado», flagelo que describe como «la mayor dificultad» para llegar a un acuerdo sobre la tregua bilateral. «En desarrollo de esta doctrina, el Estado ha desatado una guerra no declarada contra el pueblo colombiano, en la que gasta más de una tercera parte del presupuesto nacional, y en la que intervienen asesores militares extranjeros, particularmente estadounidenses, en una indignante violación de la soberanía nacional», enfatizaron las FARC.

Este documento es una respuesta a una propuesta que el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, hizo el lunes para acordar con esa agrupación una tregua de seis meses prorrogable con cese al fuego y hostilidades.

El gobierno señalaba que en esa tregua las FARC deberían suspender secuestros, extorsiones, hostigamientos a la población civil, uso de minas antipersonales, actividades relacionadas con el narcotráfico, entre otros puntos.

A comienzo de año una grave crisis estuvo a punto de terminar con el proceso de paz, y sólo gracias a grandes esfuerzos y una gestión de la comunidad internacional se salvó con un acuerdo el 20 de enero en que se hizo un compromiso para llegar a unos primeros acuerdos de cese al fuego el 7 de abril próximo.

Pero desde una semana antes de llegar a ese acuerdo, las FARC iniciaron una escalada de violencia que no ha cesado, y que ha tenido como balance más de 140 muertos y la voladura de unas 50 torres de energía.

Esta oleada ha generado un malestar enorme y ha motivado un rechazo de la dirigencia colombiana, que pide a las FARC cesar toda actividad violenta.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos propuso el lunes pasado una ayuda de 98 millones de dólares para la protección contra los ataques insurgentes de la infraestructura petrolera y energética. En concreto la protección sería para el oleoducto Caño Limón-Coveñas, atacado en 170 ocasiones el año pasado y en 13 en lo que va corrido del 2002.

Grupos humanitarios en Washington han declarado su oposición a la ayuda militar a Colombia, indicando que el país sudamericano no ha cumplido su compromiso en la depuración de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

El gobierno colombiano mantiene un proceso de paz paralelo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que –según el Ejecutivo– avanza de manera satisfactoria aunque no se ha llegado a ningún acuerdo sustantivo. *