Detienen a Astiz y hay controversias en el gobierno

ISIDORO GILBERT

 

El juez federal Sergio Torres ordenó ayer la detención del ex militar y después de prestar declaración será trasladado a una unidad militar. La captura de Astiz está relacionada con la petición de extradición librada por la Justicia sueca por el secuestro y asesinato de la joven Ragnar Hagelin, nieta de suecos.

Esta resolución judicial contradice lo dispuesto por un reciente decreto del ex presidente Fernando de la Rúa, que ordenó rechazar todas las peticiones de extradición formuladas por jueces extranjeros por hechos ocurridos durante la última dictadura militar.

El ex oficial de la Armada estuvo este año detenido algo más de un mes, pero la jueza María Servini de Cubría tuvo que ponerlo en libertad después de que el gobierno decidió no extraditarle a Italia y Francia.

La Justicia italiana pretendía someter a Astiz a un proceso por la desaparición en Buenos Aires de tres personas de esa nacionalidad durante la dictadura.

Por su parte, los tribunales franceses pretenden encarcelarle por el secuestro y la desaparición en 1977 de las monjas de esa nacionalidad Alice Domon y Leonie Duquet, proceso por el cual el ex capitán de fragata fue condenado en ausencia a cadena perpetua en París en 1990.

Ante las numerosas reclamaciones de magistrados extranjeros que pretenden juzgar en sus países a ex represores argentinos, tanto el gobierno de Carlos Menem como el de su sucesor, De la Rúa, que renunció a la Presidencia hace una semana, se basaron en los principios de «territorialidad» de las leyes y «de cosa juzgada» para rechazarlos. Días antes de dimitir, De la Rúa firmó un decreto que ordenó no aceptar ninguna petición de extradición.

Pero las nuevas autoridades argentinas, encabezadas por el presidente interino, Adolfo Rodríguez Saá, prometieron revisar la medida y analizan su anulación. El secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, Alberto Zuppi, declaró que impulsará «una corrección de la postura invasiva al Poder Judicial que hasta ahora tuvo el Poder Ejecutivo en esta materia».

Zuppi se refirió al decreto firmado por el gobierno renunciante que prohíbe la extradición de militares y civiles acusados de violación a los derechos humanos. El secretario de Justicia es un especialista en derecho internacional que defiende el principio de la justicia universal e interpreta que la reforma de 1994 a la carta magna incorporó al texto la extraterritorialidad. O se juzga en el país o se extradita a los represores, sintetizó.

Pero en un gabinete muy heterogéneo donde, por caso, el secretario de Defensa, Hugo Franco, ha sido denunciado por sus relaciones en el pasado con el ex almirante Emilio Massera, ya saltaron oposiciones. De su parte, el canciller, José María Vernet, sin confrontar con Zuppi, logró demorar el decreto anulatorio por medio de formar una comisión con especialistas de Justicia y Cancillería para aconsejar al Presidente. *