Las agresiones de Sharon superan todos los límites

La prohibición de Sharon a que Arafat participara de las celebraciones de Nochebuena en Belén, territorio palestino, supera cualquier límite en materia de represión, violación de derechos y desconocimiento de la soberanía.

Es otro hecho demostrativo de que el gobierno israelí pretende enseñorearse por la fuerza de los territorios palestinos y reducir a cero su autonomía. Por eso suscitó una oleada de repulsa internacional. Pero Sharon no se inmuta, acostumbrado como está a imponer su voluntad aún contra el criterio de la comunidad mundial.

Con apoyo de EEUU

Y también, en este caso, contra buena parte de la opinión pública israelí, que por razones diversas reprobó este acto de prepotencia extrema, inserto en los planes de guerra total y de retaliación «brutal y desproporcionada» del gobierno. Con un agravante: horas después el ejército israelí penetró en Jordania, violando una frontera desde hace largo tiempo en calma, extendiendo la guerra fuera de los límites del estado. Al otro día, los blindados ocuparon una población de la ribera occidental.

Esto se suma a los ametrallamientos con misiles desde helicópteros, a los asesinatos selectivos y colectivos, a la irrupción de tanques para ocupar territorios y bloquear carreteras, a las topadoras que arrasan viviendas y edificios de la autoridad palestina, en una espiral de sangre exacerbada en las últimas semanas, unida a la negativa abocada de reanudar un diálogo con vistas a la paz.

Estados Unidos apoya estas acciones militar y diplomáticamente. En este plano, vetó la interposición de una fuerza internacional de paz en los territorios, promovida como forma de contención de las masacres. Y reiteró esta actitud el 15 de diciembre vetando nuevamente la propuesta aprobada en el Consejo de Seguridad que establecía la presencia de observadores internacionales neutrales.

El informe de los juristas

Acaba de publicarse un informe de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) que resume los resultados de la investigación efectuada por tres juristas que visitaron Medio Oriente: Beinusz Szmukler, secretario de la AIJD y presidente de la Asociación Americana de Juristas; Audrey Bomse, de la National Lawyers Guild, filial norteamericana; y Giulio Toscano, fiscal en la Corte de Apelaciones de Catania, Sicilia, y miembro del Consejo Nacional de «Magistratura Democrática».

El documento señala que «Israel, equipado con los más avanzados bombarderos, helicópteros, tanques y misiles donados por EEUU, sin mencionar sus propias armas nucleares, ataca a un pueblo desposeído y prácticamente desarmado. Ni siquiera Sudáfrica, durante el apartheid, utilizó jets F16 para bombardear poblaciones, como ahora lo hace Israel contra pueblos y villas palestinas». Agrega que, invocando la lucha antiterrorista, «Israel escala el nivel de represión, agravando el cerco, tomando más tierras, lanzando incursiones más profundas en las ciudades palestinas, haciendo más intolerable la vida de las víctimas de la ocupación».

Luego detalla minuciosamente una lista apabullante de violaciones de derechos humanos por parte de Israel, que se sintetizan así:

1) Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, agravado por el hecho de que un porcentaje considerable (que está cuantificado) de las víctimas palestinas fue objeto de disparos en el cuello y la cabeza, en el pecho y el abdomen.

2) Restricciones a la libertad de circulación. Clausuras internas y externas separan a Cisjordania y Gaza entre sí y del resto del mundo, del mismo modo que se impide la circulación de un pueblo a otro. En los puestos de control israelíes se detiene por horas y se humilla a los palestinos, impidiéndoles viajar, adquirir alimentos y obtener atención sanitaria.

3) Ejecuciones extrajudiciales, o sea justicia por mano propia.

4) Confiscaciones de tierras y demoliciones de casas, cortes de electricidad y de agua.

5) Ocupaciones ilegales de territorio. A diciembre de 2000, 400.000 colonos israelíes salpicaban el paisaje palestino: 199.000 vivían en 145 colonias en Cisjordania y Gaza, y 200.000 en ciudades alrededor del ocupado Jerusalén Este.

6) Destrucción de la economía local (de la agrícola, de los olivos y cítricos), desempleo forzoso, violación de los derechos de los trabajadores palestinos. Apropiación del uso del agua por parte de Israel.

7) Jerusalén oriental. La resolución 267 del Consejo de Seguridad condenó como ilegal la conquista de Jerusalén Este (que es parte de Cisjordania), así como todas las medidas destinadas a modificar el status de la ciudad. A pesar de ello, los palestinos sufren demoliciones de viviendas, expulsión a los suburbios, denegación de permisos de construcción y una tributación injusta.

Torturas, cortes militares, terrorismo de Estado

El informe detalla las formas de tortura practicadas en las cárceles israelíes, confirmando las denuncias de Amnesty International (memorándum publicado el 11 de noviembre). Menciona las detenciones ilegales y la instauración de cortes militares, que coartan el derecho al debido proceso.

En cada caso se señala con precisión las disposiciones de derecho internacional que son objeto de violación, en particular diversas convenciones de Ginebra.

La conclusión es que «el gobierno israelí es responsable de una política de terrorismo de Estado que contiene numerosos elementos tipificables como crímenes de genocidio y ‘apartheid'». *