El peligro de ser legislador en la violenta Colombia

Pero hoy, este improvisado tapiz de caras, algunas sonrientes, otras serias, tiene un significado más oscuro en este país andino: son los congresistas secuestrados y posiblemente asesinados.

Mientras que el proceso de paz está al borde de un colapso, las guerrillas izquierdistas siguen secuestrando a legisladores para intercambiarlos por comandantes rebeldes encarcelados que necesitan en el campo de batalla.

Al mismo tiempo, los paramilitares de ultraderecha también están a la «caza» de otros congresistas que tienen supuestos vínculos con las guerrillas.

En la Cámara de Representantes, temerosos parlamentarios pasaron recientemente una vigilia a luz de las velas en honor a sus colegas secuestrados y en protesta contra sus atacantes en medio de la guerra que azota a Colombia desde hace 37 años.

«La situación del Congreso es lamentable. Todos somos objetivos y ellos pueden cogernos en cualquier lugar y a cualquier hora», aseguró el representante Juan Manuel Corzo, quien fue secuestrado por rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un avión, junto a 39 pasajeros, en 1999. El legislador permaneció cautivo durante 17 meses en medio de zonas selváticas controladas por la guerrilla.

Imágenes borrosas de legisladores secuestrados y asesinados fueron proyectadas en una improvisada pantalla colocada en la sala de votación del Congreso. Seis de ellos aún trabajaban en agosto.

Vestido con un traje gris y una corbata color mostaza, un congresista tocó el codo de una colega sentada a su izquierda, en señal de algo. Ella vio una fotografía del representante Jairo Rojas y no pudo contener las lágrimas.

Rojas, de 37 años, era uno de los más jóvenes y exitosos integrantes del Congreso colombiano. El fue quien organizó el primer encuentro, hace tres años, entre miembros de la campaña del actual presidente Andrés Pastrana y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tiene unos 17.000 combatientes.

Cuando los rebeldes de esta guerrilla asesinaron en diciembre de 2000 a Diego Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Rojas lo sucedió en el cargo. El legislador se rehusaba a tener escolta, le incomodaba. Pero desde que ocupó la silla curul de Turbay, las amenazas de muerte aumentaron y sus asistentes le insistieron en que debería permanecer con vigilancia durante el día. Sin embargo, una tarde de un miércoles de setiembre, después del trabajo, Rojas envió a casa a sus guardaespaldas y decidió conducir solo hasta su apartamento al norte de Bogotá.

Hombres armados lo siguieron, pero él se dio cuenta y paró en una estación de servicio. Ya con pánico, Rojas llegó a su apartamento y logró entrar al estacionamiento subterráneo del edificio forzando las rejas, pero segundos después terminó acribillado. Recibió siete balazos, el último a quemarropa.

La policía nunca capturó a los homicidas, pero versiones de congresistas señalan como autores a los paramilitares de ultraderecha, quienes se oponen a los diálogos de paz con los rebeldes. Pero lo más extraño en el asesinato de Rojas es que su caso apenas alcanzó a ser registrado de manera breve en la primera página de un diario de circulación nacional. En su honor no hubo marchas de protesta ni llamados a huelgas nacionales.

Lo mismo ocurrió con el homicidio, el mes pasado, del representante Luis Alfredo Colmenares en una concurrida calle de Bogotá. También en el caso de su colega Octavio Sarmiento cuando visitaba su finca de recreo en el noreste del país.

Estas muertes deberían sorprender. Incluso durante la sangrienta guerra contra los cárteles de las drogas de Cali y Medellín, los legisladores rara vez caían en medio de la balas. De los seis congresistas asesinados en los últimos tres años, la mitad ha muerto en setiembre.

Quizá los colombianos hayan perdido la sensibilidad después de casi cuatro décadas de guerra. Más de 40.000 personas murieron la pasada década por la violencia desatada en el conflicto, que ha llegado a niveles de barbarie nunca vistos.

Pero la indiferencia también puede obedecer a que el Congreso es una institución débil y ensombrecida por generaciones de presidencias bajo presión de la guerra. Además, está plagado por la corrupción, que se evidencia desde baños de un millón de dólares hasta el financiamiento de campañas con dineros del narcotráfico. Un escándalo siempre opaca al anterior.

«Ante la opinión pública somos una vergüenza (…) Somos unos zánganos», declaró el senador Jaime Lozada.

«Nos han montado una satanización, lo cual, lamentablemente, para el Congreso es malo en este momento», comentó.

Sentado en su oficina, Lozada rayaba recientemente con nerviosismo su portapapeles mientras decía «sí» y «yo entiendo» más de una docena de veces a su interlocutor telefónico.

Al otro lado de la línea, un general del ejército le informaba que todavía no se tenían noticias de su esposa e hijos, quienes cumplían tres meses secuestrados

«Siendo un congresista en principio uno cree que puede manejar los hilos del poder», afirmó Lozada visiblemente acongojado. «Pero lo que he notado es que frente a esto de la subversión y frente del secuestro somos los más perseguidos, lo más vulnerables y los más inermes e impotentes», agregó. Lozada se culpa a sí mismo del plagio porque él no estaba en casa cuando rebeldes de las FARC incursionaron en su apartamento en la ciudad de Neiva, al sureste colombiano.

Usando explosivos para volar las puertas, los guerrilleros se llevaron a la media noche a su esposa e hijos, de 9 y 12 años.

El general le insistió a Lozada con que los rebeldes se llevaron a sus familiares a un enclave desmilitarizado del tamaño de Suiza en el sur del país. Este territorio está bajo su control de las FARC desde que el gobierno de Pastrana se los cedió en 1998 como escenario para desarrollar los diálogos de paz.

El secuestro se produjo después de que el jefe militar de las FARC, Jorge Briceño alias «Mono Jojoy», anunció una oleada de plagios contra legisladores y miembros del gobierno durante una reunión secreta en junio, en medio de la jungla, y en la que Reuters estuvo presente.

«Hay que coger gente del Senado, de la Cámara, magistrados y ministros, los que integran los tres poderes y verán cómo gritan», aseguró el «Mono Jojoy».

Los secuestros extorsivos de las FARC, con los que financian la guerra, hacen de Colombia la capital mundial de este delito, con un promedio de 10 personas plagiadas al día en 2000.

Pero el «Mono Jojoy» sostuvo que los legisladores no serían capturados por dinero, sino como instrumentos para presionar al gobierno por la liberación de sus camaradas. El secuestro parece estar en un distante segundo lugar dentro de la agenda del gobierno y las FARC en el frágil e impopular proceso de paz. Los rebeldes se han rehusado a negociar con el gobierno durante más de un mes, y se aproxima el 20 de enero, fecha en la que vence el plazo de entrega del enclave desmilitarizado. Si Pastrana cumple su amenaza de acabar con esa zona, sería el fin de las conversaciones. Los comandantes de las FARC huirían hacia escondites secretos y los secuestrados soportarían un cautiverio prolongado con el riesgo de caer en medio del fuego cruzado. *