Bush a la defensiva por tribunales militares y poderes especiales

La administración del presidente George W. Bush negaba ayer miércoles ante el Congreso que quiera coartar las libertades individuales en nombre de la lucha antiterrorista, pero no lograba convencer totalmente a los congresistas, crecientemente escépticos ante el ejecutivo.

«Seguimos de manera agresiva y sistemática una investigación de envergadura nacional e internacional, pero estimamos que lo hacemos en el marco de los límites cuidadosamente establecidos por la constitución», declaró el Fiscal general (ministro de justicia) adjunto Michael Chertoff en una audiencia ante un comité del Senado.

«¿Somos duros y agresivos? Es cierto, pero todas las medidas que fueron tomadas respetan la constitución, la ley federal» y los derechos de quienes están detenidos en Estados Unidos, afirmó ante los legisladores del Comité judicial del Senado.

Estos nunca ocultaron sus inquietudes sobre la voracidad mostrada después de los atentados del 11 de setiembre por la administración, que se dotó de poderes considerablemente ampliados para la lucha antiterrorista.

El propio Congreso, con una ley votada el mes pasado, reforzó los poderes del gobierno para asistirlo en esta lucha, pero una serie de recientes decisiones de la administración, entre ellas la instauración de tribunales militares especiales para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo, suscitan una creciente inquietud.

Además de la creación de esos tribunales, la administración Bush se atribuye también la potestad de poner bajo escucha las comunicaciones de los abogados de los detenidos en el marco de la investigación sobre los atentados, sospechosos de incitar al terrorismo a sus células.

Desde entonces, muchos legisladores demócratas y republicanos se preocupan por las amenazas que ello implica para las libertades individuales y el eventual cuestionamiento de las prerrogativas de la rama legislativa.

«Esta administración parece dispuesta a actuar sola, sin autorización ni consulta previa del poder legislativo», criticó el miércoles el presidente del comité, el demócrata Patrick Leahy, refiriéndose a los tribunales militares, sugiriendo que el ejecutivo habría excedido sus poderes.

«Las acciones del departamento de Justicia después del 11 de setiembre suscitan serias interrogantes e inquietudes», agregó, llamando a las autoridades a «confiar» en las instituciones vigentes. Pero según Chertoff, el gobierno estadounidense necesita todas las herramientas a su disposición, principalmente para luchar contra «las células inactivas» de supuestos terroristas, que podrían atacar nuevamente en territorio estadounidense.

Para apaciguar al Congreso, el Fiscal general John Ashcroft había revelado la víspera que presuntos miembros de la red Al Qaeda del extremista musulmán Osama bin Laden se encuentran en detención preventiva en Estados Unidos, en un grupo de 600 personas arrestadas en el marco de la investigación sobre los atentados.

Según Ashcroft, el departamento de Justicia presentó acusación contra 104 personas por crímenes contra el estado federal, 55 de los cuales están detenidos.

Otras 548 personas se encuentran actualmente en prisión por haber violado leyes migratorias estadounidenses, en el marco de la investigación de los atentados del 11 de setiembre, indicó Ashcroft. *