El presidente De la Rúa busca apoyo para salir de la crisis

Fernando De la Rúa piensa mañana reunir a organizaciones empresariales y sindicales, para concertar un programa que le dé a su desgastado gobierno instrumentos que permitan salir del estancamiento de más de 40 meses, dar un nuevo impulso a la reestructuración de la deuda externa y lograr que el FMI habilite un crédito de 1.260 millones de dólares para levantar vencimientos inminentes y zafar de la peligrosa cesación de pagos.

La concertación y los llamados a la unidad nacional han sido recurrentes pedidos del presidente, pero todas las exhortaciones al final languidecieron. Ahora, la tónica la están dando en realidad los «grupos productivos» con el respaldo de al menos la CGT oficial, con la novedad que se sumó el titular de la entidad que agrupa a los bancos.

El gobierno ha puesto límites a los temas para la agenda, porque ni la convertibilidad, para muchos la causa del estancamiento, ni la política de «déficit cero» serán materia de debate. La cuestión es cómo se llega a evitar el déficit fiscal sin cargar una vez más sobre los sectores populares. Para mejorar el tipo de cambio, los industriales quieren replantear fundamentalmente la relación con Brasil, para poder implantar un sistema de aranceles que mejoren la competitividad en un 30%. La Cancillería ha advertido que ese y otros temas conexos deben ser negociados en el marco del Mercosur.

En el Parlamento no ha tenido éxito debatir un impuesto a las grandes fortunas y a las empresas con ganancias exorbitantes, sobre todo las de servicios públicos privatizada bajo el menemismo, para poder lograr entre mil y 1.500 millones de dólares que permitan eludir algunos recortes como no pagar el año próximo el aguinaldo o reducir los beneficios de las asignaciones a sectores asalariados por cada hijo o esposa, una poda a los ingresos muy fuerte.

Una alternativa sería que las empresas acepten adquirir un «Bono Patriótico» a interés cero, a pagar dentro de tres años.

No está claro si los partidos políticos estarán en la primera mesa de concertación, que de modo equivocado ha sido comparada como un Pacto de la Moncloa a la criolla, pensando que ese acuerdo español para facilitar la transición democrática, fue el impulsor del desarrollo económico de España. Las relaciones entre el gobierno y el peronismo tienen un test inminente: la designación de un justicialista como titular de la Cámara alta, un paso que el Presidente considera como una agresión.

La división en el seno del peronismo pone obstáculos adicionales a un entendimiento. Hoy Carlos Menem piensa reunir al Consejo Nacional del Partido Justicialista, del que es titular, para probar si su poder de convocatoria ha mejorado con su libertad. Los gobernadores del PJ más importantes han anticipado que no concurrirán al encuentro.

De todas maneras la idea sería que una coincidencia amplia podría revertir la actual situación de estancamiento y de crisis política. No es fácil, porque hay un verdadero forcejeo sobre quien recaerán los mayores costos.

En medio de este proceso, el gobierno espera que el FMI desembolse créditos acordados para evitar la cesación de pagos. Una misión del Fondo está aquí pero corrobora que los números de las cuentas fiscales no coinciden con el compromiso de déficit cero. ¿Habrá un «waiver» (perdón)? Es lo que aguarda el ministro de economía, Domingo Cavallo.

No espera solamente eso; necesita cerrar un acuerdo con los bancos locales por el cual éstos acepten refinanciar las deudas de las provincias a una tasa no mayor al 7% anual. Esa fue la condición por la cual los gobernadores firmaron un nuevo pacto fiscal que autoriza al gobierno cortar en un 13% las partidas por coparticipación de impuestos. Algunos bancos reclaman una compensación por esa rebaja de tasas, a la que se opone Cavallo. Hay versiones de que algunos bancos sufrirían perdidas por ese canje que pondría en zozobra el sistema financiero.

En cambio, la reestructuración de la deuda externa, por ahora la parte de los bonos que tienen bancos, fondos de pensión y otros grupos radicados en el país, parece avanzar dentro de los objetivos que se dio la cartera de economía. La ronda más brava se abrirá más tarde con los tenedores foráneos. Algunos bancos amenazan con llevar a los tribunales lo que consideran incumplimiento de los compromisos por parte de la Argentina.

Pero ayer se anunció que el FMI permitiría a las naciones con deudas insostenibles suspender temporalmente el pago de sus obligaciones y bloquear la salida fuerte de divisas. Generaría protección judicial contra la presión de los acreedores. El mecanismo reduciría la incertidumbre y aseguraría el ingreso de flujos de capital hacia los mercados emergentes.

El organismo tratará la aprobación de la propuesta antes de finales de año, señaló la subdirectora ejecutiva, Anne Krueger.

Sin embargo, Cavallo habría dicho a los empresarios y sindicalistas que negocian la concertación que el FMI «presiona para que devaluemos». El ministro supone que un conjunto de bancos extranjeros buscan terminar con la paridad de un dólar igual a un peso para aumentar su rentabilidad. Complicado. *