Gobernadores peronistas rechazaron acuerdo fiscal

En la tarde del jueves, los gobernadores justicialistas formalizaron su rechazo a un acuerdo, firmado más temprano por los gobernadores oficialistas, para recortar los fondos que se giran cada mes a las provincias en concepto de reparto de impuestos federales.

«El acuerdo no se firma, la propuesta es inaceptable», dijo a Reuters un portavoz del gobierno de la norteña provincia de Jujuy.

El fallido acuerdo deja al presidente Fernando de la Rúa con las manos vacías para su encuentro del domingo con su par estadounidense George W. Bush, a quien tenía previsto presentar el consenso con las provincias como respaldo para solicitar nuevos desembolsos en apoyo a un plan de reestructuración de la deuda pública.

El gobierno había emplazado el jueves por la mañana a los gobernadores provinciales peronistas para que firmaran el pacto.

El rechazo suma dudas al plan del gobierno para reestructurar masivamente su deuda y así evitar que el país caiga en un incumplimiento de pagos que afectaría al resto de los mercados emergentes.

El pacto fiscal permitiría al Estado federal girar a las provincias menos fondos de los que está obligado a pagarles a cambio de ayudarles a negociar con los bancos la refinanciación de unas abultadas deudas, por 10.000 millones de dólares.

El gobierno necesita con urgencia esos ahorros para enfrentar vencimientos de la abultada deuda pública de 132.000 millones de dólares, mientras da los toques finales al gigantesco canje de bonos con que busca reducir el costo de sus servicios financieros.

Pero, sobre todo, la firma del pacto mostraría que el debilitado De la Rúa –cuya popularidad está en bajísimos niveles tras sus fracasos por reactivar una economía estancada desde 1998– consiguió algo de oxígeno para su gestión. «Se ha terminado el tiempo. Hoy (jueves) a las cuatro de la tarde (1900 GMT) los señores gobernadores justicialistas tendrán que venir a firmar y, si no, no habrá acuerdo», había ultimado por la mañana el portavoz del gobierno, Juan Pablo Baylac. Sin embargo, vencido el ultimátum, los mandatarios opositores optaron por rechazar el acuerdo al no aceptar las condiciones impuestas por el gobierno. «No, (los gobernadores) no firman. No quieren saber nada con las propuestas», dijo un portavoz de la central provincia de San Luis, también en manos del opositor peronismo.

Los gobernadores de la Alianza, la coalición en el poder, aceptaron el miércoles y firmaron el jueves la propuesta de pacto fiscal redactada por el gobierno.

El principal reclamo de los gobernadores era que el Estado federal salde en efectivo una deuda de casi 1.000 millones de dólares que mantiene con los distritos, mientras el gobierno ofrece pagarla en bonos.

Para presionar al gobierno, el peronismo consiguió el miércoles que la Cámara de Diputados diera media aprobación a un proyecto de ley que obliga al fisco a repartir entre las provincias la recaudación de un impuesto a las transferencias bancarias.

Aunque la norma aún debe ser refrendada por el Senado y De la Rúa puede vetarla si es convertida en ley, la aprobación parcial de la iniciativa puso una sombra de duda sobre la gigantesca reestructuración de deuda que prepara el Ministerio de Economía.

El Palacio de Hacienda planea utilizar la recaudación de ese tributo –que le deja al fisco unos 400 millones de dólares mensuales– para garantizar una serie de bonos que deberá emitir en la operación, con tasas inferiores a las que debe rescatar.

 

Cita con Bush

De la Rúa estaba ansioso por que la oposición se sumara al pacto, ya que quería tenerlo listo antes de un encuentro el domingo en Nueva York con Bush.

La expectativa internacional ante la situación de Argentina quedó plasmada en las expresiones de la consejera de Seguridad Nacional de Bush, Condoleeza Rice, el jueves.

«La posición (de Estados Unidos) sobre Argentina es y seguirá siendo que queremos dar apoyo a las medidas que Argentina pueda tomar internamente para crear una situación más sostenible», dijo Rice.

De la Rúa necesita cosechar el mayor apoyo interno y externo posible para la operación, después de que varias calificadoras de riesgo internacionales mostraran su desconfianza al afirmar que la reestructuración de deuda implica una cesación de pagos encubierta. *