Carta a una compatriota lejana y desconocida

El mismo día (26 de octubre) que se publicaba una carta firmada por Connie Goldi desde Washington contra mi nota «Guerra sucia, muertos civiles y mentiras en cadena» (LA REPUBLICA, 21 de octubre), el presidente Bush promulgaba la ley que otorga al FBI y a la policía plenos poderes para intervenir las comunicaciones telefónicas de los habitantes, para revisar su correspondencia y comunicaciones por correo electrónico, para ingresar a una vivienda en ausencia de su morador, inspeccionar sus pertenencias e incluso incautar elementos sin aviso.

La ley permite además extender hasta 60 días (sí, sesenta días) las prisiones preventivas a los sospechosos, sobre todo inmigrantes.

Mi ocasional contendora dice que muchas de las opiniones vertidas por mí «faltan a la verdad» y que mi artículo es «burdamente tendencioso e inundado de odio ideológico».

Pero los hechos señalan que en realidad me he quedado corto en mis críticas, como paso a demostrarlo.

Y como lo sostienen con sólido fundamento Amnesty International y la Unión de Libertades Ciudadanas, que están en el ojo de la tormenta.

 

El frente interno

 

La ley ya se venía aplicando, y de ello los uruguayos teníamos noticia directa por la inaudita detención desde el 17 de octubre en Miami del rosarino Freddy Luna Porley, liberado de la prisión el día 26 previo pago de una fianza de 25 mil dólares y que será sometido a la Justicia recién el 5 de noviembre.

O sea que quedará retenido por lo menos durante 20 días, sin la mínima justificación, en un proceso en que se ha hecho befa de los derechos fundamentales. Todo ello en el espíritu del procurador general John Ashcroft, según el cual cualquier extranjero sospechoso «será encarcelado y mantenido bajo custodia el máximo posible» (o sea, dos meses).

Como la corresponsal sostiene que hay que estar en el lugar para poder juzgar, le recordamos que el periodista Jorge Bañales describe desde Washington las vicisitudes sufridas en EEUU por un conjunto de árabes, mencionados con nombre y apellido, que forman parte de los 800 detenidos después del 11 de setiembre.

Revela que han sido sometidos a procedimientos absolutamente arbitrarios y despojados de sus derechos.

En muchos casos los abogados defensores ignoran dónde están sus clientes, y la policía lo oculta.

Mientras tanto puede pasar cualquier cosa.

El Washington Post dice que –para forzar la confesión de los detenidos– se analiza el uso de tácticas de presión (léase torturas, conocida especialidad de los servicios norteamericanos) o de drogas como el pentotal «tales como las que emplean ocasionalmente los interrogadores israelíes para obtener información» (y antes de ellos, los «paras» de Massu en la guerra de Argelia).

 

La prensa en la picota

 

Cabe recordar además a la escritora norteamericana Susan Sontag, satanizada por haber escrito en el New Yorker:

«La unanimidad de la retórica mojigata y que oculta la realidad recitada por funcionarios y comentaristas estadounidenses en estos días no es digna de una democracia madura», al tiempo que censuró los bombardeos y «la presunción imperial y la arrogancia de los americanos».

Ante la afirmación de la autora de la carta de que sigue desempeñando el periodismo en EEUU, reitero que allí impera una censura (y autocensura) de prensa en una escala desconocida en esa nación, como lo mostré en mi artículo del día 23, «Oleada macartista y censura de prensa».

Esa censura fue reclamada por Condoleezza Rice a texto expreso, rubricada por Bush (que le tiró de las orejas al Congreso porque de su seno salieron informaciones «secretas») y por Donald Rumsfeld, quien sostuvo con rostro estólido que la única verdad era la emanada del Pentágono.

En consecuencia, todo lo proveniente de otra fuente es objeto de censura previa, ya que los dueños de los medios se plegaron a la orden superior, contrariando todas las tradiciones. El tema aterrizó en el reciente debate de la SIP en Washington, como puede leerse en Búsqueda del día 18.

Incluso el reconocimiento de estos hechos por parte de Bob Woodward, el periodista estrella cuya campaña sobre Watergate en el Washington Post derribó al presidente Nixon.

 

El frente externo

 

La promulgación de la ley por Bush disputó ayer los titulares de prensa con las siguientes noticias: 1) en Afganistán, EEUU atacó con «bombas racimo» y demolió locales de la Cruz Roja en incursiones reiteradas que ya no pueden ser justificadas como «errores»; 2) asimismo, arrasó a bombazos sedes de la ONU que guardan los perros utilizados para detectar minas terrestres (después de haber matado a una decena de funcionarios afectados a esa tarea); 3) pero no todas son pérdidas: la Lockheed Martin logró –derrotando a la Boeing– un contrato de dos a tres mil millones de dólares («the biggest in the US military history») para construir aviones supersónicos ultrasofisticados; 4) Israel mantiene sus tropas en cinco de las seis ciudades cisjordanas reocupadas, demuele viviendas y provoca nuevas muertes en Belén (elevando a 50 los palestinos muertos desde el 18 de octubre) antes de retirarse parcialmente.

Como siempre, la guerra en el exterior marcha estrechamente unida al cercenamiento de las libertades en el frente interno.*