Ley antiterrorismo inicia nueva agenda del presidente Bush

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dio hoy el primer paso hacia la puesta en marcha de su política antiterrorista con la firma de la Ley por el Patriotismo, a la que seguirán, la próxima semana, el megaproyecto de estímulo económico y la ley para la seguridad aérea.

Con la firma de hoy, comienza a tomar forma el paquete de medidas fuertemente reclamadas por la Casa Blanca inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de setiembre para poder combatir la «nueva guerra» en el frente interno.

Después de la tragedia, el gobierno estadounidense lanzó una serie de medidas financieras urgentes, entre ellas un paquete de 2.000 millones de dólares para enfrentar la emergencia en Nueva York y 126 millones del Ministerio de Salud para enfrentar la crisis del ántrax.

Hoy, al firmar la ley, Bush expresó su agradecimiento por el espíritu bipartidario que permitió la rápida aprobación en el Congreso de las medidas contra el terrorismo. Ahora, la Casa Blanca está pidiendo, con cada vez mayor insistencia, la misma celeridad para otros proyectos, sin olvidar la administración ordinaria del país.

Entre otros puntos, Bush quiere que el parlamento apruebe la reforma escolar, las medidas para enfrentar la crisis energética y la financiación de las acciones sociales confiadas a las iglesias y las comunidades religiosas, uno de los pilares de su ideología del conservadurismo compasivo.

El proyecto de ley para el estímulo económico fue aprobado la semana pasada por la cámara baja en una versión de 100.000 millones de dólares. Ahora está en manos del Senado, donde la minoría republicana anunció que darán pelea para devolver el proyecto a su idea original de 75.000 millones de dólares, tal como lo quiere el presidente Bush. Los senadores demócratas insistirán con el proyecto que llegó desde la cámara de diputados, en el que se incluyen fondos para la asistencia pública y subsidios para los trabajadores desempleados y donde se apunta al relanzamiento de la producción a través de inversiones estructurales.

La solución se ve complicada y se prevé un delicado trabajo político entre los parlamentarios para poder hacer resurgir el espíritu bipartidario también para el caso del proyecto de estímulo económico.

En cambio, más fácil parece ser el futuro de la legislación sobre seguridad aérea. En este frente, el punto más delicado es el del estatus laboral de los 28.000 agentes que en los aeropuertos controlan y despachan el equipaje.

El texto aprobado por gran mayoría por el Senado los transforma en empleados federales, pero a los republicanos y a la Casa Blanca no les agrada la idea de ampliar de semejante manera el plantel de trabajadores gubernamentales.

El oficialismo argumenta además que, si se les concede el estatus de trabajadores federales, será mucho más difícil remover de sus puestos a los agentes de seguridad de los aeropuertos que no cumplan adecuadamente con sus labores. *