Qué hacer con Bin Laden y los talibán, se plantean los juristas

«Estados Unidos tiene frente a sí decisiones difíciles», en el caso de que el jefe de los integristas islámicos «haya sido capturado», dice ayer en el New York Times William Glaberson.

En el debate sobre el juzgamiento del terrorismo que recorre a Estados Unidos, surgen interrogantes y preocupaciones y la situación es planteada tanto por juristas como por políticos que se presentan ahora como más nacionalistas que los propios militares.

El presidente George W. Bush dio, efectivamente, a la CIA «licencia para matar», tanto a Bin Laden como a sus seguidores, mientras el general Richard Myers, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dice a sus soldados que, en lo posible, lo capturen vivo, aunque si es necesario –agrega– «las balas se harán oír».

Con Bin Laden y sus lugartenientes de la red Al Qaeda vivos y bajo custodia de los norteamericanos o de cualquier otro, los problemas se multiplican en el sentido de quién deberá procesarlos, dónde y por qué delitos.

Además, también se discute en torno de si será una corte internacional o una norteamericana la encargada de hacer justicia y si, en caso de ser capturados los líderes de los talibán, deberán ser procesados también ellos por conspiración con los terroristas.

Están también las cuestiones del tribunal y la de las pruebas.

Las obtenidas contra Bin Laden y Al Qaeda fueron juzgadas «concluyentes» por los aliados de Estados Unidos en la «coalición global», por los países de la OTAN y por los otros, hasta Pakistán.

Pero los mismos norteamericanos habían dicho siempre que las pruebas obtenidas y proporcionadas no son «de una sala tribunalicia».

En cambio, en un proceso, precisamente habrá necesidad de ese tipo de pruebas porque el presidente Bush dijo varias veces que el objetivo no es «ajusticiar» a los terroristas y a sus cómplices, sino «hacer justicia».

Un proceso que tendrá sus riesgos tanto jurídica como políticamente y también desde el punto de vista de la seguridad.

Es probable que los norteamericanos tengan una ocasión para reconsiderar su «No» al Tribunal penal internacional de La Haya, decidido por las Naciones Unidas y que Washington jamás ratificó. En cuanto a enunciar los riesgos de un proceso, es decididamente fácil.

Desde el punto de vista jurídico, se necesita que las pruebas existan y que las relaciones entre los hechos y los acusados sean explícitas, no sólo inductivas.

Por otra parte, y desde una perspectiva política, un juicio frente a una corte, destinado a extenderse en el tiempo, polarizaría la atención del mundo, especialmente del árabe, y ofrecería una tribuna a Bin Laden –y a los otros imputados– para difundir su palabra.

Finalmente, están las preocupaciones relativas a la seguridad, las más obvias.

Hubo ya casos de sincronía entre procesos a terroristas y atentados terroristas.

El juicio del jefe de los integristas sería un importante estímulo para que sus seguidores continúen atacando.

En los comentarios y en los análisis de la prensa norteamericana, las dudas y los temores no prevalecen jamás sobre la certeza de lo que es justo hacer.

Se discute acerca de cómo hacer las cosas, del modo mejor y más seguro; pero nunca acerca de si hacerlas o no.*