Al Qaeda se adjudicó atentado contra la AMIA

ISIDORO GILBERT

 

Es lo que ahora se dice al revelarse la existencia de informes cifrados de la embajada argentina en Arabia Saudita, comunicando una llamada telefónica en árabe afirmando esa autoría. Y no sólo eso: también advirtiendo que en EEUU el último martes de setiembre ocurrirá un atentado. Esa llamada se produjo en octubre de 2000. Pero hay una paradoja: los verdaderos destinatarios de información altamente sensible fueron los últimos en enterarse. En las dos causas más importantes que se tramitan en la justicia argentina, es decir la del caso AMIA, en desarrollo porque la voladura de la embajada de Israel (1992) virtualmente dormida, y el contrabando de armas, los jueces conocieron mucho tiempo después datos muy valiosos para las investigaciones que tenían a su cargo.

En el tráfico de arma que sigue el juez federal Jorge Urso tuvo tarde los cables cifrados que venían desde Lima. El embajador allí, Arturo Osorio Arana, advirtió a sus superiores, cuando Perú y Ecuador estaban en guerra por la llamada Cordillera del Cóndor, que armas argentinas estaban en poder de soldados ecuatorianos. El embajador argentino en Belgrado, Federico Barttfeld, anunció en 1992 a sus jefes que fusiles argentinos habían aparecido en manos de soldados croatas, entonces en guerra con Serbia, en la ex Yugoslavia. Urso tuvo esa información seis años más tarde. El ex canciller y su segundo, Fernando Petrella, están procesados.

Otro caso: el de su colega Juan José Galeano en el expediente por el atentado contra la sede de la AMIA. En las dos ocasiones, la información había sido obtenida por diplomáticos argentinos y, de acuerdo con las prácticas habituales, puesta en conocimiento de sus superiores. ¿Por qué no se avisó a los jueces? Pocos días después del atentado contra la AMIA dos embajadas argentinas en Medio Oriente obtuvieron información que señalaba a Irán como el responsable del ataque. Galeano tuvo los primeros datos sólo el año pasado. Un ex funcionario de la inteligencia iraní, identificado como Testigo C, declaró que el ex presidente Carlos Menem conocía todo y que hasta había cobrado 10 millones de dólares para sostener el encubrimiento.

¿Negligencia o complicidad?

Ahora el encargado de negocios de la embajada argentina en Arabia Saudita, Juan José Echegoyen, informó el año último a la Cancillería que la organización Al-Qaeda, encabezada por Osama bin Laden, se había adjudicado el atentado contra la AMIA y advertía sobre «una sorpresa» para Estados Unidos. Galeano se enteró de esto hace unos días, cuando Echegoyen, destinado en Suiza, abrió el paraguas y quiso saber qué había pasado con la información suministrada.

Para «La Nación, los casos son parecidos, pero no iguales. En la causa por el tráfico de armas probablemente el ocultamiento fue adrede. Lo mismo podría decirse de los cables que apuntaban a Irán». Se recuerda un aviso en el consulado de Milán, antes del ataque a la AMIA, de un brasileño, Wilson do Santos, pero tampoco se investigó si era sería la advertencia. O se hizo tarde. En lo ocurrido con Echegoyen, voceros del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini explican que la información fue suministrada a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y comunicada de inmediato y en forma oficial a los Estados Unidos. En la SIDE, culparon a la Cancillería. Se tiran la pelota, uno a otro.

Todos estos casos exhiben, desnudan la impericia del aparato estatal para investigar y compartir información útil para esclarecer hechos clave de la historia argentina reciente. Fernando de la Rúa ordenó la creación de un equipo –a fines del año último– para colaborar en el ámbito del Poder Ejecutivo con la pesquisa judicial por la AMIA pero nunca tuvo acceso a esta información sensible.

Con todo, en su momento la advertencia del ataque en suelo norteamericano fue comunicada a la CIA. Se desconoce si actuó con la misma liviandad que los servicios y diplomáticos argentinos. Muy grave. *