No hay impunidad

ISIDORO GILBERT

 

Ya son dos tribunales que toman esta decisión y por lo que se conoce, habrá en el futuro otros pronunciamientos que desbrozan el camino para el castigo de los culpables de la matanza de los años de plomo. Ya se sabe: después del histórico juicio a los comandantes de la dictadura en 1984/85, bajo presión militar, el Parlamento siguió a pie juntillas un reclamo del presidente Raúl Alfonsín y aprobó dos leyes, la de Punto Final y la de Obediencia Debida, con el que zafaron de los tribunales más de mil miembros de las FFAA y de seguridad. Más tarde, a fines de 1990, Carlos Menem aprobó los indultos en favor de los jefes de la dictadura que cumplían cadena perpetua por sus delitos, entre ellos Jorge Videla y Emilio Massera, ahora procesados y detenidos.

Las organizaciones de derechos humanos fueron encontrando rendijas para poder procesar a los responsables de crímenes aberrantes. En el fallo del juez Cavallo, fueron los bebés secuestrados en cautiverio, la base del pronunciamiento que tiene detenido a Videla, Massera y una decena más de ex oficiales. Bonadío inicio su causa por la denuncia del periodista Federico Gómez, hijo del detenido-desaparecido Conrado Gómez, quien fue secuestrado y sus bienes saqueados. Antes, el juez federal Gustavo Literas había rechazado la demanda invocando las leyes de impunidad. Pero la sala II de la Cámara Federal dijo que no podía darse por sentado que el despojo de las propiedades y hasta los caballos de carrera de Gómez hubiera formado parte «del alegado propósito de reprimir el terrorismo» y le ordenó que investigara si no se trató de un desvío de poder, que ninguna ley protege.

Los camaristas son los que estos días deben pronunciarse si se mantiene la figura de asociación ilícita que tiene detenido a Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Dijeron que además del delito económico, subsistía la desaparición de Gómez, quien fue secuestrado en enero de 1977, fue visto en la ESMA y nunca reapareció. Su desaparición forzada es «un delito de lesa humanidad y, como tal imprescriptible», de acuerdo con el derecho internacional de gentes reconocido por la Constitución y por la Corte Suprema de Justicia al conceder la extradición del criminal nazi Erich Priebke, dictaminaron.

Fueron esas líneas las que decidieron al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) a solicitar la nulidad de las leyes porque dejaron en claro que no subsistían razones jurídicas, ni éticas, ni políticas, ni internas ni internacionales que lo impidieran. Así lo entendieron Cavallo primero y ahora Bonadío.

Este juez federal dispuso la nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en este nuevo proceso contra el ex dictador Emilio Massera, al que sindica como jefe de una asociación ilícita junto a otros marinos. No hay fin de la Historia.*