Fujimori: criminal de lesa humanidad

Japón reaccionó así después que el Congreso unicameral peruano aprobó el lunes por la noche, por unanimidad, una acusación constitucional contra el ex mandatario por delitos de lesa humanidad por la matanza de 25 personas entre 1991 y 1992.

«Vamos a seguir con los esfuerzos para la extradición», respondió Dañino al ser preguntado por ANSA sobre la aprobación de la acusación contra Fujimori y sobre la reacción de la cancillería japonesa.

No obstante, Dañino reconoció durante una reunión con corresponsales extranjeros que el tema «tiene complejidades legales».

El gobierno, que hoy cumplió un mes de gestión, hará «valer los tratados internacionales» a los que está adscrito también Japón, a fin de repatriar a Fujimori, declaró Dañino, antes de remarcar que la administración del presidente Alejandro Toledo propugna: «justicia sí, venganza no».

El Congreso aprobó la acusación constitucional por unanimidad (75 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención).

El resto del total de 120 legisladores no votó por integrar la comisión permanente del actual Parlamento y del anterior.

Esta fue la segunda acusación constitucional contra Fujimori, esta vez por delitos de lesa humanidad cometidos durante sus gobierno, después que en marzo el Congreso lo acusó por abandono de cargo y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.

Los casos mencionados en la acusación son específicamente por las matanzas en «Barrios Altos» y «La Cantuta», ocurridas en Lima en noviembre de 1991 y julio de 1992, en las que murieron 15 y 10 personas, respectivamente.

Esas matanzas fueron ejecutadas por el comando de militares llamado «Colina» al servicio del ex jefe real de los servicios de seguridad y ex consejero presidencial, el encarcelado Vladimiro Montesinos.

La comisión acusadora sostuvo que Fujimori no sólo estuvo informado de los operativos antiterroristas de «Colina», sino que «premió» a sus integrantes después de sus acciones.

A pesar de la acusación constitucional, un funcionario de la cancillería japonesa dijo el martes que «el gobierno japonés no ha cambiado su posición. No hay nada nuevo que decir sobre Fujimori».

Al respecto, Dañino dijo a la prensa extranjera que «si bien el Japón tiene esa posición, en cambio existen tratados internacionales» a los que está adscrito Japón sobre casos para extraditar por delitos de lesa humanidad.

«Haremos valer esos tratados, para que (Japón) cumpla con sus deberes», enfatizó el premier.

El ex presidente, de 63 años, huyó a Japón en noviembre pasado, desde donde renunció mediante una carta enviada vía email al Congreso, que no aceptó la dimisión y en cambio lo destituyó por incapacidad moral para gobernar.*