A Fujimori lo espera un largo proceso judicial

La votación se producirá durante una sesión del Congreso que escuchará el informe de una comisión, que asegura haber encontrado indicios sobre la vinculación del destituido mandatario con las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidos bajo su régimen, que dejaron 25 muertos.

Ugaz, quien investiga las actividades ilegales de Vladimiro Montesinos, ex jefe de los servicios secretos y ex brazo derecho de Fujimori, dijo que existen testimonios que tienen calidad de prueba.

Pero anotó que obviamente «no hablamos de una etapa de contundencia porque no hay sentencia».

«Aquí se requiere simplemente determinar si hay indicios que justifiquen una investigación judicial», indicó el procurador.

«Si es así se levanta la inmunidad del ex mandatario y se pasa a un largo proceso que deberá terminar en un pronunciamiento de la Justicia, seguro después de un año y medio donde se busquen pruebas», acotó.

Las dos matanzas fueron perpetradas por el grupo Colina, integrado por oficiales y subalternos del ejército en 1991 y 1992, de acuerdo a investigaciones judiciales y de comisiones parlamentarias que sostienen que esta organización ilegal fue creada a instancias de Montesinos.

Ugaz señaló que durante ese lapso de año y medio pueden surgir nuevos elementos y testimonios, aludiendo a versiones periodísticas en el sentido que un ex mayor del ejército, identificado como Santiago Martin Rivas, considerado jefe operativo del grupo, estaría por entregarse con documentación para ponerla en manos de la justicia.

Según el procurador, la fase de investigación judicial se hará con todas las garantías del debido proceso y sin ánimo de persecución contra el ex mandatario, refugiado en Japón desde noviembre del año pasado, cuando se derrumbó su gobierno en medio de graves denuncias de corrupción.

Para Ugaz hay evidencias suficientes que permitirían que en una investigación judicial se puedan recabar elementos necesarios «para determinar la absoluta responsabilidad de Fujimori en los crímenes».

«Hubo una trama para justificar la acción del grupo Colina que hace evidente que contaba con la aprobación de las más altas autoridades del gobierno», dijo.

En contrario, la legisladora Martha Chávez, ardorosa defensora de Fujimori en cuyo gobierno tuvo un papel relevante, dijo que no hay ninguna prueba que vincule al ex mandatario con los asesinatos.

Chávez sostuvo que los sectores antifujimoristas «son tan ingenuos que creen que van a impresionar al gobierno japonés cuando no hay ninguna prueba», haciendo notar que lo que se busca es incomodar al gobierno nipón para buscar la extradición de Fujimori.

Para la legisladora, los asesinos actuaron en forma independiente, sin conocimiento del ex mandatario.

«Pensar que Fujimori le va a dar órdenes a un mayor del ejército es irreal totalmente», dijo negando versiones de que la orden la habría impartido el mismo ex presidente al mayor Martin Rivas, jefe operativo de Colina.

De prosperar la acusación tendría asidero un pedido de extradición ante el gobierno de Japón, país donde el ex mandatario se encuentra refugiado desde noviembre pasado, dado que los delitos de que se le acusa son de lesa humanidad y, por tanto, penados en todo el mundo, subraya la prensa peruana. *