Fujimori será acusado de delitos de lesa humanidad

El pleno del Congreso peruano, de 120 miembros, ha sido convocado a sesión extraordinaria el lunes, y desde ya se da por descontado que se acusaría a Alberto Fujimori, con una mayoría abrumadora, por los delitos de lesa humanidad.

De prosperar esta acusación se abrirá la posibilidad de que el ex mandatario sea extraditado desde Japón y además denunciado ante organismos internacionales como violador de los derechos humanos, informó el congresista Daniel Estrada.

Fujimori, quien abandonó el cargo en noviembre pasado en medio de una profunda crisis política y moral, enfrenta en trámite una serie de acusaciones constitucionales por serios delitos que van desde abandonar la presidencia, peculado, corrupción hasta graves violaciones a los derechos humanos.

Por ahora Fujimori ha sido formalmente acusado de abandono de cargo, infracción constitucional que se sanciona con una pena de prisión de dos años, pero el delito de lesa humanidad que se le atribuye contempla una sanción de cadena perpetua.

El ex mandatario se ha negado, hasta ahora, responder a los exhortos judiciales y políticos, refugiándose en su doble nacionalidad que le reconocen las autoridades niponas.

En ese contexto, ha negado los cargos en su contra, principalmente aquellos que lo vinculan con la red de corrupción que encabezó su ex asesor, Vladimiro Montesinos, actualmente preso y que no deja de señalar a Fujimori como el principal responsable de los crímenes que se denuncian en Perú.

La comisión del Congreso que evalúa la denuncia sobre delitos de lesa humanidad, en los sonados casos de matanzas de civiles en la Universidad La Cantuta y en una vivienda en la zona conocida como Barrios Altos, informó sobre «evidencias» que involucran al propio Fujimori en las órdenes para cometer esos crímenes.

Estos crímenes fueron perpetrados por militares que organizó Montesinos y que el propio Fujimori premió con ascensos.

Los métodos brutales utilizados por ese comando militar extrajudicial fueron verificados por las autoridades militares, y que mostraban la ferocidad e insania conque actuaban para torturar, eliminar a sus víctimas y luego incinerar sus cuerpos con kerosene.

Pero muchos otros casos permanecen aún en el misterio o bajo el manto del secreto militar de Estado y en los que, según se señala, el propio Fujimori ordenaba las ejecuciones y disponía de impunidad para los criminales.

En la matanza de civiles, incluidos niños, de Barrios Altosse determinó que las víctimas imploraban clemencia pero los encapuchados del Grupo Colina los mataron a balazos con armas provistas de silenciadores.

Con estas acciones Fujimori pretendía acentuar el poder autoritario de su régimen a fin de atemorizar a los grupos subversivos y a aquellos que aún pensaban sumarse a la lucha armada.

Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000, período en el que lanzó una dura campaña policial y militar para neutralizar a los grupos terroristas como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Si bien durante su gobierno Fujimori logró poner tras las rejas a los cabecillas de los grupos terroristas, muchos civiles fueron víctimas de arrestos abusivos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Desde que Sendero Luminoso irrumpió con su lucha armada, en mayo de 1980, cerca de 25 mil peruanos perdieron la vida, más de 4.500 fueron declarados desaparecidos, miles mutilados y discapacitados y poco más de 25 mil millones de dólares en pérdidas materiales. La comisión que investigó a Fujimori en los casos de violación a los derechos humanos habría recibido testimonios de miembros del ilegal Comando Militar Colina, que perpetró los crímenes, que las órdenes directas para ejecutar a los civiles las habría dictado el mismo Fujimori.*