Mayor injerencia directa de EEUU en Colombia

NIKO SCHVARZ

 

Colin powell, secretario de Estado y capo de la guerra del Golfo, llegará a Bogotá para impulsar los aspectos militares del Plan Colombia, empeño que dicta igualmente las actitudes injerencistas de la embajadora Anne Patterson. EEUU interviene en la contienda con sus efectivos y a la vez contrata un número creciente de mercenarios, en violación de la ley y burlando al Congreso. Siguen las fumigaciones indiscriminadas. Pastrana posterga el diálogo con las FARC. Se intensifican las operaciones militares y las bandas paramilitares continúan operando, en connivencia con los mandos. En suma, se acrecienta la presión para liquidar las negociaciones de paz, eliminar la zona de distensión y enfilar a la guerra total.

El general y la embajadora

Para el 16 de agosto estaba fijada una reunión de la Mesa de Diálogo y negociación, que debía tratar el cese de fuego y de hostilidades. El delegado del gobierno llegó a la zona, pero se retiró por orden presidencial, sin dar aviso. Después se armó una batahola porque tres irlandeses (que se dijo pertenecen al IRA, cuando son del Sinn Fein) estuvieron en el Caguán. Marulanda señaló que «a la zona de despeje llegaron los representantes del Sinn Fein a conversar con nosotros, a intercambiar opiniones, a conocer una realidad…», y destacó que la ruidosa campaña de desinformación al respecto obedece a que en octubre vence el plazo de la zona de distensión.

En ese contexto el 11 de setiembre llega Colin Powell a Bogotá para reunirse con la cúpula militar y tratar «de general a general» la aceleración del Plan Colombia y en particular las fumigaciones. Para ablandar el terreno, será precedido por una delegación encabezada por el subsecretario del Departamento de Estado, Mark Grossman. El portavoz del Departamento, Philip Reeker, expresó «preocupación y descontento» por el uso dado a la zona del Caguán, agregando que Colombia debe replantearse la existencia misma de una zona de distensión.

En esta ofensiva participa la embajadora en Bogotá, Anne Patterson, sindicada por sus actitudes intervencionistas. El State Department difundió una entrevista de la misma con policías liberados por las FARC (en un acto unilateral que abarcó cientos de policías y militares, aunque esto no lo dijo la diplomática). Lo que sí hizo fue condenar a los gobernadores de Cauca y Nariño, que rechazan las fumigaciones. Declaró, desde la sede del Partido Liberal, que las fumigaciones son irreversibles e integran los compromisos de Pastrana con el Plan Colombia. Así enfrentaba al defensor del pueblo, al procurador general y al contralor de la República, que denunciaron su ilegalidad y efectos nocivos. Más aún, en actitud desorbitada inauguró una línea telefónica para que los habitantes de esos departamentos informaran directamente a la embajada sobre las fumigaciones.

EEUU paga mercenarios

Empresas norteamericanas como DynCorp Aerospace Technologies, formada por militares yankis retirados, contratan mercenarios para pelear en Colombia. La empresa tiene sus instalaciones en la base de la Fuerza Aérea USA en Cocoa Beach, Florida (la Patrick Air Force Base). Parte del entrenamiento, en que participan militares retirados de Perú, Argentina y tres países centroamericanos, se efectúa en la base de Tolemaida, en Colombia, que se suma a las de Aruba y Curaçao, Manta (Ecuador), y ahora además Comelapa, en El Salvador, estableciendo un cerco sobre Colombia.

También operan en el país las empresas yankis MPRI (que afrontó un escándalo internacional por su participación en la guerra de la ex Yugoslavia), Aviation Development Corp. y AirScan, entre otras.

Como señala El Tiempo de Bogotá, «el Departamento de Estado de EEUU contrata personal extranjero para realizar operaciones en Colombia y no sobrepasar el tope que impuso el Congreso al aprobar el Plan Colombia. El uso de este vericueto ha despertado la ira de congresistas y ONGs». La presencia de EEUU está fijada en 500 militares y 300 civiles, a fin de prevenir lo que varios congresistas denominaron «la vietnamización de Colombia». No obstante, dado que la ley se refería a estadounidenses, Dyn Corp y Cía. contratan personal de Guatemala, Honduras y Perú. A esta altura superan los 400, y siguen llamando más a enrolarse. La congresista demócrata Janice Schakowsky denunció esta maniobra e impulsa una enmienda para eliminar a los mercenarios, cuya actividad juzga incontrolable. El State Department sostiene que «el tope del Congreso es específico para estadounidenses y no incluye a extranjeros trabajando por el Plan Colombia».

Quién pone los muertos

Funcionarios estadounidenses reconocen en privado que «el Plan Colombia requiere mucho personal y va a requerir mucho más, pero el tope impuesto por el Congreso limita nuestra acción». El fondo del asunto se trasluce en estas palabras: «Al contratar a extranjeros, se reduce el riesgo de que sean muchos los estadounidenses que estén en primera línea de fuego, porque todos sabemos los problemas que se presentarían si comienzan a morir estadounidenses en Colombia».

Se trata en suma de ir a la guerra total, pero que los muertos los pongan otros.*