La provincia argentina de Jujuy tiene niños policía de 5 a 16 años

Ana Chávez, a cargo del programa Defensa de los Niños del Serpaj, así lo anunció ayer en diálogo con ANSA, precisando sin embargo que esa decisión se tomará sólo si antes las autoridades federales y provinciales argentinas no responden a las respectivas peticiones en contra del «programa aberrante» que realiza la policía jujeña.

«Adolfo Pérez Esquivel estuvo el miércoles y el jueves pasados en Jujuy, constató la existencia de ese programa y trajo el así llamado ‘Reglamento Unificador de las Agrupaciones de Policía Infantil'», dijo la experta.

Chávez destacó que ese reglamento «en sus ‘normas básicas, naturaleza del proyecto’, hace referencia a la masa de población más pobre, y habla de la deserción escolar, de las pandillas, de la maternidad y la paternidad precoz, entre otras situaciones reales, pero poniendo todo en la misma bolsa para promover su diseño neofascista de militarizar a la infancia con el pretexto de resguardarla».

«Militarizar la escuela –porque el programa se está implementando en las escuelas, según constató in situ Pérez Esquivel, entre otros defensores de derechos humanos– no es ayudar a los pobres sino desatar la lucha de pobres contra pobres, y en este caso desde el seno de la familia», opinó Chávez.

La experta explicó que en Jujuy, una de las provincias más pobres del país, en la frontera con Bolivia, «el poder económico esclaviza a la población y este programa de niños policía pretende formar elementos de control tomándolos, extrayéndolos desde los mismos grupos victimizados por la violencia de un sistema injusto».

Jujuy, 1.654 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, con una superficie de 53.219 kilómetros cuadrados y un total de

604.002 habitantes (9,6 por kilómetro cuadrado), reporta, por ejemplo, una tasa de mortalidad infantil de 24,4 criaturas cada mil niños nacidos vivos y una de las enfermedades epidémicas de mayor extensión en ese territorio es la diarrea infantil, que afectó a 30.625 niños de hasta cinco años en 1998, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Cifras reportadas por la revista Herramienta de Jujuy, daban en abril de 2001 un total de desocupados del 19,2 por ciento, subocupación 15,8 por ciento y una deuda provincial de 741,5 millones de dólares. El ingreso promedio familiar mensual era, según la misma fuente, de 123 dólares.

En ese marco, imaginar los batallones «parapoliciales» de niños de 5 a 16 años bajo el mando de un general retirado, el teniente coronel Horacio Gentiluomo, resulta «un juego macabro llevado a la realidad con un referente normativo que pone en riesgo la integración familiar y social», dijo Chávez.

La especialista destacó asimismo que la actividad que se está desarrollando en Jujuy viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, todos ellos suscriptos por Argentina.

«El Serpaj está tratando de implementar una denuncia internacional, en virtud de esas convenciones, pero previamente esperamos la intervención de los ministerios nacionales y provinciales correspondientes», aclaró.

Por último, Chávez consideró que en Argentina, tras la dictadura militar que causó al menos 30.000 víctimas (en un país con 35 millones de habitantes) entre 1976 y 1983 –según cifras de entidades humanitarias– «nunca se evaluó el grado de militarización de instituciones distintas a las Fuerzas Armadas, como la educativa y, obviamente, la policial».

«El pensamiento militar quedó en las prácticas de diversas instituciones y profesionales y eso explicaría, por ejemplo, que el reglamento de este proyecto perverso esté firmado por una psicóloga, una abogada y una asistente social», finalizó Chávez. *