De la Rúa espera que el Senado lo ayude
ISIDORO GILBERT
Aunque los diputados aprobaron la norma en la seguridad de que la rebaja de salarios y jubilaciones se harían desde mil dólares para arriba, el gobierno ya envió la orden para que esas asignaciones para el mes de julio se hará por un 13% de poda desde los 500 dólares. El argumento: aún no hay ley, por lo tanto rige el decreto original del ajuste; se carece aún de los fondos votados proveniente de diversas imposiciones a los grupos económicos privatizados.
Diputados y senadores de la Unión Cívica Radical sostienen que es un argumento falso: con no devolver impuestos que Domingo Cavallo había ordenado para activar el consumo y que en la ley en trámite se anula, sobraría plata para cumplir con la norma parlamentaria. Esto es, pagar sin descuento todo salario estatal o jubilación menor a los mil dólares.
El programa de déficit cero privilegia el pago de los intereses de la deuda externa; luego, se gira dinero para las provincias que le corresponden y lo que resta, se mantiene el estado y se pagan los sueldos. Por eso, habrá cada mes una tómbola salarial.
El objetivo oficial es exhibirse confiable ante los mercados externos e internos. Ayer hubo una nueva caída del llamado riesgo país, un índice que llegó a 1.600 puntos, alegrando los corazones del oficialismo.
Pero hay disconformismo en la tropa radical que insiste en que se quebró la palabra gubernamental, al decidirse pagar este mes con un corte de 500 dólares y no de mil, y que en agosto, podría no superar los 700.
En el Senado, el peronismo es mayoría y aunque ese partido, en elevada proporción, votó en contra en la Cámara Baja, buscará la manera de poner legisladores en el recinto para que los radicales tengan número para hacer aprobar la norma. Es que los gobernadores justicialistas acordaron con el gobierno llegar a déficit cero en sus distritos, necesitan de fondos federales y han pedido a sus senadores que no traben nada. De todos modos, habrá movimiento.
Una minoría peronista quiere que los recursos para conseguir el equilibrio fiscal provengan por mayores impuestos a las empresas privatizadas o a los fondos privados de pensión que se crearon bajo Menem-Cavallo en los 90, desfinanciando al sector estatal de las jubilaciones.
Los fondos privados de pensiones conocidos como las AFJP tienen con los bancos radicados en la Argentina, el 58% de los títulos de la deuda externa argentina. Dicho de otro modo: Cavallo les entregó el manejo de los fondos de pensión que es dinero de los trabajadores, con los que el Estado toma préstamos a tasas usurarias que llegaron ahora al límite.
El «riesgo país» es un índice que promedia el valor, minuto a minuto, de los títulos de la deuda, es en verdad el riesgo de los tenedores de esos bonos, que como se sabe, son en su mayoría grupos argentinos. ¿Riesgo social? Ni hablar. *
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