Nueva huelga general en Argentina contra el ajuste

Después de la reacción positiva de la jornada del martes, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caían 1,69% en la apertura de ayer y el índice de riesgo país se ubicaba en 1.424 puntos básicos (14,24% de sobretasa) luego de haber abierto en 1.387, y el pasado lunes haber alcanzado más de 1.600 puntos.

Algunos operadores explicaban las oscilaciones señalando que ellos se tomaban «su tiempo hasta saber el resultado del tratamiento del ajuste fiscal en el Congreso», y otros afirmaron que preferían «cristalizar las diferencias que reportó el fuerte rebrote alcista de ayer».

En la mitad de la jornada, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) adelantó en conferencia de prensa que el acatamiento al paro en todo el país era de entre 90 y 95%.

Los que se plegaron a la protesta son funcionarios de las administraciones del Estado nacionales y provinciales, como bancos oficiales, enseñanza y hospitales.

El recorte de 13% es para salarios mensuales de estatales, Fuerzas Armadas y de seguridad, así como para jubilaciones y pensiones. El Estado debe erogar fondos para más de 3,7 millones de activos y pasivos. Los jubilados son 3.305.872 y los funcionarios 417.200. El paro de ayer miércoles, con marchas de protesta en todo el país y concentración frente a la Casa de Gobierno, en la capital federal, fue convocado por el Frente de Gremios Estatales, con el apoyo de las dos centrales obreras mayoritarias de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la disidente Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Por su lado, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (principal distrito del país, con 134 municipios) dispuso hoy un amplio dispositivo en los accesos hacia la capital federal para evitar cortes de ruta por parte de desocupados y jubilados.

En espacio pagado en los diarios, los sindicatos afirmaron que el presidente Fernando de la Rúa «se equivocó al no tomar el camino del crecimiento para someterse al dictado de la especulación externa, eligiendo el empobrecimiento de los que menos tienen».

También sostuvieron que las medidas económicas anunciadas la semana pasada constituyen «una expresión intolerable de insensibilidad e injusticia» por «meterle la mano en los bolsillos a todos los jubilados».

En cuanto a la huelga general de mañana jueves –sin movilización para garantizar la paz, según los sindicalistas–, fue convocada en desusada unanimidad por las tres centrales obreras (casi nueve millones de afiliados) por sexta vez para repudiar el séptimo ajuste del gobierno de la Alianza desde que asumió en diciembre de 1999.

Hoy, funcionarios y líderes sindicales estaban enfrascados en un debate mediático en el que intercambiaban duras acusaciones y denuncias.

Según el vocero presidencial Juan Pablo Baylac, el Gobierno analiza denunciar al líder de la CGT «rebelde», el temperamental camionero Hugo Moyano, por el delito de «sedición» por haber declarado que el paro general del jueves «es sólo el comienzo» de un «plan de lucha».

Además, calificó a Moyano como un representante de «la decadencia argentina», porque «ese señor intenta construir desde el discurso de la ofensa, de las malas palabras y las amenazas».

En cambio, el camionero dijo no arrepentirse de sus calificativos y replicó que «nadie se puede asustar ante expresiones duras y no hacerlo cuando toman medidas degradantes para los más desprotegidos».

La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, sostuvo a su vez que «coraje no me falta» para revelar públicamente los patrimonios e ingresos de los dirigentes sindicales, e informó que 50.000 gremialistas argentinos cobran salarios «por un total de 1.200 millones de pesos anuales», con «ingresos de entre 15.000 y 20.000 (pesos) mensuales».

La funcionaria dijo entonces que si se aplicara una reducción del 13% a esos ingresos, «se produciría un ahorro anual de 156 millones de pesos».*