Polémica en el gobierno argentino por Astiz

Isidoro Gilbert – Argentina

 

El principio es que «los delitos que se cometieron en Argentina, sea quien fuera el que los cometió, deben ser juzgados por jueces argentinos».

La voz habitual en estos casos es la del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y chocó con declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, quien se mostró partidaria de enviar a Astiz a los tribunales italianos o juzgarlo en la Argentina. La causa por la cual se podría abrir proceso contra el «Angel de la muerte» es la sustitución de identidad de un bebé hijo de desaparecidos.

Aunque aún no se oyó la voz del ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, Jaunarena habló por el gabinete, al indicar que el gobierno sostiene su postura a favor del principio de territorialidad «más allá de la condición emblemática de este personaje», porque está «convencido de que es la manera de preservar el principio esencial de soberanía».

Y agregó que «esa es la postura que el Ministerio de Justicia sostuvo en un caso similar a este», probablemente en referencia a los rechazos al pedido de extradición hecho también por Italia para el represor Jorge Olivera, quien fue liberado tras una maniobra de sus abogados, en Italia y aquí, y regresó al país, y al de España para el represor Miguel Cavallo, quien se encuentra detenido en México.

En rigor, en este último caso, la Cancillería se limitó a prestarle ayuda consular y a no presionar al gobierno de México.

Jaunarena utilizó una argumentación cuasi insólita. Explicó que la legislación por la cual la Justicia italiana reclama la presencia de Astiz «fue creada en el año 30 por Benito Mussolini, cuando Italia tenía colonias», y ratificó su posición de que «delitos que se cometieron en la Argentina deben ser juzgados por jueces argentinos». Para el ministro, todos los cambios en el derecho internacional en materia de derechos humanos no tienen nada que ver. Básicamente, aunque no lo diga, el titular de Defensa vive pensando de qué modo el caso Astiz repercute en el seno de las FFAA, a pesar de que el detenido no revista grado militar. Fue dado de baja durante el gobierno de Carlos Menem.

El funcionario aseguró que la postura del gobierno en este tema «no significa que la Argentina y este gobierno no estén preocupados por la defensa de los derechos humanos, porque en su momento el presidente Fernando de la Rúa firmó su adhesión al acuerdo de Roma, que establecía la creación de una corte internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad».
Astiz está detenido desde hace tres días a pedido de Interpol y porque la Justicia italiana lo requiere para juzgarlo por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos de origen italiano en la Argentina, uno de ellos una mujer que se encontraba embarazada.

El gobierno de De la Rúa, presionado por la difícil situación política, económica y social, ni siquiera se apoya en casos como este, de gran repercusión pública, para ubicarse en los tiempos que corren.*