FFAA revisarán informe sobre desaparecidos

La reciente aparición de cuerpos en lugares distintos a los señalados ha sido considerada por grupos civiles y familiares de los desaparecidos como una «fractura» en la credibilidad del informe.

«Consideramos necesario que exista un nivel de verificación ahora y que se coteje la información, toda», dijo el comandante del ejército, general Ricardo Izurieta, en una entrevista con el diario La Tercera, publicada ayer.

«Quiero señalar que no sólo la información entregada por las Fuerzas Armadas contiene imprecisiones; también la pueden tener la de otros organismos», agregó el jefe militar sin dar más detalles.

El ejército se defendió el sábado de las críticas, argumentando que los datos entregados sobre los desaparecidos se basaron en antecedentes dados por «fuentes» en cuya veracidad se confió de buena fe.

En enero, las fuerzas armadas entregaron un informe en que por primera vez reconocían la existencia de más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Los datos indicaban el paradero de 200 personas, 150 de las cuales nunca fueron encontradas, pues habrían sido lanzadas al mar, ríos o lagos de Chile.

El informe militar fue entregado como una contribución a la unidad nacional en el marco de la llamada «Mesa de Diálogo», una instancia creada por el gobierno donde fuerzas armadas y abogados de derechos humanos intentaron aclarar el destino de los desaparecidos, como una forma de avanzar en la reconciliación.

El pedido del general Izurieta causó molestia en los abogados de derechos humanos.

La abogada Julia Urquieta dijo que el gobierno del presidente Ricardo Lagos sabía que haba errores cuando se presentó el informe en enero.

«Ahora es el momento en que el gobierno debe responder a estos juicios que ha emitido el general Izurieta y alguien tiene que responsabilizarse», dijo Urquieta.

Por su parte, el abogado de derechos humanos y uno de los colaboradores de la «Mesa de Diálogo», Héctor Salazar, indicó que se ofrecía para «trabajar y revisar todo a ver si es posible detectar nuevas carencias» en el informe. Según Izurieta, la verificación de los datos debería estar a cargo de un estamento técnico que trabaje con la debida reserva y tranquilidad para garantizar su eficiencia. El ex sindicalista Juan Rivera Matus, detenido en 1976, figuraba en el listado de las fuerzas armadas como arrojado frente a las costas del puerto de San Antonio, pero su cuerpo fue hallado a más de 120 kilómetros de allí, en un recinto militar al norte de Santiago.