Las 17 horas del "tejerazo", el último golpe en España

La situación política en febrero de 1981 tenía todos los componentes de un caldo de cultivo para un posible golpe de Estado. Los partidos políticos españoles estaban inmersos en disputas internas y luchas de poder que dejaban al país en una cierta situación de parálisis legislativa y administrativa.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se dividía entre aquellos que promulgaban, no ya un distanciamiento, sino la negación del marxismo y los que abogaban por continuar en esta línea. Por su parte, el Partido Comunista Español y el Partido Socialista Unificado de Cataluña estaban enfrascados en una lucha interna entre los pro soviéticos y los catalanes que defendían posturas más alejadas de las directrices de Moscú. Lo cierto es que esta lucha, en teoría ideológica, tenía su origen en aspiraciones personales de liderazgo en esa porción de la izquierda.

Sin embargo, los enfrentamientos más virulentos tenían lugar en el seno de la Unión de Centro Democrático (UCD), al frente del gobierno en ese momento, lo que era más preocupante. A diferencia de socialistas y comunistas, partidos ya antiguos, UCD era un partido, creado posdictadura para las primeras elecciones democráticas.

Las filas del partido y el gobierno se componían de antiguos políticos y dirigentes procedentes de la dictadura, dividididos entre sectores conservadores y otros más cercanos a las posturas socialistas.

Esta división ideológica se hacía patente a la hora de consensuar leyes progresistas, como la Ley de Autonomías o la Ley del Divorcio, que pusieron de manifiesto los desacuerdos en el seno del partido. Los españoles castigaban en las urnas los disensos en UCD, que perdía su preponderancia política en las elecciones municipales y autonómicas a favor del PSOE que comenzaba a crecer. Por si no era suficiente, el terrorismo etarra o el ultraizquierdista se empeñaba en acentuar la crisis con una escalada de violencia, traducida en asesinatos y secuestros que indirectamente favorecían al estamento militar nostálgico de viejas épocas franquistas.

Ante esta situación, los golpistas hacen planes. El 23 de enero de 1981 se reúnen en Madrid 17 generales. Seis días después, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, dimite de su cargo. El germen para una intentona golpista está sembrado.

«Operación jaula»

Toda la acción del golpe de Estado del 23 de febrero se concentró en 17 horas llenas de tensión. El golpe empezó a las 16.20 horas con la llamada «operación jaula»: con la excusa de vigilar una supuesta red de comercio ilegal, 20 guardias civiles con coches camuflados cerraron las principales calles de acceso al Congreso, con el objetivo de facilitar la entrada de las tropas de Antonio Tejero en éste. La orden la dio el teniente Suárez Alonso, por entonces jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Con todo a punto, a las 18.23 horas de la misma tarde, Tejero entra al mando de una fuerza armada de 200 hombres en el Congreso de los Diputados, aprovechando la sesión plenaria que se estaba celebrando con motivo de la investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno, tras la dimisión de Suárez.

El militar declaró paralizada la sesión y secuestró a sus parlamentarios. Se trataba, en efecto, de un golpe de Estado que, además, estaba siendo retransmitido en directo en toda España por televisión y radio.

Sin embargo, Tejero no estaba solo. A las 19.20 horas, el teniente general José Gabeiras ordena la comunicación de las instrucciones a todos los jefes y oficiales de las divisiones militares repartidas por el país. Las capitanías reaccionaron de forma desigual.

El rey Juan Carlos I, ajeno al golpe a pesar de que Tejero decía actuar «en nombre del rey», se encargó de asegurarse la lealtad de las capitanías generales. Aunque los informes de la época difieren acerca del número de capitanías que se pusieron a las órdenes del monarca desde un primer momento. Sólo la III en la provincia de Valencia, controlada por Milans del Bosch, se sumó al golpe y sacó las unidades acorazadas a la calle. Milans fue avisado por Ricardo Pardo Zancada, que un día antes de que el golpe tuviera lugar, se trasladó a Valencia para informarle de la operación.

El tercer frente, al margen de la acción, lo protagonizó Alfonso Armada, quien sería el nuevo presidente en caso de que el golpe surtiese efecto. Tanto en la sentencia sobre el caso como en la opinión de los historiadores se percibe un hecho claro: la desunión de los tres frentes era tan grande que se puede hablar de tres golpes por separado.

Faltaba un mensaje real a la nación, y a los propios insurrectos.

Fue difícil hacer llegar una unidad móvil a la Zarzuela, puesto que los medios de comunicación estaban tomados. Finalmente, a la 1.15 horas de la madrugada del 24 de febrero, el rey se dirigió a la nación. El efecto fue definitivo. Milans del Bosch se declaró en rebeldía hasta las cuatro de la mañana, cuando retiró el toque de queda y los tanques.

Tejero habló con el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, que le comunicó que la acción golpista había sido abortada en el exterior. Luego firmó su rendición, saliendo de la Cámara a las 12 del mediodía del 24 de febrero. Todo había terminado.

Después del golpe Quizás, era de esperar que, después del 23-F, los partidos políticos abandonaran las luchas internas en las que estaban inmersos y trabajaran para afianzar la democracia en un momento especialmente delicado. Sin embargo, no fue así.

Con el tiempo, la división en sus filas acabó con la Unión de Centro Democrático (UCD). Finiquitada la opción política de centro, el Centro Democrático Social (CDS) no supo ocupar este vacío ideológico, abriendo el paso al Partido Popular. Respecto al Partido Comunista Español (PCE), algunos de sus antiguos miembros han reconocido que las luchas internas consiguieron lo que el franquismo no consiguió nunca: acabar con el partido. Con el desmembramiento del comunismo, este sector de la izquierda ha perdido un espacio que no ha conseguido recuperar entre el electorado español. Abandonadas las tesis marxistas y con la adopción de posturas menos radicales, el socialismo salió airoso de su crisis y ganó las elecciones generales de 1982. El desgaste de sus líderes, pero los escándalos políticos permitieron que el Partido Popular se hiciera con el poder.

Veinte años después, la consecuencia más importante de la intentona golpista del 23-F, probablemente, sea la demostración, serena y firme, de la sociedad española de consolidar la democracia. Después del intento de golpe de Estado, la mayor parte de los españoles se lanzaron a la calle reclamando, exigiendo cauces democráticos para su futuro político. Incluso la Iglesia, tradicionalmente ligada a los sectores más conservadores, se proclamó abiertamente a favor de la democracia.

Algunos analistas coinciden en destacar que el golpe de Estado no prosperó gracias al papel jugado por el rey Juan Carlos, al colocarse del lado de la Constitución y de la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. Los militares se alinearon con el rey, a excepción, claro está, de los rebeldes golpistas, que quedaron aislados. Hasta el 23 de febrero de 1981, el riesgo golpista era una realidad.

¿Quién fue el cerebro?

La primera de esas interrogantes es ¿quién fue el cerebro del intento de golpe de Estado? Una de las pocas cosas en que todos parecen estar de acuerdo es que hubo tres golpes: el de Tejero en el Congreso de los Diputados, el de Milans del Bosch en la provincia de Valencia, sacando los tanques a la calle y esperando que se unieran otras capi
tanías generales, y el de Armada, actuando en «nombre del rey» y atribuyéndole a él la organización, además de pretender ser presidente de un gobierno cívico militar. Lo que no queda determinado es cuál de ellos pudo ser el cerebro, si es que lo fue alguno.

Otro punto sin aclarar es la posible participación de civiles en la organización del golpe. De los 33 procesados por la intentona, 30 fueron condenados y tan sólo uno era civil. Se trata de García Carrés, un conocido franquista que ayudó a Tejero a comprar los autocares en que se trasladaron los sublevados y que actuó como enlace entre ellos. Hay quien afirma que no participaron civiles. Sin embargo, se han barajado muchos nombres por su posible colaboración en la organización y financiación del golpe, pero no se ha probado nada.

Lo que realmente ocurrió en las distintas capitanías generales también es un enigma. Mientras algunos afirman que ningún capitán general se sumó al intento de golpe y que se alinearon junto al rey en defensa de la legalidad establecida, lo cierto es que esta versión cambia según diversas investigaciones. Es cierto que, desde el primer momento, algunos capitanes generales se pusieron a disposición del rey. En cambio, parece que otros estaban de acuerdo con la intentona golpista, aunque prefirieron esperar a ver cómo se desarrollaban los hechos.

Por último, también hay dudas respecto al grado de implicancia del aparato de inteligencia, el Cesid, en los acontecimientos. Unos opinan que todo fue un plan elaborado por los servicios de inteligencia. Sin llegar a este extremo, algunos opinan que el Cesid participó en la trama golpista. No obstante, no se ha podido probar la implicación del Cesid en lo ocurrido el 23-F.

Según un historiador, Gabriel Cardona, el instructor del proceso, general García Escudero, informó que eran nada menos que cuatro mil los militares que debían ser imputados. El gobierno decidió llevar a juicio a 33 militares y civiles, de los que se condenó a 30. En realidad, en el movimiento subversivo del 23 de febrero se agitaban tres corrientes que eran contradictorias entre sí. Tejero quería una salida radical, sangrienta, «a la Pinochet». Una Junta Militar se iba a hacer cargo del poder, de disolver los partidos y el Congreso, y a ejercer una represión feroz. El general Millans del Bosh deseaba liquidar la democracia parlamentaria pero con el rey al frente del Estado.

El teniente general Alfonso Armada Comyn, que había sido preceptor del rey, quería encabezar una solución política «a la De Gaulle» en que sería investido como jefe de un gobierno de salvación apoyado por el Parlamento.

Veinte años después, las conjeturas sobre esos episodios continúan.